Preocupación fue la que manifestó el Partido Socialista de Chile por la polémica que envuelve a la Tesorería General de la República (TGR), organismo que inició un proceso de cobro a través de embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el cual afecta a quienes no hayan regularizado su situación.
La medida que se enmarca en un proceso iniciado el pasado 4 de junio por la institución financiera que busca perseguir las deudas morosas asociadas al beneficio estudiantil -permitiéndole así embargar bienes raíces de quienes no hayan regularizado su situación tras los procesos de notificación y cobranza-, también generó polémica luego de que usuarios en redes sociales denunciaron haberse quedado sin dinero en sus cuentas bancarias.
Ante ello, la oposición no dejó pasar los hechos y cuestionó el accionar del organismo público. Si en un principio fue la bancada del Frente Amplio (FA) la cual presentó un oficio a la TGR, ahora es el Partido Socialista (PS) el que, a través de una declaración pública, llamó al Gobierno a revisar las medidas.
"El Partido Socialista de Chile expresa su preocupación y rechazo frente a las recientes acciones impulsadas por la Tesorería General de la República para el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), las que, atendiendo requerimientos del Ministerio de Hacienda, han significado incluso el vaciamiento de cuentas bancarias de deudores y deudoras inmediatamente después de recibir sus remuneraciones", se extrae del escrito.
"Si bien sostenemos que las obligaciones financieras deben cumplirse y que las deudas contraídas deben ser pagadas, ello no puede realizarse a costa de vulnerar las condiciones mínimas de subsistencia de las personas y sus familias. Ninguna política de cobranza del Estado puede desentenderse de principios elementales de dignidad, proporcionalidad y justicia social", añaden en la declaración, difundida en las redes sociales de la colectividad.
Para el PS, "resulta especialmente preocupante la severidad con que se actúa contra trabajadores y trabajadoras que enfrentan dificultades económicas, mientras que en otros ámbitos hemos visto resistencia para avanzar en herramientas fundamentales para combatir delitos económicos de gran escala, como el levantamiento del secreto bancario, o silencio frente a graves casos de colusión que perjudicaron a millones de chilenas y chilenos, como los ocurridos en los mercados de las farmacias y de los productores de pollo".
Ante ello, el partido declaró que "el Estado debe ejercer sus facultades con sentido de justicia y no transformarse en un agente expropiatorio, que profundice la precariedad de quienes ya enfrentan complejas situaciones económicas".
"Por ello, hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes a revisar estas medidas, resguardar ingresos indispensables para la vida de las familias y avanzar en soluciones justas y definitivas para quienes mantienen deudas asociadas al CAE y en concordancia a las normas legales vigentes, tal como se ha pronunciado la Corte Suprema en relación a este modo de actuar de la TGR", cierra el texto.
