Con 100 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto que sanciona el ocultamiento de identidad en manifestaciones y delitos, iniciativa conocida como ley "antiencapuchados". Con ello, la propuesta avanzó a su segundo trámite legislativo en el Senado.
Tras la votación, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el respaldo obtenido por la iniciativa y aseguró que representa un avance en materia de orden público y combate a la violencia.
"Es una buena noticia para Chile. Porque detrás de un rostro cubierto hay cobardía, violencia, destrucción y búsqueda de impunidad. El que se cubre para atacar, incendiar, saquear o agredir debe enfrentar consecuencias", afirmó.
Asimismo, el secretario de Estado hizo un llamado a los parlamentarios que votaron en contra del proyecto, señalando que "la seguridad de las familias, el respaldo a Carabineros y la defensa del orden público no debieran dividirnos, ni tener dos lecturas posibles".
En esa línea, sostuvo que el país debe avanzar hacia una postura más firme frente a los hechos de violencia. "Chile necesita dejar atrás la ambigüedad frente a la violencia. Este proyecto es un paso concreto para recuperar el orden, proteger a quienes viven honestamente y volver a poner la ley del lado de las víctimas", concluyó.
Argumentos del PC y del FA
La iniciativa fue rechazada por los parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio, quienes cuestionaron tanto el contenido del proyecto como la forma en que fue tramitado en el Congreso.
Desde el PC, el diputado Marcos Barraza sostuvo que "nadie puede sostener seriamente que los barrios, el comercio, el transporte público o quienes se manifiestan pacíficamente deban quedar expuestos a la violencia de grupos que actúan desde el anonimato. Eso existe. Afecta la vida cotidiana y el Estado tiene el deber de responder”, afirmó. Sin embargo, agregó que "justamente porque el problema es serio, la respuesta legislativa no puede ser improvisada, desproporcionada ni simbólica".
En esa línea, cuestionó que "si el problema es que no se logra identificar a los responsables, subir la pena no resuelve la identificación, no mejora la investigación, no fortalece la persecución penal, solo agrava la sanción de quien ya fue identificado", sostuvo. Asimismo, advirtió que "el derecho penal no puede transformarse en una competencia por ver quién propone la pena más alta" y que "la seguridad democrática exige eficacia, pero también proporcionalidad".
Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia (FA) afirmó que "quienes cometen delitos en el contexto de una manifestación o de un evento masivo, escondidos detrás de una capucha, deben responder. En eso no hay discusión”, sostuvo. Sin embargo, cuestionó el proyecto original impulsado por parlamentarios del PDG y priorizado por el Ejecutivo, señalando que “abría la puerta a la arbitrariedad" y que las críticas fueron advertidas por la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, el INDH y los propios Carabineros.
Asimismo, criticó el desarrollo de la discusión legislativa y acusó que “se cerró el debate impidiendo que pudiéramos siquiera escuchar a expertos que probablemente seguirían hundiendo el texto priorizado por el Gobierno”. A su juicio, la iniciativa finalmente aprobada “carece de un bien jurídico definido al confundir seguridad pública con orden público” y resulta “absolutamente desproporcionada”. En ese contexto, concluyó que “la ciudadanía exige seguridad, pero eso no se logra con improvisación ni con aumentos simbólicos de penas; se logra con buenas leyes, coherencia y persecución penal efectiva”.
