Un nuevo debate político se abrió en el Congreso luego de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast eliminar el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos.
La iniciativa -impulsada por la UDI- fue visada con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, y contó con el respaldo de parlamentarios del oficialismo, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG).
El texto apunta a lo que desde el oficialismo califican como un intento de la administración de Gabriel Boric de "imponer forzosamente" el lenguaje inclusivo.
Durante la sesión, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), fue el encargado de leer la propuesta en Sala, señalando que esta instruye "a todos los ministerios dejar inmediatamente sin efecto aquellos actos administrativos que impongan el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios públicos y que ordene desde ya por decreto el correcto uso del idioma castellano".
Cabe recordar que un proyecto de resolución es un instrumento mediante el cual los parlamentarios expresan una opinión o formulan una petición al Ejecutivo, solicitando la adopción de medidas o la rectificación de políticas públicas, sin tener carácter vinculante.
Desde el oficialismo, el diputado republicano Cristián Araya defendió la iniciativa, afirmando que "durante años se ha gastado dinero en hacer manuales de como hablar y comportarse. Esto se termina. ¡Chao a la dictadura woke!".
En la misma línea, el diputado Javier Olivares (PDG) sostuvo "porque no queremos más ideología en el lenguaje. Hoy votamos a favor de la Resolución N.º 18, que solicita a S.E. el Presidente de la República, instruir a todos los ministerios y servicios públicos dejar sin efecto cualquier acto administrativo que imponga el uso del lenguaje inclusivo"
"Creo que el Estado debe comunicarse con claridad, respetando las normas de nuestra lengua y evitando imponer visiones ideológicas a través del lenguaje", agregó.
Rechazo de organizaciones
Sin embargo, la aprobación también generó un amplio rechazo desde organizaciones de la sociedad civil. Desde el Movilh señalaron que "sin siquiera contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social".
"El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla", agregaron.
En esa línea, el movimiento aseguró que "este proyecto obedece a razones estrictamente ideológicas, de identitarismo político-partidario, que no toman en cuenta los cambios culturales y sociales, al tiempo que violenta la democracia al cercenar el debate sobre estas materias e imponer una determinada visión".
A estas críticas se sumó la directora ejecutiva de la Fundación Iguales, María José Cumplido, quien cuestionó la prioridad legislativa del Congreso y defendió la evolución natural del lenguaje.
"El Estado no debería decirle a nadie cómo hablar. Es positivo poder usar un lenguaje que no invisibilice a las personas y esa discusión tiene larga data. Lamentamos que se pierda el tiempo aprobando resoluciones que no benefician a nadie", señaló.
Asimismo, agregó que "el lenguaje está vivo y cambia constantemente, y eso los políticos no lo podrán evitar aunque quieran".
