El próximo martes 23 de junio se realizará el juicio contra los 21 imputados por el ataque armado, que incluyó el incendio a un molino, que padeció la familia Grollmus, en Contulmo, el 29 de agosto de 2022.
Esa jornada, un grupo de más de 20 encapuchados destruyó el molino patrimonial de 106 años de antigüedad, causando lesiones graves en tres personas, uno de ellos, Hellmuth Grollmus, el hijo de la familia propietaria, y su primo, Carlos Grollmus, quien resultó con una fractura expuesta que implicó la amputación de su pierna izquierda. También resultó herido el trabajador Cristián Cid, quien perdió la visión por impacto de bala.
El atentado fue adjudicado por el
grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche.
"Reivindicamos la acción de sabotaje en contra del molino Grollmus de la comuna de Contulmo, acción de respaldo a los presos políticos mapuche que permanecen en huelga de hambre en Arauco y Concepción exigiendo sus derechos carcelarios", expresaron a través de un comunicado compartido por el medio Werken Noticias.
El caso tomó tal relevancia, en medio de un contexto de sistemáticos ataques incendiarios en la macrozona sur, que el entonces Presidente Gabriel Boric habló por primera vez de terrorismo en la zona. Fue el 10 de noviembre de 2022, cuando al ser consultado por los distintos ataques, cuando sostuvo: "yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista".
"Un ejemplo, el ataque al molino Grollmus. Cuando atacan a Hellmut, Cristian y Carlos Grollmus, en particular a Carlos, dejándolo en una situación terrible y queman el molino, eso es un acto de carácter terrorista", recalcó.
El pasado viernes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se reunió con la familia víctima del atentado. Christian Grollmus, quien vivió el violento episodio, valoró la visita del ministro y sostuvo que "no solo es un apoyo para nosotros, sino que es un respaldo para todas las víctimas del terrorismo".
Por su parte, Arrau expresó en su cuenta de X que comenzará un "juicio trascendental" y "que este caso llegue a juicio es fruto de una investigación extensa y persistente, encabezada por el Ministerio Público y desarrollada con el trabajo de la PDI, Carabineros y la Armada". Asimismo, subrayó que "en la macrozona sur, la violencia terrorista no debe quedar impune".
Los imputados están acusados por cuatro homicidios frustrados, entre otros delitos. Por eso, en el caso de los adultos, arriesgan presidio perpetuo, mientras que en el caso de quienes eran adolescentes al momento de los hechos, la Fiscalía espera la pena de internación en régimen cerrado.
Defensa de 10 adultos y 3 adolescentes
El 30 de marzo de este año, la Corte Suprema, al conocer de una acción constitucional de amparo por parte de la defensora penal pública Katherine Valdés, ordenó la realización del juicio Oral de los menores imputados en el Caso Grollmus para el día 22 de abril.
La acción judicial buscaba hacer efectiva la obligación establecida por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente de que fueran juzgados dentro de plazos razonables.
Sin embargo, el defensor regional Osvaldo Pizarro, sostuvo que "el Tribunal Oral de Cañete desobedeció esa orden y postergó de oficio el juicio por otros dos meses", hasta el 23 de junio, "vulnerando gravemente la ley y los derechos de nuestro representado, que ya acumula 492 días privado de libertad".
Aquí, recalcó Pizarro, "se justificó esta decisión en una falta de jueces, argumento que es simplemente inaceptable, porque la propia ley contempla mecanismos de suplencia e integración para asegurar que los tribunales sigan funcionando".
El defensor anunció que presentarían una nueva acción de amparo, para solicitar que se dejara sin efecto la resolución del Tribunal de Cañete y se ordenara la realización del juicio oral en un plazo no superior a 10 días contados desde la resolución que acogiera este amparo "y se disponga la inmediata libertad de nuestro representado".
Sobre aquello, la defensora Valdés comenta a Emol que "el recurso de amparo fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción, resolución que luego se apeló por la defensa ante la Corte Suprema y esta última confirmó el rechazo, pero indicando expresamente que debe llevarse a cabo de manera imperiosa la audiencia de juicio oral el día 23 de junio de 2026, debiendo el tribunal realizar las gestiones y coordinaciones para su cumplimiento".
Valdés representa a un total de 13 imputados, de los cuales 3 son adolescentes. "Mis representados no tuvieron participación en los delitos que se le imputan. Resulta inadmisible sostener una acusación en testigos son identidad cuestión que a todas luces vulnera las reglas de un juicio justo y el debido proceso", enfatiza.
Sobre la duración del juicio, detalla que está programado para 37 jornadas, a llevarse a cabo durante el 23 de junio y el 20 de agosto, sin perjuicio de eventuales modificaciones.
Fiscalía pedirá las máximas penas
En conversación con Emol, el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, comenta algunos de los aspectos clave en torno al juicio que se desarrollará la próxima semana.
En la causa hay testigos protegidos, cuyos testimonios han sido relevantes a la hora de la entrega de antecedentes. Sobre esto, el persecutor afimra que en este juicio se presentará una parte significativa de los que fueron ofrecidos en la acusación.
En cuanto a las penas que solicitarán, el fiscal afirma que "en el caso de los adultos se está solicitando el presidio perpetuo".
En el caso de los menores, se pedirán "las máximas que permite la Ley 20084, 10 años de internación en régimen cerrado en algunos casos y 5 años de internación en régimen cerrado en el caso de un adolescente al momento de los hechos".
Respecto a los plazos del juicio, comentó que se prevé que este se extienda por "más de un mes", y "esperamos poder presentar ante el Tribunal todos los testimonios y pruebas con las que contamos, de tal manera de lograr veredicto condenatorio para los acusados".
Consultaod por el despliegue de lienzos y manifestaciones que se han desarrollado previo a este juiciom, donde incluso la familia de las víctimas ha acusado "presiones" a la Justicia en ese sentido. El fiscal fue enfático en señalar que "habitualmente en causas de estas características se produce dicho fenómeno, pero no es algo que influya en las decisiones de los tribunales".
