El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, expuso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados los alcances del proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades (RUV), iniciativa que busca vincular sanciones judiciales con restricciones en el acceso a beneficios estatales, incluyendo -en casos más graves- la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Durante su presentación, la autoridad fundamentó la propuesta en el aumento sostenido de incivilidades y delitos asociados al vandalismo. Citando datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), indicó que un 87,7% de la población percibe un alza de la delincuencia, mientras que un 6,6% de los hogares declara haber sido víctima de vandalismo.
A ello se suman 64.364 delitos de este tipo reportados por el Ministerio Público en 2025, lo que representa un incremento superior al 30% en comparación con el periodo previo al 18 de octubre.
En esa línea, explicó que el objetivo central del proyecto es crear un registro -administrado por el Registro Civil que consolide información de personas con sentencias firmes por conductas que afecten el orden público, la convivencia y los bienes comunes.
El subsecretario recalcó que la inscripción en este registro operará como una pena accesoria, es decir, solo se aplicará tras una sentencia firme dictada por tribunales de justicia o juzgados de policía local. Asimismo, precisó que el registro tendrá un carácter parcialmente público, permitiendo consultar si una persona está inscrita, pero resguardando los detalles de cada caso.
Respecto de las consecuencias, Pavez detalló que quienes figuren en el registro podrán enfrentar restricciones temporales en el acceso a beneficios financiados con recursos públicos, como subsidios habitacionales, becas, licencias de conducir, pasaportes y acceso a espectáculos masivos.
Sin embargo, explicó que "respecto a algunos delitos, y esto es muy importante, respecto a algunos delitos, no todos, que son los que están identificados en el proyecto de ley, se suspende o se prohíbe el acceso a la gratuidad de la educación superior y la prohibición de acceder o la suspensión de la pensión garantizada universal".
En cuanto a la duración, detalló que las personas condenadas por delitos permanecerán en el registro por cinco años, mientras que en el caso de incivilidades el plazo será de un año, con incrementos en caso de reincidencia. Una vez cumplido el periodo, la eliminación del registro será automática.
Finalmente, la autoridad subrayó que la iniciativa no busca crear nuevas conductas delictivas, sino sistematizar sanciones ya existentes y generar un efecto disuasivo. "El objetivo es que exista un registro, una circunstancia accesoria, que sancione y que además disuada la ocurrencia de estos delitos", concluyó, enfatizando que el Ejecutivo está abierto a perfeccionar el proyecto durante su tramitación en el Congreso.
