El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las denuncias que han circulado por embargos de cuentas bancarias en el marco del proceso de cobro que está ejecutando la Tesorería General de la República, a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La acción, ordenada por Hacienda, va dirigida a deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales. Sin embargo, el hecho de que trascendiera el embargo a personas con menor remuneración, abrió preocupación en el oficialismo.
En Radio Infinita, Squella partió por acusar que "esto es consecuencia de una irresponsabilidad de años de autoridades pasadas que estuvieron permanentemente diciendo que se iba a condonar el CAE, que no había que pagarlo, haciendo llamados casi explícitos a que dejaran de pagar. Era realmente insólito. Ahí sí que hay una irresponsabilidad gigante".
Como segundo punto, indicó que "del punto de vista legal, lo hemos estudiado en profundidad y no hay cuestionamiento. O sea, opera digamos una subrogación desde el momento en que el Estado era aval, el fisco persigue el pago de la deuda, en buena hora porque eso es en beneficio de todos los chilenos, y ahí llegamos a la atribución que tiene la Tesorería de tener una deuda para con el fisco como una especie de titulo ejecutivo en sí mismo y eso es lo que se está haciendo".
Ahora bien, reparó que "el gobierno tomó la precaución, o Tesorería, de hacer ese embargo, en personas que tienen ingresos que superan los 5 millones o los 3 millones y medio, cosa que me parece bastante razonable. Hemos sabido y ayer se planteó que pueden haber casos entremedio de situaciones distintas y quedaron en Hacienda de profundizar el análisis para que no vaya a afectar a personas que estén en otra condición".
Dicho eso, Squella reconoció que "a todos nos ha llamado la atención la atribución de Tesorería", Por tanto, indicó que "si es que hay personas escandalizadas con esta atribución, yo los invito a que nos juntemos ahora mismo, hoy día, en el Congreso Nacional, a estudiar cómo derogamos esa atribución que a mi juicio está sobredimensionada por parte de un organismo público".
Con el fin de "tener condiciones de estabilidad y certeza desde el punto de vista jurídico", el senador consideró que "no sería malo de que siempre interviniera un juez a la hora de embargar, pero en condiciones en las que estamos, por supuesto que es lo que corresponde es salir a a recaudar".
"Lo que le corresponde al Estado es efectivamente pagar, si no puede ser que cuando se le debe al Estado, simplemente opere el espíritu Santo, la persona que se le ocurrió un día que quizás tal vez tenía que pagar, sean los únicos que pagan", reprochó.
Así las cosas, reiteró que "la atribución a mi en lo personal, o más bien un controversia desde el punto de vista de que ¿Será correcto que la tenga o no? Nadie está discutiendo la legalidad, eso es cierto, claro indiscutible, pero si es que hay parlamentarios que están escandalizados, los invitos a que estudiemos cambiar esa atribución y hacerla más en línea con las reglas generales del juego".
