Las declaraciones del abogado Patricio Zapata, quien asumió la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau en la acusación constitucional en su contra, generaron inmediatas reacciones en el Congreso, con parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición saliendo a responder sus cuestionamientos al libelo.
En entrevista con Tele13 Radio, Zapata afirmó que la acusación "no logra mostrar ninguna infracción constitucional ni legal" y advirtió sobre un eventual "parlamentarismo de facto", lo que desató críticas desde distintos sectores políticos.
El abogado acusó la existencia de un "parlamentarismo de facto, es decir, discusiones técnicas, complejas, las llevamos a una discusión política donde la verdad de las cosas uno no observa una preocupación por la institución que está detrás. El Ministerio de Hacienda hay que cuidarlo".
Cabe recordar que el parlamentarismo de facto se refiere a un escenario en que el Congreso se salta sus atribuciones e impone su poder al Ejecutivo, condicionando la acción del Gobierno democráticamente elegido.
El concepto fue acuñado en primera instancia por el exsenador Jaime Quintana (PPD), quien en 2020, post estallido social, aseguró: "Si Piñera quiere seguir gobernando debe pasar a segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto".
Reacciones desde el oficialismo
Desde el oficialismo, el diputado republicano Álvaro Carter cuestionó duramente los dichos del abogado, señalando que "tratar de parlamentarismo de facto la presentación de esta acusación es una falta de respeto a la institucionalidad vigente. Las declaraciones de Zapata son bien lamentables, ya que si hubo un sector político que no respetó la constitución y trató de gobernar a nuestro país por medio de un parlamentarismos de facto fue al que él está defendiendo hoy, por lo tanto no pueden ser tan patudos, demuestra que no tienen vergüenza alguna".
"Los diputados estamos cumpliendo con nuestro deber constitucional ante una gestión económica deficiente. El ministro Grau tiene una clara responsabilidad política en el origen y la profundización del déficit fiscal que hoy limita los recursos del país. El blindaje político a través de descalificaciones a las facultades del Congreso no borra las cifras en rojo que su administración le está dejando a Chile", sostuvo.
En la misma línea, el diputado Francisco Orrego (RN) indicó que "calificar el uso de una herramienta constitucional como un parlamentarismo de facto es un profundo error conceptual y una falta de respeto a las atribuciones de este Congreso. Los diputados no estamos jugando a la política, estamos ejerciendo un mandato fiscalizador que la propia Constitución nos otorga. El ministro Grau no puede pretender blindarse tras tecnicismos jurídicos cuando el país entero sufre las consecuencias de un déficit fiscal descontrolado. Aquí hay una evidente responsabilidad política por la conducción económica y no vamos a renunciar a nuestra obligación de exigir rendición de cuentas".
Por su parte, el diputado independiente Roberto Arroyo también rechazó los planteamientos del defensor, sosteniendo que "rechazo tajantemente que se intente caricaturizar la fiscalización parlamentaria como un golpe institucional. La acusación constitucional es un contrapeso legítimo y democrático. El país atraviesa una crisis fiscal gravísima que golpea directamente el bolsillo de los chilenos, y las decisiones del ministro Grau nos han conducido a este escenario. Hablar de parlamento de facto es solo una cortina de humo para evadir la evidente responsabilidad política y económica que la cartera de Hacienda debe asumir ante la ciudadanía y este poder del Estado".
Mientras que desde el Partido de la Gente, el
diputado Patricio Briones manifestó que "es inaceptable que la defensa del ministro intente deslegitimar una facultad que la ley nos confiere explícitamente a los parlamentarios. No hay ningún exceso aquí, solo el ejercicio riguroso de nuestro rol fiscalizador ante un déficit presupuestario que compromete la estabilidad económica de la nación. El ministro Grau es el jefe político de la billetera pública y debe responder por la gestión que nos trajo a esta crisis. Confundir la fiscalización con un quiebre de la institucionalidad es una defensa débil que no se hace cargo del fondo del problema".
Oposición
Desde la oposición, en tanto, hubo respaldos a la postura de Zapata y cuestionamientos a la acusación. El diputado Carlos Bianchi (IND-PPD) sostuvo que "esto (Zapata) lo ha dicho muchas veces. Por lo tanto, él tendrá que defender lo que tenga que defender y nosotros tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer".
El diputado Álvaro Ortiz (DC), en tanto, relativizó el tono de la defensa, indicando que "él está defendiendo a la ex ministro Grau en esa condición como abogado y por lo tanto hace esa opinión desde ese ámbito y me imagino que es parte de la estrategia de la defensa también".
Más crítica con la acusación fue la diputada del Frente Amplio Constanza Schönhaut, quien afirmó que "esas declaraciones van precisamente en lo que aquí se ha planteado. Cuando se utilizan las herramientas constitucionales con fines políticos, no se está respetando la institucionalidad que en Chile tenemos. Por eso las acusaciones constitucionales tienen que tener un fundamento jurídico, un fundamento constitucional que hoy día no se cumple. Estamos hablando de la 10º acusación constitucional que surge de los partidos más radicales que hoy día conforman el oficialismo. 9 de ellas ya han fracasado, precisamente porque se han utilizado con fines que no corresponden".
En esa línea, agregó que "por eso mismo, llamo a que cuidemos la institucionalidad fiscal, la institucionalidad democrática, y finalmente la convivencia que hoy día permite tener un país que hacia los inversionistas extranjeros es sólido. Y también quiero hacer un llamado al presidente Kast a que se pronuncie sobre esto, porque esto no es menor. Las acusaciones que se han hecho de su sector, de su partido, no son menores, Y es momento de que el gobierno se pronuncie de si quiere cuidar la institucionalidad y mantener un diálogo democrático y confiable hacia adelante, o si va a persistir en mantener un silencio cómplice para algo que no tiene, de nuevo, ni fundamento técnico ni jurídico ni constitucional".
Desde el PS, en tanto, el diputado Nelson Venegas apuntó directamente al Ejecutivo, indicando que "lo más grave y lo más complejo, que más allá del tema de la formalidad propiamente tal, esto es una cuestión de interpretaciones políticas. No es algo jurídicamente controversial. Y por lo tanto, significa la banalización de un instrumento institucional donde ellos no son capaces de darse cuenta que son quienes gobiernan y por lo tanto las acusaciones constitucionales hoy día van a empezar a operar contra los ministros de este gobierno".
Asimismo, advirtió que "y si ellos han banalizado y han flexibilizado y han hecho caer y bajar los estándares de cómo se tiene que tramitar una acusación constitucional, lo único que están logrando es que en el futuro esto se va a llenar de acusaciones constitucionales y eso le hace mal a Chile, eso le hace mal a nuestra institucionalidad, le hace mal a nuestra seguridad y a nuestra certeza jurídico - institucional y quien está provocando esto, lamentablemente es quien dirige el país, que en vez de tranquilizarlo, lo único que está haciendo es polarizándolo".
