A lo menos siete organismos públicos fueron alertados por los vuelos chárter en que venían grupos de niños haitianos bajo la figura de reunificación familiar, y donde ahora el Ministerio Público investiga presunto tráfico de menores de edad tras conocerse un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR).
Según ha trascendido, al menos desde mayo de 2023 que el gobierno de Gabriel Boric tuvo antecedentes de la llegada de chárteres con grupos grandes de menores de esa nacionalidad a cargo de adultos chilenos y extranjeros.
De acuerdo a la denuncia que presentó el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante el Ministerio Público, fiscalizaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y la Policía de Investigaciones (PDI) constataron que "al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de niños, niñas y adolescentes haitianos".
En ese sentido, se pudo confirmar que esas personas no tienen vínculo familiar con los menores ni contaban con los permisos necesarios para actuar como sus tutores legales, por lo que ahora se indaga un posible delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado.
Esta jornada la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, Francisca Vargas, mencionó a Radio 13c que "el problema es si se siguieron o no se siguieron las reglas. Entonces acá lo que yo entiendo que que se va a tener que verificar es, primero, si los niños traían o no traían su visa aprobada. Segundo, si la visa estaba aprobada, si efectivamente en la aprobación de esas visas en el sistema están cargados todos los documentos y verificados por el Servicio Nacional de Migraciones. Y tercero, si la PDI verificó en el momento del ingreso que los niños tuvieran la visa que estaba en el sistema y, además, portaron los documentos necesarios para permitir el paso por el aeropuerto, la visa aprobada, pero también el permiso de los padres notariado, ya sea del padre o madre que está aquí en Chile y del otro que estaba en Haití".
"En esa verificación la visa misma dice dónde los niños van a vivir. No me refiero físicamente, sino que en el sistema cuando uno pide la visa de reunificación familiar, pone la dirección del padre o madre que está en Chile. La investigación dice 'no sabemos el paradero', bueno, habría que verificar si se puso una dirección. Si no se puso, el problema está en el Servicio Nacional de Migraciones", apuntó la experta en migración.
En concreto, la denuncia del propio Sermig apunta a "los adultos acompañantes, aerolíneas, agencias de viajes y a quienes resulten responsables".
Es en este último punto que aparecen al menos siete organismos públicos que fueron alertados de la eventual comisión de ilícitos con menores de edad provenientes de Haití, advertencias que no fueron escuchadas hasta que explotó el escándalo esta semana luego de que un preinforme del órgano contralor alertara las fallas.
DGAC
Entre las entidades cuestionadas por el caso se encuentra la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC), responsable del correcto funcionamiento de los vuelos en el país.
Según consignó El Mercurio, a comienzos de 2023 un funcionario de la DGAC expresó su inquietud sobre que estaban llegando al Aeropuerto de Santiago vuelos chárter con menores de edad desde Haití al entonces diputado de Amarillos, Andrés Jouannet.
El hoy exsubsecretario de Seguridad Pública y asesor en La Moneda envió el 14 de marzo de 2023 un oficio al Ministerio del Interior solicitando información sobre si había "un aumento en el ingreso al país, durante el último año, de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana".
La cartera derivó la consulta a la PDI, desde donde respondieron que habían llegado 76 vuelos chárter al país con un total de 2.142 niños haitianos entre enero de 2022 y marzo de 2023.
La policía civil mencionó en el informe a tres entidades con las que hizo gestiones por el tema: el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la propia DGAC y la Junta de Aeronáutica Civil (JAC).
Ministerio del Interior y PDI
Cabe recordar que el informe de Contraloría surge tras una denuncia por el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) hace un año y medio por presuntos vuelos chárter que aterrizaban de madrugada con decenas de niños acompañados por un adulto.
Según mencionó al citado medio, "yo trabajaba mucho con los funcionarios de la DGAC, y uno de los temas que yo veía en los que había mucha vulnerabilidad eran los aeropuertos (...) Ellos me denunciaron esta llegada entre gallos y medianoche de estos aviones chárter con niños".
Ese entonces advirtió la situación a la exministra del Interior, Carolina Tohá; al exsubsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, y al exministro de Seguridad, Luis Cordero, pero "fue como hablar con una pared (...) Nadie se cuestionaba que llegara un adulto con 40 niños".
La PDI es otro de los organismos que tenía antecedentes de lo que estaba ocurriendo ante la masiva llegada de vuelos chárter por el visado de reunificación familiar. En un reporte de abril de 2023 dio cuenta de tres compañías aéreas que estaban "asociadas a una cifra extraordinaria" de niños y adolescentes haitianos que ingresaron al país por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez: Sky Airlines (Chile), Aeroregional (Ecuador) y Star Perú (Perú).
La exministra del Interior, Carolina Tohá, señaló al citado medio que en ese entonces "se presentó una querella. Esa querella estableció tres empresas involucradas".
"Aunque aún no es el juicio, esos datos se ocuparon para pedir el retiro de la licencia a las aerolíneas, pero la DGAC no acogió. Después suspendieron la entrega de visas en Haití", apuntó Tohá.
Migraciones
En esa misma línea, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Thayer, señaló que en marzo de 2023 hizo "una denuncia a tres líneas aéreas" por vulnerar la norma migratoria dado que "no tenían la documentación que correspondía en el embarque".
Después, en julio de 2025, envió un oficio a la DGAC pidiendo la suspensión de las tres aerolíneas.
En conversación con El Mercurio, señaló que "lo que denunciamos en ese instante, en 2023, fue a líneas aéreas que no hacían los controles adecuados en Puerto Príncipe. El parar la tramitación de las visas se da por varios factores. Uno de ellos es que vuelven a aparecer vuelos (...) En la investigación del Ministerio Público nos enteramos de que había una investigación ya avanzada por tráfico (...) empezamos a recibir documentos fraudulentos y empezamos a rechazar visas".
"Cada vez que tuvimos información de vuelos que venían con niños sin los documentos, solicitamos que no se autorizaran esos vuelos. Normalmente los niños haitianos entraban con la documentación. El proceso de reunificación familiar es un proceso que no se dio, en términos generales, ni de manera fraudulenta ni saltándose los controles", enfatizó Thayer.
En esa línea, apuntó que "el problema que levanta el informe tiene que ver con que en el aeropuerto venían muchos niños a cargo de pocos adultos", y deslindó las responsabilidades al mencionar que "la PDI no informó de ninguna anomalía en la entrega de los niños a los padres".
Subsecretaría de la Niñez
Uno de los organismos que alertó de la situación, en varias ocasiones, fue la Defensoría de la Niñez. Esta mañana el defensor Anuar Quesille mencionó a Radio Cooperativa que "hubo oficios manifestando esta situación a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio Nacional de Protección Especializada (Mejor Niñez), al Servicio Nacional de Migraciones (...) al Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuevamente también al Servicio Nacional de Migraciones, a propósito de la implementación del registro biométrico para identificar niños en contexto de movilidad, a la Policía de Investigaciones de Chile y además también a otras autoridades, por ejemplo el Congreso".
"En general tuvimos un porcentaje de respuesta bastante bajo. No obtuvimos respuestas formales o bien se manifestaron voluntades institucionales para avanzar en la elaboración de protocolos, en mecanismos de coordinación, en medidas de protección", sostuvo.
En enero de 2023, cuando era defensora Patricia Muñoz, esta le envió un oficio a la entonces subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro; a la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Gabriela Muñoz; y al exdirector de Migraciones, Luis Thayer, para solicitar la creación de una mesa técnica que tenga como objetivo "la creación de un protocolo de regularización para niñas, niños y adolescentes".
Esto, considerando que organismos internacionales "han reconocido que niñas, niños y adolescentes en contexto de migración se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad a la que los Estados deben darle prioridad y cumplimiento de los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño".
Más tarde, en mayo de 2023, Muñoz envió un oficio a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, acusando que se realizó una primera sesión de la mesa técnica pero no se recibieron nuevas citaciones, incumpliendo la continuidad de trabajo, "lo que nos parece preocupante, principalmente por la situación en que se encuentran niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana internacional y las obligaciones adquiridas por el Estado de Chile".
En septiembre de 2024, Anuar Quesille ofició nuevamente a Silva solicitando información sobre "el proceso de enrolamiento de niños, niñas y adolescentes extranjeros en Chile a través de las oficinas locales de la niñez" y "cualquier otra medida (...) en contexto de movilidad humana que considere importante que esta Defensoría de la Niñez tome conocimiento".
En octubre de 2025 -cuando ya habrían ingresado los niños haitianos al país-, Quesille envió un nuevo oficio a Silva solicitando "que me pueda indicar el estado en que se encuentra el protocolo para el proceso de solicitud de visa humanitaria de niños, niñas y adolescentes que no cuenten con documento de identificación y/o filiación".
Quesille aseguró hoy que "más allá de eso vimos que, salvo la constitución de una mesa por parte de la Subsecretaría de la Niñez, no se generó una medida concreta que además nos permitiera contar con antecedentes serios que pudieran darnos la competencia para actuar".
Y aclaró que desde el organismo "pusimos los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes, las que tienen que tomar las acciones, no la Defensoría de la Niñez, que no tenemos un rol ni investigativo, nuestro rol es simplemente de persuasión".
Otros oficios de la Defensoría de la Niñez
La subsecretaría no fue la única entidad que recibió oficios de la Defensoría de la Niñez.
En el oficio N° 539/2025 Quesille pidió información relacionada al tema al director general de la PDI, Eduardo Cerna, el 6 de mayo de 2025. En el documento, señaló que "hemos tomado conocimiento, mediante el Oficio N°240/2/2025 de la Comisión de Defensa Nacional, de fecha 09 de abril de 2025, de la discusión sobre el ingreso al país de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití con visa de reunificación familiar, solicitándonos adoptar las medidas que estimemos pertinentes, de acuerdo a nuestras facultades leales".
"Pido a usted informar a la Defensoría de la Niñez el Protocolo de la Policía de Investigaciones para el ingreso de niños, niñas y adolescentes extranjeros a Chile, que portan un permiso de residencia por reunificación familiar. En caso de no contar con un documento del protocolo, que se indique cuáles son las instrucciones al personal de la Policía de Investigaciones para proceder en estos casos", solicitó el defensor.
Sumó el detalle del "Protocolo de la Policía de Investigaciones para identificación de factores de eventual comisión de delitos en el ingreso de niños, niñas y adolescentes extranjeros a Chile, con permiso de residencia por reunificación familiar. En caso de no contar con un documento del protocolo, que se indique cuáles son las instrucciones al personal de la Policía de Investigaciones para proceder en estos casos".
Ese mismo día mandó un oficio a Thayer solicitando "la cantidad de permisos de residencia otorgados a niños, niñas y adolescentes extranjeros, por reunificación familiar, para ingresar al país, entre el periodo de los años 2022 a la fecha", además de "cantidad de permisos de residencia rechazados a niños, niñas y adolescentes extranjeros, por reunificación familiar, para ingresar al país, entre el periodo de los años 2022 a la fecha".
Según pudo conocer este medio, las respuestas fueron solo "acusando recibo".
