El Ejecutivo ingresó este lunes al Congreso dos proyectos de ley con suma urgencia para enfrentar la inmigración irregular, fijando así un plazo de 15 días de tramitación en cada Cámara.
La presentación se da en medio de la gira por el norte del país del Presidente José Antonio Kast, instancia en la que había adelantado una serie de medidas en esta materia.
Ambas iniciativas comenzarán su tramitación en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que deberá analizar el contenido de las propuestas antes de su paso a Sala, en un debate que el Gobierno busca acelerar.
En qué consisten los proyectos
Uno de los proyectos apunta a modificar el Código Penal para endurecer las sanciones asociadas al tráfico de migrantes.
En particular, amplía el alcance del delito, incorporando penas para quienes, dentro del territorio nacional, "recluten, transporten o trasladen a personas que no sean nacionales o residentes en condición migratoria irregular", así como para quienes faciliten este tipo de operaciones. Además, establece sanciones agravadas en caso de participación de funcionarios públicos
En paralelo al proyecto que endurece las sanciones contra el tráfico de migrantes, el Ejecutivo ingresó una reforma constitucional que busca ampliar los plazos de detención de personas extranjeras con orden de expulsión, con el objetivo de asegurar la ejecución efectiva de estas medidas.
La iniciativa apunta a modificar el artículo 19 N°7 de la Constitución, aumentando el margen dentro del cual la ley podrá fijar el tiempo máximo de detención. Actualmente, este plazo está acotado, lo que -según el Gobierno- dificulta concretar los procesos administrativos necesarios para materializar las expulsiones.
Con la reforma, se establece que el plazo de detención no podrá ser inferior a cinco días ni superior a sesenta días corridos, el que podrá renovarse hasta por dos períodos adicionales de sesenta días cada uno. Estas prórrogas deberán ser fundadas y estarán sujetas a mecanismos de impugnación judicial.
Asimismo, el proyecto incorpora una disposición transitoria que fija un plazo de seis meses para que el Presidente de la República ingrese una iniciativa que adecúe la actual Ley de Migración y Extranjería a los cambios propuestos en la Constitución.
