La nueva Ley de Seguridad de Eventos Masivos y de Seguridad Privada ha levando preocupaciones en algunos sectores a raíz de las exigencias que establece para eventos que reúnan a
más de 3 mil personas, y la fiesta de La Tirana, que se celebra el 10 de julio, se ha convertido en foco de atención.
Si bien algunas disposiciones de la normativa fueron aplazadas hasta mayo de 2027 -como la necesidad de certificación y obligación de organizadores de eventos de presentar estudios detallados sobre sus planes de seguridad-, sí entró en vigencia el Decreto 208.
Dicho decreto exige la contratación de seguros de responsabilidad civil o la presentación de cauciones económicas, es decir, boletas de garantía, para cubrir eventuales riesgos de daños a terceros las que se deben proponer a la Delegación Presidencial Regional. El monto de las boletas debe ser en base a criterios como vulnerabilidad de la infraestructura, el espacio y cantidad de asistentes.
Esto ha llevado a que distintas organizaciones religiosas, de bailes religiosos y comunidades de la fe de distintas zonas del país, especialmente en el norte grande, expresen su preocupación frente a las exigencias.
En el caso de la fiesta de La Tirana, se estima que la asistencia sea de más de 250 mil personas.
Proyecto busca proteger festividades religiosas
A raíz de esta preocupación, la diputada por la Región de Tarapacá, Ximena Naranjo (Ind-UDI) ingresó el pasado 9 de junio un proyecto de Ley destinado justamente a "corregir" este efecto no previsto de la Ley de Seguridad Privada.
El objetivo central del proyecto es excluir a las festividades religiosas masivas de la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil o establecer una garantía para su realización.
El proyecto enfatiza que si bien la norma actual obliga a que toda actividad que reúna a más de 3 mil personas debe contar con mecanismos financieros destinados a responder por eventuales daños,
"no distingue entre eventos con fines comerciales y manifestaciones religiosas organizadas por entidades sin fines de lucro".
La diputada Naranjo sostuvo al respecto que "las festividades religiosas forman parte de nuestra identidad cultural, espiritual y patrimonial. No pueden ser tratadas de la misma manera que un espectáculo privado o una actividad comercial. Muchas de estas celebraciones son organizadas gracias al esfuerzo de voluntarios, fieles y comunidades completas que no cuentan con los recursos para asumir costos de esta magnitud".
La parlamentaria advirtió que la aplicación estricta de esta obligación podría generar serias dificultades para la continuidad de celebraciones tradicionales, entre ellas la Fiesta de La Tirana y la festividad de San Lorenzo de Tarapacá, que cada año congregan a cientos de miles de peregrinos provenientes de todo el país.
En el caso de La Tirana, la legisladora dijo a Emol que "las estimaciones apuntan a que los organizadores podrían verse obligados a constituir boletas de garantía cercanas a los $10 a 15 millones por día, una cifra completamente desproporcionada para una celebración sostenida por el esfuerzo de comunidades, bailes religiosos y fieles de todo Chile".
El proyecto propone incorporar una excepción expresa en el artículo 70 de la Ley N°21.659, estableciendo que la obligación de contratar seguros o constituir cauciones no será aplicable a festividades, peregrinaciones o actos de culto organizados por entidades religiosas con personalidad jurídica reconocida conforme a la legislación vigente.
Según explicó la legisladora, la iniciativa busca otorgar certeza jurídica a las organizaciones religiosas y garantizar que el ejercicio de la libertad de culto pueda desarrollarse sin obstáculos desproporcionados, manteniendo al mismo tiempo la coordinación con las autoridades encargadas de la seguridad y el orden público.
"El martes 16 de junio se dio cuenta del proyecto en la sala de la Cámara y, de acuerdo con el cronograma legislativo, debería comenzar su tramitación en la Comisión de Seguridad durante los próximos días. Además, he sostenido conversaciones con los ministros José García Ruminot y Claudio Alvarado para solicitar que el Ejecutivo otorgue suma urgencia a esta iniciativa, porque estamos frente a una situación que requiere una respuesta rápida", precisó la parlamentaria.
En ese sentido, subrayó que "queremos perfeccionar una ley que persigue un objetivo legítimo, como es la seguridad de las personas, pero que en este caso terminó afectando realidades completamente distintas. Nuestro deber es proteger las tradiciones religiosas, culturales y patrimoniales que forman parte de la identidad de Tarapacá y de Chile", concluyó la diputada Ximena Naranjo.
