Tras la muerte de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo y donde se indaga la posible participación de menores de edad, alcaldes reiteraron el llamado a dar urgencia a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Entre los jefes comunales se encuentran los alcaldes de Vitacura, Camila Merino; Ñuñoa, Sebastián Sichel; Providencia, Jaime Bellolio; San Miguel, Carol Bown; y Colina, Isabel Valenzuela, quienes pidieron tramitar a la brevedad las modificaciones a la Ley Nº 20.084 para que los jóvenes cumplan condena en un régimen cerrado.
Cabe mencionar que la iniciativa está en segundo trámite constitucional en el Senado y fue impulsada por parlamentarios de Renovación Nacional. En concreto, busca subsanar la agudización de la violencia juvenil y participación de menores de edad en delitos graves, proponiendo un marco sancionatorio más efectivo y acorde a la realidad delictual actual.
Sus objetivos son modificar el régimen aplicable a los adolescentes infractores de la ley penal al intensificar las sanciones de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y libertad asistida especial con internación parcial.
Además, entre otras, se busca adecuar las reglas para la determinación de la pena aplicable a mayores de 16 años, incorporar reglas procesales para la resolución que dispone la internación provisoria en régimen cerrado, e impedir configurar la atenuante de irreprochable conducta anterior por delitos cometidos por menores de 16 años.
Por su parte, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli) mencionó que "aquí estamos un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana reunidos para pedirle al Gobierno y al Congreso que haga una modificación urgente de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Lo sucedido en San Bernardo es muy terrible (...) pero esto podría haberse prevenido si hubiéramos reaccionado más rápido, de tener un sistema que no promueva la impunidad".
"Hoy día vemos que los menores lamentablemente están cometiendo delitos cada vez más violentos y son detenidos, son juzgados, condenados, pero no tienen una pena en un régimen cerrado. Y eso tenemos que cambiarlo. Esto es urgente. Nosotros, en el caso de Vitacura, tenemos el 70% de los delitos cometidos por menores de edad y vemos que en muchos casos son detenidos y quedan en libertad y siguen cometiendo delitos aún más violentos. No queremos lamentar muertes", mencionó.
Agregó que "hoy día tenemos un sistema de reinserción que no está funcionando y que para el caso de los delitos violentos tiene que ser en un régimen cerrado (...) el juez tiene la libertad de definir qué pena le impone y puede ser libertad asistida especial, régimen semi cerrado o cerrado. Y la libertad asistida especial, que es la mayoría de los casos la que elige el juez, lamentablemente lo que hemos visto en muchos casos es que al día siguiente vuelve a ser un delito más violento".
"Hay que ponerle un freno a la violencia. Estos jóvenes al final están delinquiendo porque saben que no tienen ni una pena", cerró Merino.
En tanto, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind.), mencionó que "aquí lo que está pasando con la tragedia que ocurrió en San Bernardo era crónica de un desastre anunciado. Hemos dicho que el Estado falló, el problema es que, ¿la falla del Estado la paga quién? Los ciudadanos, los vecinos, sino que porque el Estado no es capaz de reinsertar ni de detener a las personas, esas personas cometen delitos no contra el Estado, sino contra ciudadanos que indefensos terminan sufriendo tragedias como las que vivimos".
Añadió sobre los menores detenidos que "la regla general es que terminan en libertad y por lo tanto, si hay un menor de edad que comete un delito con violencia, que no pueda optar a un régimen abierto. El Estado falla la reinserción pero más falla o comete una doble falla cuando lo vuelve a liberar".
Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), mencionó que "estos hechos se están repitiendo cada vez más en las comunas donde tenemos mucha afluencia permanente todos los días. En el caso de Providencia tenemos muchos hechos en donde menores de edad participan robando un auto, luego con ese van y hacen otro robo y luego hacen otro portonazo y para atrás pueden quedar muchísimas familias y personas heridas".
"De verdad ellos parecería que estuvieran jugando un juego de PlayStation pero tiene que haber una diferencia entre el juego y la realidad y la realidad es que tiene que haber consecuencias cuando ocurren estos crímenes (...) La señal tiene que ser muy clara. Los delitos y los crímenes violentos no pueden quedar en la impunidad. Y una manera en la cual no queden en la impunidad es que justamente los menores de edad hoy día, cuando cometan estos delitos, no sea optativo para el juez dejarlo en este régimen abierto", apuntó el jefe comunal de Providencia.
Asimismo, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI), mencionó que "necesitamos esas medidas urgentes, necesitamos programas de reinserción permanentes que se evalúen y que sean efectivos (...) pero además no permitir que salgan si es que eso no está comprobado. Y adicionalmente, y esto lo ha señalado el Ejecutivo y creo que es algo que debe ponerse celeridad también, es aumentar las penas o agravar o que hayan agravantes cuando un adulto participa con menores en la comisión de este tipo de delitos".
La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela (UDI), mencionó que en la comuna "lamentablemente hemos sido víctimas de este tipo de delitos, delitos de portonazos, de turbazos, pero además y en algunos con casos de muerte, de los cuales el 80% de los delitos que nosotros hemos tenido en Colina son de menores de edad. Y una de las cosas que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo hoy día el trabajo del Ejecutivo con el Poder Judicial pero además también con el Parlamento".
"La única solución que nosotros hemos visto es que hoy día la condena sea en lugares cerrados para que podemos evitar y tratar de no tener esos delincuentes en la calle", cerró Valenzuela.
