El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind.), reiteró el llamado a dar urgencia a la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y apuntó que "el fracaso de la política de reinserción no puede ser pagado por los ciudadanos".
Esto, luego de que se conociera que entre los imputados por la muerte de un niño de 12 años en la encerrona en San Bernardo hay dos adolescentes de 17 años, uno de 18 y otro de 20.
En conversación con Tele13 Radio, Sichel mencionó que "el dolor de que un papá o un niño de 12 años pueda morir así es trágico. Pero hay un doble dolor de los que somos alcaldes, de saber que esto es crónica de una tragedia anunciada (...) En Ñuñoa son la mitad de los delitos violentos que tenemos. En Vitacura, me contaba Camila Merino, que es la que ha liderado este tema, el 70%. En San Miguel, el 60%".
"Lo que vemos es que los tours delictuales, los turbazos, los portonazos, los cometen en menores de edad. ¿Y qué nos está pasando? Que, la verdad, los conocemos. Sabemos quiénes son, van y vuelven, los vemos todos los días en las cámaras de seguridad, los atrapan los carabineros y vemos que salen a la calle de vuelta", relató.
El alcalde es uno de los que ha llamado a dar urgencia a la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que se encuentra en segundo trámite en el Senado, y mencionó que "cuando se cambia la Ley de Responsabilidad Penal adolescente, empieza a pasar una tragedia que es que, básicamente, la tendencia, el 95% de los casos, es que tienen regímenes semi cerrados de detención. Entre los 14 y 17 años, van donde el juez de Garantía, el juez de Garantía dice que usted va a tener un régimen semi cerrado, que en la práctica es que los llaman para hacer control de dónde están, y vuelven a cometer delitos y saben que son inimputables, finalmente".
"Además, se les limpia los antecedentes penales cuando cumplen 18 años. Entonces, es el mundo ideal para cometer delitos si ya tienes alto compromiso delictual. Sabes que la pena baja, sabes que vas a estar en un régimen abierto, y sabes que cuando cumplen 18 años, se te hace un borrón y cuenta nueva en términos jurídicos", mencionó.
A su juicio, "lo que tenemos hoy día es una tragedia. Yo escuchaba al ministro Arrau con dolor y decía que aquí falló el Estado. Tiene razón. Pero el problema es que las fallas del Estado no las paga el Estado. Las pagan los ciudadanos, como estas familias que sufren estos portonazos, y no corregimos este error".
"Hay un proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que propuso el actual senador Longton cuando era diputado, que soluciona esto de una manera bien simple: que los delitos con violencia contra las personas o contra la propiedad tengan regímenes cerrados de detención, mientras el Estado arregla su problema de reinserción social. Pero el problema es que el fracaso de la política de reinserción no puede ser pagada por los ciudadanos", mencionó.
Sichel apuntó que "el problema hoy día es que en esta especie como de buenismo, la lógica de que la reinserción funciona si está afuera, no funciona. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer, es primero que tengamos un régimen cerrado, y después mejorar las políticas de reinserción, pero el Estado podría absorberlo".
