Las repercusiones por el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucionales cuatro artículos del proyecto de Escuelas Protegidas, llegaron este jueves a la Comisión de Educación del Senado, donde los senadores Rojo Edwards (IND-RN) y Yasna Provoste (DC) protagonizaron un duro intercambio respecto del rol del organismo.
El primero en intervenir fue Edwards, quien señaló que "esto es un fallo tremendamente político. Yo quiero ver cómo se va a justificar esto en términos constitucionales. El Tribunal Constitucional no puede ser una tercera cámara política. Es evidente que el fallo del Tribunal Constitucional le gusta a un sector político a rabiar".
"Voy a mantener que esto es un fallo, y esto es una apreciación política, prodelincuentes y pro violencia, y es un fallo autoritario porque pretende deshacer materias que fueron perfectamente discutidas, que son claramente constitucionales y que son absolutamente pedidas por la gente de poder vivir tranquilo en un país en que realmente tenemos una crisis de inseguridad tremenda", afirmó.
Las declaraciones provocaron la inmediata respuesta de la senadora Yasna Provoste, quien reprochó las críticas dirigidas al organismo, recordando que aún no se conoce el texto íntegro del fallo. "El colega Edwards, al inicio de la sesión, hace comentarios respecto de un órgano como el Tribunal Constitucional, que precisamente tiene como propósito y misión fundamental cautelar el más absoluto respeto a nuestro orden constitucional. Y lo señalo porque, además, hasta este momento no se ha conocido la redacción del fallo", sostuvo.
La parlamentaria recordó, además, que en distintas oportunidades ha recurrido al Tribunal Constitucional, obteniendo resultados tanto favorables como adversos, sin cuestionar por ello la legitimidad de sus integrantes. "Cuando he perdido jamás se me hubiese ocurrido emitir comentarios como jueces activistas o decir que aquí había una organización política o ideológica. Hoy día eso es ley de la República", señaló, aludiendo a un caso ocurrido durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Provoste también aseguró que "nosotros queremos orden, pero orden con Estado de Derecho; el problema es que aquí hay quienes quieren orden sin Estado de Derecho. Y cuando quieren orden sin Estado de Derecho, por suerte que exista un Tribunal Constitucional que les diga una y otra vez que tienen que respetar la Constitución".
Asimismo, acusó que parte de los cambios se definieron fuera de la discusión formal de la comisión. "Hicieron un cuarto oscuro en la sala adjunta, donde se sumaron senadores que ni siquiera participaron del debate de la comisión. Esos senadores lograron influir para que los temas que habíamos discutido democráticamente aquí los borraran con el codo", sostuvo.
Finalmente, la senadora defendió el rol del TC y aseguró que el requerimiento presentado no buscaba frenar el avance de la iniciativa. "Aquí no estamos frente a jueces activistas ni frente a una discusión política ideológica, sino frente al funcionamiento normal de las instituciones democráticas y de los mecanismos de control constitucional que existen precisamente para asegurar que las leyes respeten los derechos y las garantías de todas las personas. La seguridad de las escuelas es una prioridad para nosotros, pero también lo es el respeto al Estado de Derecho, y ambas cosas son perfectamente compatibles", concluyó.
Cordero llama a no convertir al TC en un "aliado político"
A las reacciones también se sumó el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien llamó a la oposición a actuar con cautela tras el fallo del Tribunal Constitucional. En conversación con La Segunda, sostuvo que la resolución del organismo delimitó el alcance del proyecto, ya que "en rigor mantiene la severidad en el sistema educacional sin contagiarlo del régimen de persecución penal".
Consultado sobre la posibilidad de que la oposición recurra con mayor frecuencia al TC ante su minoría en el Congreso, Cordero enfatizó que el organismo cumple un rol institucional y no político. "El Tribunal Constitucional tiene una condición de árbitro institucional", afirmó, agregando que no corresponde entenderlo como un actor dentro de la disputa política.
En esa línea, advirtió que "la oposición debe tener cuidado de creer que el tribunal va a ser un aliado político". Consultados por Emol respecto de estas declaraciones, desde la oposición optaron en su mayoría por no emitir comentarios.
No obstante el diputado José Montalva (IND-PPD) sostuvo que "a lo señalado por el exministro Cordero, yo agregaría también que el gobierno no piense que van a ser aliados políticos del Tribunal Constitucional o que el Tribunal Constitucional va a dejar de hacer su trabajo. El trabajo del Tribunal Constitucional es ajustar las normas a la constitución vigente, y eso es lo que hemos hecho como oposición, llevar a cabo los requerimientos cuando no se está cumpliendo con lo establecido ahí".
