Este lunes se presentó la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, la cual fue firmada por 12 diputados de oficialismo.
Mediante un documento de cuatro capítulos, el libelo asegura que durante la gestión de Grau se habrían vulnerado deberes constitucionales y legales vinculados a la conducción de las finanzas públicas, particularmente en la elaboración y presentación de proyecciones fiscales.
De acuerdo con el libelo, el exsecretario de Estado -en su calidad de jefe superior del Ministerio de Hacienda- tenía la responsabilidad directa de dirigir, coordinar y supervisar la administración financiera del Estado, lo que incluye velar por la consistencia de las proyecciones fiscales, la adecuada contabilización del gasto público y la integridad de la información oficial.
En ese contexto, se le atribuye una eventual infracción a normas como la Ley de Administración Financiera del Estado, el principio de probidad administrativa consagrado en la Constitución y el deber de transparencia en la gestión pública.
Uno de los ejes centrales de la acusación apunta a inconsistencias entre las proyecciones de déficit fiscal y el nivel de deuda pública, las que -según los acusadores- no habrían sido debidamente explicadas.
En esa línea, se menciona un desfase superior a los US$10.000 millones en las estimaciones, además de omisiones en compromisos de gasto y subestimaciones en variables clave como el crecimiento del PIB, lo que habría impactado en el cálculo del balance estructural.
El documento también sostiene que existieron advertencias técnicas previas, formales y reiteradas por parte de organismos especializados -como el Consejo Fiscal Autónomo- respecto de estas materias, las cuales recaían directamente en ámbitos bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, se afirma que no se adoptaron medidas suficientes para corregir dichas observaciones, lo que habría derivado en inconsistencias y omisiones en la información fiscal.
Asimismo, el libelo subraya que la existencia de asesoría técnica o la participación de organismos como la Dipres no exime de responsabilidad al ministro, dado que la conducción superior del sistema financiero del Estado recae en su autoridad.
En ese sentido, se plantea que la acusación no busca cuestionar decisiones de política económica, sino determinar si hubo un incumplimiento de deberes constitucionales y legales en materias esenciales para la fe pública y la credibilidad financiera del país.
Finalmente, el texto concluye asegurando que la gravedad de los hechos debe evaluarse considerando la posición institucional del acusado y el estándar exigente que implica su cargo.
