En medio de los antecedentes revelados por la denominada Operación Tokio, el diputado Jaime Mulet (FRVS) ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados una solicitud para conformar una Comisión Especial Investigadora, con el objetivo de esclarecer las eventuales responsabilidades institucionales y privadas en el caso.
La iniciativa surge luego de que las policías y la Fiscalía dieran cuenta del lavado de cerca de US$80 millones, recursos que habrían sido utilizados para financiar redes de crimen organizado transnacional y en cuya operatoria estarían involucrados al menos dos ejecutivos bancarios.
Frente a este escenario, el parlamentario enfatizó la gravedad de los hechos. "Esto es muy grave. Son más de US$80 millones lavados en ese banco y en otras instituciones financieras", sostuvo.
En el documento presentado, Mulet plantea que "debe responder la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los órganos del Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, obviamente, la asociación de bancos porque realmente no asumen ninguna responsabilidad en una operación internacional de lavado de esta magnitud".
Asimismo, adelantó que "vamos a ver qué pasa con los órganos de la administración del Estado, pero también vamos a invitar a la banca, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF)".
El legislador explicó que el objetivo de la comisión será determinar eventuales fallas en los sistemas de control y proponer medidas correctivas. "Saber la verdad para que esto no se repita, y proponer los cambios legales que sean necesarios y las sanciones para evitar este tipo de situaciones tan graves en el país", señaló.
De acuerdo con los antecedentes recopilados hasta ahora, el mecanismo utilizado por las redes investigadas correspondería al denominado "pitufeo", estrategia que consiste en fraccionar operaciones financieras para evadir controles. Según el escrito, este sistema se basa en la realización de múltiples depósitos y transferencias entre distintas cuentas, con el fin de disminuir alertas, dificultar el rastreo del origen de los fondos y facilitar su posterior envío al extranjero o conversión en criptoactivos.
En esa línea, el diputado advirtió que estos antecedentes obligan a revisar la eficacia de los mecanismos de control existentes. "Este mecanismo obliga a fiscalizar si los sistemas de monitoreo, reporte, auditoría interna, debida diligencia y control de funcionarios de las instituciones financieras fueron suficientes, y si tales mecanismos fueron oportuna y adecuadamente supervisados por los órganos estatales competentes", consignó.
Finalmente, Mulet advirtió que "la eventual participación de funcionarios o ejecutivos bancarios en entidades privadas y estatales evidencia una hipótesis particularmente grave para la seguridad económica del país, consistente en la búsqueda deliberada, por parte de organizaciones criminales transnacionales, de perfiles técnicos con conocimiento interno del sistema financiero, capaces de facilitar movimientos de dinero, justificar operaciones, eludir alertas, abrir o administrar cuentas, operar productos bancarios o contribuir a la pérdida de trazabilidad de fondos de origen ilícito".
