Una trabajadora externa que prestó servicios entre enero de 2023 y junio de 2026. Esos fueron los antecedentes aportados este lunes por BancoEstado en relación a la funcionaria que fue formalizada ayer domingo tras ser detenida en el marco de la Operación Tokio, que investiga lavado de activos de una célula del Tren de Aragua.
A través de un comunicado, la entidad bancaria señaló que el pasado 5 de junio fueron notificados de una investigación que lidera el Ministerio Público y las policías.
"Se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas para el periodo comprendido entre mayo del 2025 y hasta la fecha del último movimiento actualizado", consignó BancoEstado.
"Esta diligencia se ejecutó de manera inmediata", subrayó la empresa.
En esa investigación, figura una mujer que prestaba servicios para la entidad. "La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026".
En esa línea, afirmaron que "bloqueó todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil. Asimismo, la institución se encuentra colaborando de manera activa y transparente con el Ministerio Público, entregando toda la información y antecedentes que sean requeridos para el correcto desarrollo de la investigación.
"Los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada, por cuanto los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal. Esta situación está siendo abordada con toda la urgencia y responsabilidad que exige la confianza que millones de chilenas y chilenos depositan en BancoEstado cada día", manifestaron.
A lo anterior, se abrió una auditoría interna "exhaustiva" con el fin de revisar en detalle los procesos involucrados, identificar mejoras y determinar posibles responsabilidades adicionales. "Esta auditoría no es un trámite formal; es un compromiso real con la transparencia, en aras a contribuir al Plan Operativo de Seguridad Público 2026-2030, que busca reducir los delitos de alta connotación social y combatir el crimen organizado", cerraron.
