El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, se refirió a las advertencias del organismo desde 2023 por el presunto tráfico de niños haitianos y lamentó que los oficios a las autoridades "no tuvieron mayor importancia y parece que ahora importa al mundo político".
En conversación con Radio Cooperativa, el defensor mencionó que las alertas responden a que "desde que se abrieron las fronteras después de la pandemia, empezamos precisamente a identificar desde la Defensoría una serie de problemáticas que afectaban los procedimientos de movilidad humana de niños, niñas y adolescentes. Veíamos que había problemas para asegurar que los procesos, por ejemplo, de reunificación familiar, fueran seguros, trazables, medibles y compatibles con los derechos de los niños. Entonces, veíamos problemas en controles serios que permitieran identificar a los niños, los vínculos familiares, los adultos responsables, domicilio y seguimiento posterior".
Agregó que "por eso mismo, en términos generales, empezamos a alertar a las autoridades respecto de la necesidad de generar mecanismos que permitieran asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad (...) Y ahí fue donde precisamente nosotros iniciamos este levantamiento de alerta, que no solamente se quedó en el envío de oficios para efectos de avisar a la autoridad, sino que también implicó una serie de reuniones donde nosotros fuimos levantando los temas para recibir información fidedigna que nos permitiera, como Defensoría de la Niñez, tener información concreta donde eventualmente podríamos identificar comisiones de delito para poder realizar acciones pertinentes".
Respecto a las respuestas a los oficios, Quesille mencionó que "en general tuvimos un porcentaje de respuesta bastante bajo. No obtuvimos respuestas formales o bien se manifestaron voluntades institucionales para avanzar en la elaboración de protocolos, en mecanismos de coordinación, en medidas de protección. Pero más allá de eso vimos que, salvo la constitución de una mesa por parte de la Subsecretaría de la Niñez, no se generó una medida concreta que además nos permitiera contar con antecedentes serios que pudieran darnos la competencia para actuar".
"Hubo oficios manifestando esta situación a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio Nacional de Protección Especializada (Mejor Niñez), al Servicio Nacional de Migraciones (...) al Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuevamente también al Servicio Nacional de Migraciones, a propósito de la implementación del registro biométrico para identificar niños en contexto de movilidad, a la Policía de Investigaciones de Chile y además también a otras autoridades, por ejemplo el Congreso", detalló el defensor de la Niñez.
En esa línea, afirmó que "el problema no solamente se estaba dando con niños y niñas incluidos aquellos que llegaron a estos chárteres procedentes desde Haití (...) sino que también identificamos situaciones de niños chilenos, esto no está en el informe, es un tema que levantó el senador Chahuán hace mucho tiempo, de niños chilenos que estaban saliendo de Chile -hijos de padres haitianos, pero con nacionalidad chilena- y que con el objetivo de poder llegar a Estados Unidos, hasta morían. Morían en el Tapón del Darién, en Panamá, en la frontera de Panamá con Colombia".
Respecto de por qué el organismo no recurrió formalmente a interponer una denuncia ante fiscalía por las sospechas, Quesille aclaró que "para poder exponer una denuncia, uno lo que necesita no es una duda razonable, sino que hay antecedentes concretos que permitieran identificar la comisión de un delito. La reunificación familiar se hizo formal, porque hay que recordar que estos niños entraron por un paso habilitado, con documentos que conforman las revisiones que realizaron la Policía de Investigaciones, o la Dirección General de la Aeronáutica Civil, eran regulares y no tenían ningún problema, por lo tanto, la sola reunificación familiar no es un delito, sino que es un derecho que tienen los niños y niñas adolescentes a nosotros".
"Por eso es que pusimos los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes, las que tienen que tomar las acciones, no la Defensoría de la Niñez, que no tenemos un rol ni investigativo, nuestro rol es simplemente de persuasión", señaló.
En ese sentido, cuestionó que "nuestro rol es poner el conocimiento a las autoridades, pero la verdad de las cosas es que la recepción de la Defensoría de la Niñez no tuvo mayor importancia y parece que ahora importa al mundo político lo que la Defensoría de la Niñez indica cuando ya esto explota y se da cuenta que efectivamente estamos frente a la comisión del delito".
Quesille apuntó que la situación, de corroborarse, incumpliría compromisos internacionales "hay una serie de instrumentos internacionales que no solamente consagran derechos de niños y niñas en contexto de movilidad, sino que además reconocen procesos que están validados por el derecho internacional, entre ellos la reunificación familiar. Y por eso mismo que nosotros desde la Defensoría de la Niñez, lo que sí estamos haciendo ahora que ya conocemos la eventual comisión de delitos, es evaluando todas las acciones, entre otras cosas, para poder interponer una denuncia contra el Estado de Chile. Y eso sí lo podemos hacer como Defensoría de la Niñez".
Consultado sobre una denuncia que habría interpuesto el exdirector de Migraciones, Luis Thayer, por el tema en 2023, Quesille afirmó que "creo que si hubiésemos tenido conocimiento de esta denuncia o de la investigación que se estaba realizando, claramente podríamos haber generado acciones para que, lo mínimo, para que las instituciones conversen, porque cada uno hizo cosas, pero desde sus distintas miradas".
"Por eso mismo, la petición que hacía la Defensoría era que se conformara un instante de relacionamiento, donde al menos, independiente de los oficios, las instituciones que tenían cosas que hacer, se miraran a la cara o se pudieran coordinar aquellos esfuerzos que fueron necesarios en ese tiempo", cerró.
