Parlamentarios de distintos sectores abordaron el dictamen emitido este miércoles por la Contraloría General de la República, que detectó una serie de irregularidades en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante el proceso de contratación de personal para el Censo de Población y Vivienda 2024.
En concreto, el organismo fiscalizador identificó que el INE contrató a 16 personas con antecedentes penales, entre los que se registran delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Asimismo, se constató que varios de los contratados eran extranjeros sin autorización para trabajar en Chile, e incluso uno de ellos mantenía una orden de expulsión administrativa vigente.
En este contexto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a la situación en Radio Universo, señalando que "se trata de hechos graves ocurridos en la en la administración anterior y va a haber que investigarlo hasta la última consecuencia".
En la misma línea, explicó que "el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas".
"Se tiene que investigar y si hay responsabilidad políticas, el ministro de Economía tiene que asumir", sostuvo.
Cabe recordar que el entonces titular de Economía era Nicolás Grau, quien actualmente enfrenta una acusación constitucional en el Congreso por su desempeño posterior como ministro de Hacienda durante el gobierno de Gabriel Boric.
Por su parte, la exministra del Interior, Carolina Tohá, emplazó a Mas y señaló que "el ministro Mas lleva tres meses en el cargo y no logro identificar alguna cosa que haya propuesto relevante. En el curso de un proceso de censo, en que se contrataron más de 20.000 personas, los ministros no hacen contrataciones ni chequean requisitos".
"Si en alguna de esas contrataciones no se cumplieron los requisitos, es un error que habrá que perseguir, pero culpar políticamente al ministro Grau, o sea, realmente, no tiene otra cosa más relevante que hacer el ministro Mas", cerró.
Reacciones desde el oficialismo
Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El diputado y presidente de la comisión de Economía, Felipe Ross (Republicanos), apuntó a una falta de coordinación estatal durante la administración anterior.
"El nivel de descoordinación del Estado durante el gobierno de Gabriel Boric fue realmente impresionante. A principio de semana supimos de la descoordinación del Servicio de Migración con el Registro Civil para la emisión de cédulas de identidad y ahora nos enteramos de la descoordinación absoluta del Servicio de Migración con el Instituto Nacional de Estadísticas. Personas con orden de expulsión vigente estaban siendo contratadas por el propio Estado de Chile", señaló.
En esa línea, el parlamentario sostuvo que "esto es algo que tiene que ser aclarado, tienen que establecerse las responsabilidades y el Estado de Chile tiene que ser interoperable, tenemos que poner al día al Estado de Chile, especial y primeramente en el Servicio de Migración, ahí donde don Luis Thayer dejó un desastre."
En tanto, el diputado Omar Sabat (IND-UDI) enfatizó en que "lo que ha sucedido, este, es que pone una alerta, y y espero también que estos tipos de investigaciones se pueda llegar hasta el final. Siempre tiene que haber, tienen que asumir las responsabilidades. En los últimos días hemos visto cómo han tratado de dejar al lado las responsabilidades de un gobierno que terminó hace 3 meses, que fue, entregó hace muy poco, y que hasta el día de hoy nadie se ha hecho responsable de todas las irregularidades y situaciones que se han producido durante el momento, los momentos, los años que ellos estuvieron gobernando".
"Por lo tanto, esto no es un tema menor, y sin duda nosotros lo que estamos solicitando es que se investigue y que podamos tener resultados prontamente", agregó.
A su vez, el diputado Germán Verdugo (PNL) sostuvo que "las irregularidades detectadas por la Contraloría en el censo 2024 son preocupantes y deben ser aclaradas con total transparencia. Si bien las responsabilidades deban ser determinadas por las investigaciones correspondientes, no podemos olvidar que este proceso estuvo bajo la supervisión política del entonces ministro de economía, Nicolás Grau. La ciudadanía merece respuestas claras y la certeza de que una herramienta tan importante para el país se ejecutó correctamente".
Desde el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones también apuntó a la necesidad de explicaciones.
"El Censo del año 2024 fue duramente observado y cuestionado por la CGR. Es importante que el ex ministro Grau explique a los chilenos cómo una acción tan relevante para focalizar con eficiencia los recursos fiscales, así como para el diseño de las políticas públicas, se permeara con elementos delictivos sin el debido cotejo de los antecedentes de los censistas. Necesitamos una explicación para adoptar los resguardos pertinentes así como adoptar las sanciones que tal hecho amerita", manifestó.
Oposición
Desde la oposición, en tanto, también hubo cuestionamientos, aunque con énfasis en las responsabilidades administrativas.
El diputado Marcos Ilabaca (PS), aseguró que "la situación detectada por Contraloría respecto al censo es escandalosa, y es necesario determinar la responsabilidad de todos aquellos que participaron en esto. En los problemas respecto a las contrataciones, en los problemas respecto a las adquisiciones, el no llevar adelante el control pertinente".
"Con los recursos públicos no se puede jugar, y pareciera que se está generando una cultura del dejar hacer, y eso no es aceptable, porque eso también es corrupción. Por lo mismo, espero que aquellos responsables respondan y se le aplique el mayor rigor de la ley, y que respondan no solamente en términos de responsabilidad administrativa, sino que también en responsabilidad económica", zanjó.
Mientras que su compañero de bancada, el diputado Nelson Venegas (PS) emplazó directamente al biministro por sus dichos, señalando que "es necesario, es urgente, que las autoridades ya empiecen a actuar con responsabilidad y madurez republicana, porque el país requiere urgentes soluciones, y lo único que han hecho hasta el momento es culpar al gobierno anterior de un montón de cosas, y ese gobierno ya terminó, para bien o para mal".
No obstante, otras voces del mismo sector llamaron a no adelantar conclusiones políticas. El diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que "esto tiene que ver con deficiencias administrativas. Posiblemente, pudo existir mala fe de algún funcionario, pero esto, como digo, de ser de ser sancionado, pero no no no se puede extender de forma tan forzada, digamos, para apuntar a un algún autoridad del gobierno".
En la misma línea, la diputada Constanza Schonhaut (FA) subrayó el rol técnico de la Contraloría, indicando que "cumple su labor, como en otras ocasiones, al solicitar el inicio de sumarios para identificar a los funcionarios responsables de los actos administrativos impugnados en el INE, un órgano técnico e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En su informe, no ha dado luces de que esto pueda construir algún otro tipo de responsabilidades como para abrir otro tipo de especulaciones".
