Nuevos antecedentes surgen en torno al presunto caso de tráfico de niños haitianos hacia Chile ocurrido entre enero y abril de 2025 a través de vuelos chárter como parte del proceso de reunificación familiar, donde desde la Fiscalía Nacional cifran en más 200 los menores afectados.
Según denunció ayer el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante la Fiscalía Nacional, fiscalizaciones de la Contraloría General de la República (CGR) junto a la Policía de Investigaciones (PDI) revelaron que al menos 12 adultos extranjeros y chilenos han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos responsables de grupos de menores de edad de nacionalidad haitiana, pero no tendrían vínculos reales con los niños ni contaban con las respectivas autorizaciones legales.
El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, el fiscal Eugenio Campos, entregó hoy en conversación con Radio Duna más detalles del caso y cifró a los menores afectados en "más de un centenar. Yo creo que puede que incluso aquella cifra que yo señalé, o que puedo indicar, es demasiado conservadora, más de 200, y respecto a los cuales se trata de un periodo que al día de hoy solo abarcaría entre enero a abril del año 2025".
"Acá estamos hablando de esa gravedad respecto de los cuales tenemos niñas y niños y adolescentes que ingresaron a nuestro país bajo la figura de la reunificación familiar. Pero hay muchas cosas que llaman poderosamente la atención y lamentablemente, de acuerdo a las máximas de la experiencia, no serían tan buenas. Espero estar absolutamente equivocado", mencionó.
Sobre el modus operandi, señaló que "pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales, ingresos de alto volumen de niños y niñas adolescentes, un patrón común respecto de los cuales una escasez de base de datos, muchos de ellos con una gran cantidad (...) Que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención (...) estamos hablando de un grupo muy organizado".
El fiscal señaló que "conforme al método de las investigaciones, tenemos que indagar el destino de esos niños y niñas adolescentes, tenemos que indagar qué responsabilidad tiene eventualmente este adulto con el que viajaron estos jóvenes. Tercero, cuáles son las fuentes de financiamiento precisamente de estos vuelos, no son vuelos comerciales, la mayor cantidad de estos son vuelos chárter".
"De acuerdo al mérito de los antecedentes, muchos de esos, no voy a decir todos, fueron o habrían pasado por la autorización de la Dirección General de la Aeronáutica Civil", señaló, por lo que no se descarta que hayan funcionarios públicos involucrados en el caso.
En ese sentido, Campos mencionó que "por eso es que las figuras penales que nosotros estamos indagando en esta investigación de carácter penal son cohechos y sobornos, particularmente enfocados al funcionario público que dejó de hacer, o que realizó con infracción de deberes propios de su cargo, actitudes que en definitiva permitieron este ingreso. Segundo, aquella figura del funcionario público extranjero, nosotros lo podemos descartar conforme a tratados internacionales y tercero, todo lo que hizo relación con la falsificación de instrumento público, ya sea para el uso o no del ingreso de niñas, niños y adolescentes en nuestro país".
Respecto de los pasos a seguir en la investigación, el fiscal señaló que "no vamos a dejar de pedir cada uno de estos requerimientos de información y, particularmente porque nos va a determinar, primero, la regularidad de los vuelos. Segundo, poder indagar, mire lo grave que es esto, respecto del listado de pasajeros, y que esos listados de pasajeros, ese listado pueda venir con una integridad en cuanto al contenido de cada uno de los que venían sentados en estos vuelos chárter, porque el día de hoy, lamentablemente, le puedo indicar que esa certeza no la tenemos".
Sobre cuál podría ser la ubicación actual de los niños, Campos profundizó que "eso es lo grave, porque si yo tengo el objetivo, si uno se presenta en la cabeza de que realmente tenemos a personas que vamos a traer a ingresar a nuestro país bajo su pretexto de precisamente el programa de reunificación familiar, es porque el día de hoy yo tengo que tener certeza de que la persona A, B o C, o el niño A, B o C, estará en determinado domicilio y bajo un adulto responsable que es persona X. Eso, el día de hoy, los antecedentes de la investigación no lo tenemos y tenemos que indagar".
"Yo no sé si están ocultos o no, pero es una cantidad mayor a 200, y respecto a los cuales nosotros vamos a indagar y tendremos que determinar su paradero", cerró director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.
Supuesto tráfico de órganos
En tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la hipótesis que planteó el diputado Enrique Basaletti (Republicano) sobre que esto podría deberse a un tráfico de órganos "como pasó algunos años en Antofagasta y Arica, donde aparecieron niños que habían sido operados para extraerle órganos", como consignó Radio Cooperativa.
Al respecto, Valencia mencionó al citado medio que "si el diputado afirma que así ocurrió entiendo que así debe haber ocurrido. Yo no recuerdo en el periodo como fiscal nacional que me hayan reportado un hecho tan grave como este. Pero si el general afirma que ocurrió, debe haber ocurrido de esa manera".
"Vamos a tener que investigar lo que ocurre. No quiero que cunda el pánico. Pero en teoría no es una cosa delirante. Es una cosa que pudiese ocurrir. Es atroz, pero no hay que descartarlo de plano", sostuvo el jefe del Ministerio Público.
