Las propuestas del Presidente José Antonio Kast para endurecer las medidas contra la inmigración irregular generaron reacciones inmediatas en el Congreso, luego de que el Mandatario anunciara desde la región de Arica y Parinacota el envío de dos proyectos de ley en la materia.
Durante su visita al complejo fronterizo de Chacalluta, el jefe de Estado planteó la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentar el fenómeno migratorio, lo que fue seguido con atención por parlamentarios de distintos sectores políticos.
"Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de sólo cinco días", señaló, anunciando que dicho plazo se ampliará hasta 60 días, con posibilidad de prórroga.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, la iniciativa contempla una reforma constitucional al artículo 19 N°7, estableciendo que "la ley deberá fijar un plazo de detención de entre cinco y sesenta días corridos, renovable hasta por dos períodos adicionales de sesenta días cada uno, debiendo cada renovación ordenarse de manera fundada".
Asimismo, el Mandatario abordó la persecución de redes vinculadas al traslado de migrantes irregulares, apuntando a reforzar sanciones en esa línea. "Nosotros tenemos sancionado lo que es la entrada de migrantes irregulares. También queremos sancionar las salidas. Pero más importante que eso, también ir detrás de aquellos que trasladan a los migrantes irregulares. Eso lo hemos señalado de manera reiterada", sostuvo.
Reacciones del oficialismo
Desde el oficialismo y la oposición surgieron diversas lecturas respecto de las medidas anunciadas.
El diputado Álvaro Carter (Republicanos) respaldó la iniciativa, señalando que "el Presidente Kast está cumpliendo con el mandato de recuperar la seguridad y orden en el país, por lo que respaldamos con total firmeza los anuncios en el norte. Pasar de 5 a 60 días de retención para los expulsados y perseguir penalmente a quienes faciliten traslados de inmigrantes son medidas de sentido común que el país exigía hace años. Al crimen organizado y a la inmigración ilegal se les combate con todo el rigor de la ley, sin complejos ni titubeos. No podemos seguir permitiendo que nuestras fronteras sean un colador para las bandas criminales".
En la misma línea, el diputado Mauro González (RN) indicó que "nuestro país enfrenta dificultades para practicar las expulsiones administrativas de extranjeros que han ingresado ilegalmente al territorio o deben ser expulsados por haber cometido un delito, y es que el proceso administrativo de expulsión se tramita con ellos en libertad por lo que una vez que la orden existe deben ser ubicados y detenidos".
"Actualmente existe un plazo de 5 días para su detención transitoria hasta el momento de la expulsión, el que claramente es insuficiente cuando hablamos de la necesidad de organizar vuelos masivos chárter en que cada extranjero va además acompañado de dos detectives", continuó.
En esa línea, el parlamentario señaló que "es importante y está en un buen sentido ampliar dicho plazo, porque hoy es materialmente insuficiente, y valoro que el Presidente anuncie una modificación legal en la materia. Durante el trámite legislativo deberemos encontrar cuál es el plazo suficiente para practicar las expulsiones, escuchando a las instituciones pertinentes, pero es una medida que protege la Política Migratoria y la seguridad de Chile".
Por su parte, el diputado Tomás Kast (Evópoli) también respaldó el anuncio, subrayando que "valoramos el anuncio del Presidente Kast porque entendemos que para resguardar los derechos de todos los habitantes del país es imperativo recuperar la soberanía y el orden en las fronteras. Elevar el plazo de retención a 60 días otorga al Estado una herramienta real y eficiente, terminando con la impunidad administrativa que la delincuencia aprovecha a diario".
"La migración desordenada mutó en la puerta de entrada para bandas delictuales transnacionales, por ende, perfeccionar el Código Penal para castigar el traslado interno de personas indocumentadas no es solo un acto de justicia, sino un golpe directo a la logística del crimen organizado. Legislaremos con sentido de urgencia en el Congreso", cerró.
Desde el Partido de la Gente, el diputado Javier Olivares apuntó a la necesidad de recuperar el control fronterizo. "El Gobierno está haciendo lo que debió hacerse hace muchos años. Durante demasiado tiempo se intentó quedar bien con todos y el resultado fue una crisis migratoria que terminó afectando la seguridad, los servicios públicos y la calidad de vida de los chilenos".
"Hoy vemos señales concretas para recuperar el control de nuestras fronteras, acelerar las expulsiones y combatir a los ilegales. Chile necesita orden, decisión y autoridad. Quien ingrese de manera ilegal debe saber que ya no podrá permanecer indefinidamente en nuestro país. Lo sacaremos", agregó.
Desde la oposición
En contraste, desde la oposición surgieron cuestionamientos respecto a la implementación de las medidas. El diputado Marcos Barraza (PC) advirtió que "la migración irregular es un problema serio y el Estado tiene que actuar. Lo que preocupa es que el Presidente Kast vuelva a anunciar medidas sin explicar cómo se van a implementar, cuánto van a costar y, sobre todo, cuáles son los resultados concretos que espera obtener. Toda política pública debe evaluarse por su eficacia".
"Si se aumentan los plazos de retención, se crean nuevas obligaciones o se amplían facultades del Estado, corresponde saber qué problema específico se busca resolver, qué incentivos se están generando y cómo se va a medir su impacto. Gobernar no es solo anunciar medidas; es asegurar que puedan ejecutarse y producir resultados verificables", agregó.
En tanto, el diputado Jorge Brito (FA) vinculó el debate migratorio con otras prioridades y cuestionó el enfoque del Ejecutivo. "Nos preocupa el norte, pero también nos preocupan los hospitales que tenemos en nuestras propias comunas en crisis hospitalaria agravada, producto de los recortes sociales del ministro Quiroz y el presidente Kast. Vamos a analizar el mérito de cada uno de estos proyectos de ley, pero basta con levantar el secreto bancario para poder también desbaratar estas bandas de crimen organizado que le dan sustento a la entrada y salida irregular de inmigrantes del país".
"En vez de estar parados en la frontera, también necesitamos fortalecer la inteligencia. Y es ahí donde el gobierno está al debe y no comprende cómo hoy está del bando del Tren de Aragua al oponerse al levantamiento del secreto bancario", cerró.
En esa línea, su compañera de bancada, la diputada Tatiana Urrutia (FA) sostuvo que "esperamos conocer el texto del proyecto que firmó el Gobierno, porque una reforma de esta naturaleza requiere una discusión profunda. Por ejemplo, si se va a priorizar la retención de personas migrantes que han cometido delitos que dañan a la sociedad, o si terminarán poniendo en el mismo saco a quienes delinquen y a quienes, estando en situación irregular, trabajan y aportan al país. A estos últimos hay que regularizarlos, precisamente para que el Estado deje de estar a ciegas".
"Si además el Gobierno insiste en declarar el ingreso irregular como delito, entonces tiene que responder preguntas básicas: ¿dónde se ejecutará esta retención?, ¿en qué condiciones?, ¿con qué recursos? La experiencia comparada muestra que estas medidas, cuando se aplican de forma masiva e indiscriminada, generan graves problemas humanitarios y psicosociales de los que finalmente también debe hacerse cargo el Estado. Chile necesita orden migratorio y control fronterizo, pero también seriedad", continuó.
La parlamentaria cerró manifestando que "si esta propuesta y aquella que busca sancionar traslados irregulares dentro del país apuntan a perseguir a delincuentes y a quienes trafican con personas, tienen nuestros votos. Pero si lo que buscan es transformar toda irregularidad migratoria en sospecha penal, entonces más que una solución estamos frente a un titular duro, con consecuencias muy complejas".
