Este martes la Sala del Senado deberá zanjar uno de los puntos más controvertidos del proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica: el eventual levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, en el marco de las herramientas para combatir el crimen organizado.
La iniciativa, ingresada en 2023, ha dividido a los sectores políticos. Mientras las bancadas de oposición Frente Amplio, PC, PS y PPD- empujan su aprobación como una medida clave para seguir la "ruta del dinero", desde el oficialismo y la derecha insisten en que el acceso a información bancaria debe mantenerse exclusivamente bajo autorización judicial.
El debate se reactivó luego de la sesión del miércoles pasado, donde la disposición que faculta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a requerir directamente antecedentes protegidos por secreto bancario fue sometida a votación en dos oportunidades, ambas con empate a 23 votos. Ante este escenario, la definición quedó pendiente para la sesión de este martes 9 de junio.
Para la votación de esta jornada se proyecta la presencia de 49 de los 50 senadores, debido a la ausencia de Matías Walker, quien participa en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, Suiza. Con ese quórum, se requerirán 25 votos para aprobar o rechazar la norma.
Desde el Senado se espera que la mayoría de los parlamentarios esté presente, incluida la senadora Camila Flores (RN), quien si bien en un principio estaba en duda su asistencia, la parlamentaria ya se encontraría en el edifcio. No obstante, persisten dudas sobre la llegada de Ximena Órdenes (IND-PPD), debido a retrasos en su traslado desde la Región de Aysén por condiciones climáticas.
En paralelo, el voto de Miguel Ángel Calisto se mantiene en incertidumbre. El parlamentario señaló que "siempre hay que escuchar con mucha detención las orientaciones jurídicas respecto a decisiones que repercuten más allá de lo que podría ser una discusión respecto a un político o a los parlamentarios. Esto impacta a todo el sistema y, por lo tanto, hay que ser muy responsable de la decisión que se toma".
Sin embargo, en el Congreso se comenta que podría inhabilitarse, en línea con su propio planteamiento de que quienes estén siendo investigados debieran abstenerse.
Con este escenario, en la oposición calculan perder dos votos -Walker y eventualmente Órdenes- pero sumar otros dos (De Urresti y Carvajal, ausentes en la sesión anterior), manteniéndose en torno a los 23 apoyos. La derecha, en tanto, podría alcanzar 24 votos en contra al sumar el respaldo del senador Rojo Edwards (IND-RN), quien la semana pasada no se encontraba presente.
De repetirse el empate o imponerse el rechazo, la norma sería descartada y el proyecto pasaría a una comisión mixta, donde cinco diputados y cinco senadores deberán buscar una fórmula de consenso.
Ante esa eventualidad, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que el Ejecutivo trabaja en una alternativa, indicando que "desde este Ministerio estamos trabajando una propuesta, que la vamos a compartir con el Ejecutivo, y que en caso de que vaya una comisión mixta, de Senado y Diputados, en esa comisión probablemente el Gobierno pueda hacerla llegar en calidad de indicación, y pensamos que es una propuesta que puede tener chance de juntar opiniones, de juntar perspectivas, porque es un avance sustantivo, sin necesidad de afectar la privacidad de las personas con la ausencia de orden judicial".
