La muerte de un niño de 12 años tras una encerrona en San Bernardo generó profunda conmoción y desató una serie de reacciones políticas, luego de que el alcalde de la comuna, Christopher White (PS), solicitara la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia.
El jefe comunal lamentó el fallecimiento del menor -quien quedó atrapado por su cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros durante la huida de los delincuentes- y emplazó al Estado a reforzar la seguridad.
"Necesitamos ayuda. Hoy día, yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas, que tienen una carrera, que tienen recursos, que tienen herramientas, no nos pueden ayudar. Yo me pregunto si la respuesta es porque ellos no quieren, porque es de toda lógica que lo hagan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos ayudan?".
Asimismo, agregó: "Hoy día nosotros todos hemos tenido que ponernos detrás de esto, porque hay un solo enemigo en común que se llama crimen organizado. Y ese crimen organizado nos está pasando por encima porque no tenemos capacidad en la práctica de poder hacer seguimiento a todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si no tenemos presencia policial, ¿por qué no ocupar esa fuerza tarea como una colaboración?".
Respaldo transversal a la intervención de las FF.AA.
A partir de estos dichos, se configuró un respaldo transversal -aunque con matices- a la idea de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Desde la oposición, el diputado Ignacio Achurra (FA) sostuvo que "hay sectores como el hospital El Pino, la estación de tren, la estación de metro, que están sujetas a una vulnerabilidad que el alcalde ha considerado que sería una buena medida poder tener ahí un refuerzo militar. Esto tiene que tener una mirada política y una mirada técnica. Los propios militares, y entiendo que el propio gobierno ha señalado que no están preparados para esas funciones, que las cuestiones de orden crítico se han hecho en la frontera, en lugares muy específicos para poder resguardar infraestructura, y esta no tiene esas condiciones hoy día para para poder salir con militares, y eso se tiene que hacer con mucha responsabilidad".
Asimismo, agregó que "yo creo que hoy día el llamado es que un gobierno que llegó al poder con el discurso de la seguridad, y que en 100 días lo que ha hecho es echar una ministra, echar 2 subsecretarios, echar todos los jefes de divisiones del ministerio, requiere empezar a mostrar con medidas concretas que aquí cambió la mano y que, efectivamente, empiezan a bajar los índices de de delincuencia en el país".
En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) respaldó la preocupación del alcalde y apuntó a la necesidad de avanzar en proyectos pendientes, indicando que "este es un ejemplo de colocar discusión inmediata a 2 proyectos de ley fundamentales. En primer lugar, a las reglas de uso de la fuerza. Artículo 21 está en comisión mixta y establece que los funcionarios de franco están cubiertos de la ley Naín Retamal. Se demora una semana en hacerlo".
Además, manifestó que "el gobierno anterior tuvo 17 urgencias en infraestructura jurídica, ya aprobado por la cámara, el 3º trámite constitucional está en el Senado, para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en materia de seguridad. Pues bien, ahí duerme el sueño de los justos en el Senado, y el ejecutivo ha sido incapaz de poner urgencia a un proyecto de ley que permite que las FF.AA. colaboren en materia de seguridad en infraestructura crítica sin colocar garantías individuales. Esa herramienta la tienen aquí, basta confirmar y colocar discusión inmediata".
"Por eso apoyamos al alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien ha insistido en que las FF.AA. deben colaborar. No solo lo dijo él, lo dijo la Cámara de Diputados, también lo aprueba el Senado, pero el gobierno no le pone urgencia", cerró.
Desde el oficialismo, la senadora María José Gatica (RN) anunció una iniciativa en la misma línea, señalando que "los chilenos merecemos vivir en paz y nuestros niños merecen crecer sin miedo. Necesitamos todas las herramientas del Estado en la calle: más ojos, más prevención, más seguridad. El control de identidad de militares no es militarización, es protección para que ninguna madre vuelva a enterrar a un hijo". Asimismo, llamó al Gobierno a tramitar con urgencia la propuesta.
Por su parte, el diputado Jaime Coloma (UDI) también abordó la propuesta del alcalde, señalando que "la verdad es que lo sucedido en San Bernardo es una más de muchas cosas que vienen pasando en el sector sur de la Región Metropolitana. El crimen organizado se ha ido movilizando desde la zona más central de la ciudad a la zona más periférica o las provincias de la Región Metropolitana".
Con respecto al uso de las FFAA, el diputado aseveró que "si hoy en día hay que analizarlo, yo por mi lado no tengo ningún problema en analizarlo en el fondo, pero también lo que significa. Tenemos que avanzar, por ejemplo, en el arreglo de uso de la fuerza, tanto para carabineros como militares. Esto es parte de un debate muchísimo más amplio, que esperemos de una vez por todas empezar a darlo, porque la verdad es que las cifras, sobre todo en la parte sur, las provincias, la Región Metropolitana, han aumentado el crimen organizado de una gran manera. Así que nuevamente yo no me cierro a analizar absolutamente nada de esto".
