En medio de los embargos de cuentas bancarias realizados por la Tesorería General de la República (TGR), diputadas y diputados del Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Frente Amplio (FA) y Partido de la Gente (PDG) anunciaron el ingreso de un proyecto de ley que busca resguardar la inembargabilidad de las remuneraciones de los trabajadores.
La iniciativa, la cual lleva por nombre "Sueldos Protegidos", surge tras denuncias de personas afectadas, quienes aseguran que, producto de acciones de cobranza vinculadas principalmente a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) y otros créditos estudiantiles, sus cuentas corrientes y de ahorro habrían quedado sin fondos, afectando directamente su sustento mensual.
El proyecto apunta a modificar el Código del Trabajo para establecer de manera expresa que la protección de las remuneraciones se mantenga incluso después de ser depositadas en cuentas bancarias. Según los impulsores, actualmente existe un vacío legal que permite que, una vez ingresado el dinero al sistema financiero, pierda su carácter de remuneración y pueda ser embargado en su totalidad, lo que en la práctica desvirtúa la garantía de subsistencia que protege la ley.
En ese sentido, la propuesta busca impedir que mecanismos administrativos de cobranza -especialmente aquellos ejecutados por la TGR- vulneren el principio de inembargabilidad consagrado en el artículo 57 del Código del Trabajo, asegurando que los sueldos mantengan su carácter jurídico sin importar el medio de pago.
Asimismo, los parlamentarios sostienen que las actuales prácticas de cobro podrían afectar el debido proceso, al utilizar vías administrativas rápidas que dificultan la defensa de los deudores, como la posibilidad de alegar prescripción o errores en la deuda.
Por ello, la iniciativa también busca reforzar la protección constitucional de los trabajadores, resguardando su derecho a la subsistencia y evitando que el cobro de deudas derive en una pérdida total de liquidez para los hogares.
Al respecto, la diputada Daniela Serrano (PC) indicó que "es importante hacer ver que el ministro Quiroz, este gobierno, son los responsables de que la tesorería general de la república esté embargando sueldos de deudores del CAE. El ministro Quiroz no ha sido capaz de sostener que aquellas personas que ganan menos de 3.500.000 de pesos no hayan sido embargadas, es decir, se aplicaron un vaciamiento de las cuentas bancarias a familias chilenas que en estos momentos no tienen seguridad de cómo llegar a fin de mes".
Mientras que la diputada Emilia Schneider (FA) señaló que "la solución definitiva no es endurecer el CAE. La solución real al problema que viven las familias chilenas y de recaudación fiscal es terminar con estos créditos por estudiar, es condonar estas deudas y garantizar un mecanismo justo que vele por el derecho a la educación".
