En septiembre de 2025, el gobierno del Presidente Boric "pausó" una consulta que fue cuestionada por diversas agrupaciones indígenas.
Cedida
"Lo que se pretende con la modificación a la Ley Indígena es permitirles a las comunidades y personas indígenas, voluntariamente, realizar contratos sobre sus tierras para que puedan utilizarlas plenamente y con libertad", dice a "El Mercurio" Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, al abordar el objetivo de uno de los anuncios del Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública. En cuanto a la consulta indígena que requerirá el proyecto de reforma y a la fallida ejecución que ha tenido en el país este instrumento, que es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos originarios y tribales, Fernández adelanta que antes de convocar a las comunidades "pediremos asistencia técnica a la OIT para fortalecer el proceso conforme al Convenio 169, abriremos un diálogo político con las comunidades, parlamentarios y quienes fueron parte del proceso y revisaremos la sistematización de los talleres ya realizados".
