Dos bancadas de oficialismo anunciaron la creación de comisiones especiales investigadoras en la Cámara de Diputados, luego de conocerse antecedentes sobre el ingreso irregular de ciudadanos haitianos -incluyendo menores de edad- y posibles fallas en los controles del Estado.
Por una parte, la bancada del Partido Republicano de Chile confirmó que impulsará una Comisión Especial Investigadora (CEI) para esclarecer los hechos vinculados a la inmigración irregular desde 2014 a la fecha, con especial foco en niños y eventuales vulneraciones a sus derechos fundamentales.
El diputado José Carlos Meza explicó que, si bien los antecedentes más recientes apuntan a situaciones detectadas desde 2023, la intención es ampliar el análisis.
"Lo que hemos podido conocer durante las últimas horas es que se trataría de hechos que, al menos, vendrían ocurriendo desde 2023 (…) pero nosotros creemos que no corresponde acotar la investigación a los últimos años, sino que por responsabilidad nos corresponde saber cómo es que llegamos a este Estado, en donde entran y salen de nuestro país sin ningún tipo de control quienes debiesen ser nuestro principal foco de preocupación, que son los niños", sostuvo.
En esa línea, añadió que "esto no tiene que ver con que sean niños chilenos o extranjeros. El país debiese estar a la altura de estas circunstancias, ya hemos tomado la decisión de presentar una Comisión Especial Investigadora para hacer investigación de los hechos, conocer las responsabilidades, pero no solo respecto del gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que esto debiese extenderse hacia los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares a comienzos de 2014".
En paralelo, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) también anunció que impulsará su propia comisión investigadora, esta vez enfocada en las irregularidades detectadas por la Contraloría en el ingreso de niños haitianos bajo la figura de reunificación familiar.
La diputada Natalia Romero advirtió que los antecedentes podrían ser más graves de lo que se conoce. "Estamos frente a una situación nunca antes vista en Chile. El informe de Contraloría da cuenta de antecedentes extremadamente graves que podrían configurar eventuales delitos vinculados a la trata de menores. Lo primero que necesitamos esclarecer es dónde están estos niños, quiénes son las personas responsables de ellos y cómo fue posible que ingresaran al país en medio de tantas falencias de control", señaló.
Por su parte, el diputado Mario Olavarría enfatizó la necesidad de establecer responsabilidades institucionales. "Los antecedentes son suficientemente graves para que el Congreso ejerza plenamente su rol fiscalizador. Necesitamos conocer el rol que cumplieron el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la DGAC, la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y todos los organismos que participaron en este proceso", indicó.
Según el informe de Contraloría, entre enero y abril de 2025 ingresaron al país más de 3.200 ciudadanos haitianos con permisos de residencia temporal, la mayoría bajo reunificación familiar, detectándose además falencias en la verificación de antecedentes y casos de menores que no residían con los adultos declarados o no fueron informados a las autoridades competentes.
