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Tráfico, cohecho y caos administrativo: Los delitos e irregularidades que se investigan en el caso de niños haitianos

En 2023, siete organismos del Estado ya sabían lo que ocurría con los menores inmigrantes que llegaban a Chile.

21 de Junio de 2026 | 17:01 | Redactado por M. Silva, Emol
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Vuelos chárter con niños haitianos llegaban al Aeropuerto de Santiago.

El Mercurio
Varios delitos que investiga Fiscalía y la evidencia de un caos administrativo profundo en el Estado, provocó esta semana la publicación de un informe de Contraloría, que alertaba sobre el ingreso irregular de cientos de niños a Chile a través de vuelos chárter.

La incertidumbre debido al paradero desconocido de 64 de ellos llevó a levantar hipótesis de una posible red de trata de personas o tráfico de niños migrantes, algo que el Ministerio Público se encarga de indagar tras una querella presentada por el Servicio Nacional de Migrantes.

En concreto, es la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la encargada de acreditar o desechar la existencia de delitos. Por ahora mantiene líneas investigativas por cohecho, tráfico de inmigrantes y otros que tengan relación con eventuales irregularidades en el ingreso de niños y adultos a Chile.

Entre las diligencias que lleva a cabo esta jurisdicción, está el obtener información sobre los viajes provenientes de Haití, al menos desde 2023. En este marco, el Ministerio Público planifica un viaje a Puerto Príncipe, capital de Haití, para recabar evidencias en la embajada y consulado chileno en esa ciudad para sustentar la investigación que se realiza contra el excónsul Rafael du Monceau.

En un informe enviado a Fiscalía por parte de Migraciones, al que tuvo acceso El Mercurio, "se constató que existían registros de menores de edad con el mismo número de documento de identidad al momento de solicitar el permiso de residencia temporal desde fuera del país".

También se advirtieron incongruencias en los vínculos familiares declarados, no presentando documentos que acreditaran dicha condición, su identidad y situación migratoria en el país.

En el informe se advierte que varios menores entraron en grupos a cargo de un solo adulto. Uno de ellos, por ejemplo, el 15 de octubre de 2025. Un vuelo de la compañía Caribbean Sun, proveniente de Perú, donde menores entre 9 y 17 años llegaron con tutores, a veces incluso, con solo un adulto.

"Se desprende que los adultos señalados no cuentan con vínculos familiares con los menores con los que ingresan al país, lo que constituye una infracción normativa y que puede recaer en la comisión de un hecho constitutivo de delito", dice el antecedente judicial.

Excónsul de Haití investigado


Rafael du Monceau fue removido de sus funciones por la Cancillería ante eventuales irregularidades y posibles hechos de corrupción en la entrega de visados mientras estaba a cargo del Consulado de Chile en Puerto Príncipe.

Los antecedentes del caso fueron derivados al Ministerio Público y la secretaría de Estado abrió un sumario administrativo en su contra.

Según el director del Sermig, Frank Sauerbaum, durante el periodo de du Monceau se flexibilizaron las exigencias de documentación requerida para permitir la reunificación familiar. Sin embargo, hubo irregularidades que alertaron a funcionarios públicos.

Según relata este domingo El Mercurio, a mediados de 2025, el jefe de la división de Servicios Migratorios de Cancillería estaba revisando documentación recibida desde el consulado en Puerto Príncipe, cuando detectó dos casos de visados que no debieron ser aprobados.

A partir de eso, desde la repartición revisaron todas las legalizaciones de visas emitidas desde esa representación. Encontraron que en 2024 y 2025 se emitieron más visas de lo normal. Una fuente detalla a ese medio que en un día podían llevar a ser 50 visas que recibían el timbre de Chile.

Gracias a un sumario administrativo que ordenó la entonces subsecretaria Gloria de la Fuente, se supo que el cónsul Rafael du Monceau habría delegado el timbrado a un ministro de fe, un contrato local (es decir un haitiano), quien dio curso a la documentación.

Esto derivó en la remoción del cónsul en octubre pasado. Actualmente, du Monceau se desempeña como analista en la Cancillería.

Defensoría de la Niñez descarta delitos por ahora


El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, descartó este domingo la existencia de antecedentes que adviertan delitos como trata o tráfico, que afecten a los menores.

Conversando con Estado Nacional, el titular de la Defensoría de la Niñez sostuvo que hasta ahora, con la información que manejan, "no hay al menos denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico y otros delitos, tal como se ha hablado durante la semana".

"Hay un grupo de niños que formalmente han sido ubicado y que en definitiva también da cuenta de un trabajo coordinado de un trabajo coordinado de las instituciones competentes", dijo Quesille, quien afirmó que ahora resta tener "certezas de cuál es su situación real, si están gozando o no de los derechos de que son titulares y efectivamente ver cuáles son las brechas que el sistema de protección integral".

Instituciones del estado bajo la lupa


Este caso también dejó en evidencia un desorden estatal en la materia, algo que se debatió durante esta semana y que llevó al Gobierno de José Antonio Kast a crear una fuerza de tarea encabezada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

En la comisión de Seguridad del Senado se debatió sobre el rol del Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez y la Policía de Investigaciones por su respuesta ante las alertas de irregularidades en torno a los viajes de los menores de edad.

"Se determinó que la PDI, al momento de realizar el control migratorio no advirtió que, para el caso de cinco extranjeros de nacionalidad haitiana que llegaron al país mediante vuelos regulares, lo hicieron incumpliendo el plazo de 90 días corridos para efectuar su ingreso, contado desde la fecha de la descarga del documento denominado 'Estampado Electrónico', el que certifica la condición de residente temporal", dijo Contraloría en un preinforme enviado a Fiscalía.

Desde la PDI aseguran que sí reaccionaron a esta incongruencia y elevaron una denuncia a otras autoridades.

Hasta 2023, siete organizaciones tuvieron conocimiento de lo que ocurría con la llegada de los menores: PDI, Migraciones, DGAC, Junta de Aeronáutica Civil, Ministerio del Interior, Defensoría de la Niñez y Subsecretaría de la Niñez. Todos enviaron oficios cruzados. El tema solo se supo esta semana.