Tras el rechazo de la cuestión previa impulsada por la defensa de Nicolás Grau, la Cámara de Diputadas y Diputados abrió este lunes el debate de fondo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda.
En la instancia, el diputado republicano Benjamín Moreno, uno de los impulsores del libelo, defendió la existencia de incumplimientos en materia de probidad y transparencia fiscal, mientras que el abogado Patricio Zapata sostuvo que la acusación carece de fundamentos jurídicos suficientes y que su principal argumento se ha ido debilitando con el paso de las semanas.
Defensa de los firmantes
El diputado Benjamín Moreno, firmante de la acusación constitucional, afirmó que los principios invocados en el libelo no constituyen meras formalidades, sino reglas esenciales para el funcionamiento del Estado. En ese sentido, sostuvo que "lo más grave es lo relativo a los deberes de probidad y transparencia establecidos en el artículo 8 de la Constitución".
En segundo término, recalcó que la acusación no busca dirimir diferencias de criterio económico, sino revisar hechos concretos vinculados a la ejecución presupuestaria. "No estamos juzgando el precio del cobre, ni el tipo de cambio, ni el ciclo económico", afirmó, insistiendo en que el foco está puesto en el cumplimiento de obligaciones legales y en la información fiscal entregada al país.
Asimismo, defendió que incluso bajo los estándares más exigentes discutidos en la comisión, la acusación cumple los requisitos jurídicos y políticos necesarios. En ese contexto, citó doctrina expuesta en la instancia y señaló que deben existir hechos imputables, deberes infringidos y un juicio sobre su gravedad, concluyendo que "esa es la esencia de una acusación constitucional".
Moreno también acusó que la defensa intenta fragmentar los antecedentes para reducir su alcance, cuando, a su juicio, existe un patrón claro. Entre ellos mencionó pagos postergados, brechas de financiamiento y una situación fiscal más deteriorada de lo informado, agregando que "cuando se observan de manera agregada, muestran un patrón".
En esa misma línea, aludió a casos específicos como la gratuidad universitaria y subvenciones escolares, cuestionando retrasos en su pago y los efectos que estos habrían tenido sobre distintas instituciones. Afirmó que estas situaciones reflejan incumplimientos normativos dentro del sistema presupuestario e insistió en que no se trata de decisiones discrecionales, sino de obligaciones legales cuya postergación genera consecuencias concretas.
Finalmente, sostuvo que la magnitud y reiteración de los hechos comprometen la transparencia fiscal y la fe pública. En ese sentido, advirtió que relativizar estos incumplimientos debilitaría el estándar institucional del país y concluyó que "cuando se compromete la fe pública fiscal del Estado, esta Cámara tiene el deber de actuar".
La defensa de Zapata
Posteriormente, y tras una exposición de una hora y 15 minutos, la defensa del exministro Nicolás Grau, encabezada por el abogado Patricio Zapata, centró su intervención en justificar la pertinencia de la cuestión previa como un mecanismo legítimo dentro del proceso. En ese sentido, enfatizó que esta herramienta "no es un relleno, no es una mera formalidad", sino que existe para que la Cámara "vele por la seriedad de las acusaciones constitucionales" antes de entrar al fondo.
Zapata recalcó que su presentación no buscaba limitar las facultades del Congreso ni generar espacios de impunidad. Sostuvo que "nada de lo que se va a decir tiene por objeto frenar las facultades fiscalizadoras" y agregó que la acusación constitucional "en sí misma no tiene nada de ilegítimo", aunque debe ejercerse con responsabilidad y rigor institucional.
Asimismo, insistió en que este procedimiento debe entenderse como un juicio, con garantías claras, y no como un trámite político. "Es un juicio especial, pero es un juicio", afirmó, advirtiendo que "acusar a alguien no es liviano" y que la Cámara no puede actuar como un "buzón para después que el Senado decida", sino que debe asumir su rol de filtro.
En esa línea, argumentó que uno de los principales problemas del libelo es la falta de acreditación de culpabilidad. "La culpabilidad supone reproche", explicó, señalando que no basta con que hayan ocurrido hechos cuestionables, sino que debe demostrarse que el acusado actuó con conocimiento de sus actos o incumplió conscientemente sus deberes.
Zapata también cuestionó el fundamento central de la acusación, afirmando que este se habría debilitado con el tiempo. En particular, sostuvo que el argumento sobre la supuesta omisión de US$10.500 millones "se ha desvanecido" y que la controversia apunta en realidad a proyecciones futuras, más que a una manipulación de datos efectivos.
El abogado indicó que la acusación presenta "problemas serios" desde su origen, al punto de no cumplir, a su juicio, los requisitos mínimos para avanzar. "No reúne las características suficientes ni para que esta corporación dedique las próximas horas a discutir", afirmó, defendiendo que la cuestión previa debía acogerse para evitar la tramitación de un libelo que consideró "no apto o idóneo para continuar".
Finalmente, respondió directamente a los argumentos de los acusadores y aseguró que "esta cuestión de las proyecciones es el centro de la acusación. Lo fue desde el día uno".
Añadió que "ya es muy tarde para que los acusadores cambien la acusación. Aquí se viene a explicar y defender la acusación, no a cambiarla", para luego sostener que la evidencia reunida durante el debate habría debilitado severamente el principal fundamento del libelo. A su juicio, la acusación "no le queda otra cosa que cambiarse de caballo".
