La Empresa Nacional del Petróleo (Enap), desvinculó ayer a ocho funcionarios de sus filas, tras detectarse una posible manipulación de datos de cumplimiento ambiental desde la Refinería Aconcagua, lo cual implicó la entrega de información errónea a la Superintendencia de Medio Ambiente. Ante lo cual la UDI activó una ofensiva fiscalizadora.
La estatal señaló que la situación fue alertada por la compañía en enero, activando desde ese momento y oportunamente los protocolos de escalamiento conforme a su gobierno corporativo. "La compañía puso los antecedentes correspondientes a disposición de las entidades competentes", precisó.
"La empresa realizó una evaluación interna y resolvió modificar y fortalecer su estructura, especialmente en el área de cumplimiento ambiental. Como parte de este proceso, la compañía desvinculó hoy a ocho personas", explicaron.
UDI activa ofensiva
Ante lo ocurrido, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez presidente de la comisión de Medio Ambiente y Ricardo Neumann, exigieron a la empresa informar si iniciaron acciones legales contra los responsables.
Los parlamentarios además acordaron citar a una sesión especial en la comisión de Medio Ambiente, a la que citarán tanto a los ejecutivos de la compañía como a las respectivas autoridades ambientales, sino que también acordaron oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para que pueda determinar si dichas inconsistencias pudieron haber tenido algún efecto en la salud de la población.
"La información dada a conocer por Enap reviste la máxima gravedad y exige que se esclarezcan todos los antecedentes a la brevedad posible, especialmente considerando que se trata de inconsistencias vinculadas directamente a emisiones en una zona altamente saturada, como son las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví", sostuvieron.
Con ello, plantearon que "más allá de si existió o no una manipulación de las cifras, que es lo que también debe ser aclarado, es fundamental entender que no estamos solo frente a un asunto administrativo, sino que ante una situación que podría haber impactado directamente en la salud de miles de personas, incluyendo a niños, estudiantes y trabajadores".
Los diputados también decidieron oficiar a la propia compañía, para que se pronuncie sobre las acciones legales que anunciaron en un principio, pero que no fueron mencionadas en su reciente declaración pública. De esta forma, calificaron como "indispensable" que se persigan las eventuales responsabilidades penales que pudieran existir, en caso de comprobarse efectivamente que sí existió una manipulación.
"Nos parece muy preocupante que se haya omitido una información que es clave para dar una señal clara de responsabilidad frente a estos hechos. Aquí no basta con realizar desvinculaciones. Si hubo conductas irregulares, como una eventual manipulación de datos, deben ser perseguidas con todo el rigor. Este tipo de situaciones no pueden quedar reducidas solamente a una sanción administrativa, especialmente si pusieron en riesgo la salud de la población", explicaron.
