Casa por casa, un equipo jurídico, junto a un ministro de fe, notificaron el pasado lunes a más de un centenar de familias que habitan en Cerro Centinela sobre el reinicio del desalojo de la megatoma de San Antonio.
El Gobierno programó para el próximo martes 30 de junio el reinicio, luego de tres meses de paralización, del desalojo. Se hará en el sector Aguas Saladas de Bellavista, específicamente en el polígono de intervención 1A, donde cerca de 156 familias deberán abandonar el predio que no forma parte del terreno expropiado por el Estado.
"El desalojo de la megatoma de San Antonio está planificado para el 30 de junio, per también existe un compromiso con las comunidades de avisar. Fue así como, el día de ayer (lunes) a 156 familias se les dio el aviso que ocurrirá este desalojo el día 30 de junio", dijo el delegado presidencial regional, Manuel Millones, al Líder de San Antonio.
La autoridad de gobierno se presentó en terreno para conversar con pobladores y "dar respuesta a las familias, especialmente a lo que se denomina como grupos prioritarios, adultos mayores, personas con discapacidad o niños, para cumplir con los compromisos con servicios Mejor Niñez, Protección de la Niñez y otros", dijo.
En ese contexto, desde la Delegación Presidencial Regional se encuentra dialogando con las municipalidades de San Antonio y Cartagena "para que aquellas familias que no tienen alternativas de una solución transitoria de vivienda tenga un albergue municipal o del Ministerio de Desarrollo Social que estará disponible por 30 días y donde tendrán alimentación y abrigo", aseguró Millones.
"He desarrollado reuniones con distintos comités y con las cooperativas de modo tal de trabajar con ellos el tema del desalojo para que sea de forma pacífica y ordenada y dar respuesta a aquellas personas que requieran un albergue transitorio", agregó la autoridad.
En esos encuentros se abordaron "las soluciones definitivas en la medida que ellos se institucionalicen y busquen las respuestas a través de los subsidios del Ministerio de Vivienda", indicó el delegado.
Por su parte, Elizabeth Rivera, vocera de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela confirmó el desalojo y comentó: "Reubicamos a mucha gente dentro del terreno expropiado, pero nos quedamos sin espacio. Existía el compromiso de notificar a las familias que no calificaban. Algunos se fueron solos, otros no, por eso nos quedamos sin espacio".
Para reanudar el desalojo, ordenado por la Corte Suprema, se dispondrá de más de 120 efectivos policiales, con apoyo de personal municipal y equipos del Ministerio de Desarrollo Social.
Las familias que no abandonen sus viviendas antes del 30 de junio serán sacadas por la fuerza pública, recalcó el ejecutivo.
