En el Centro de Justicia, ayer, el Ministerio Público formalizó y obtuvo la prisión preventiva de
dos imputados por el delito de tráfico de migrantes de nacionalidad haitiana: "Principalmente menores de edad, desde Haití a República Dominicana para luego viajar a Chile, coordinando para ello pagos que se realizaban desde la Región Metropolitana, por parte de familiares de las víctimas que se encontraban en esa ciudad".
Así lo explicó en audiencia el
fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, quien, durante la misma jornada, seguía atento las diligencias en la causa que investiga sobre el presunto ingreso irregular de niños de ese país y que fue denunciado por la Contraloría en el informe 541-2025. Había encargado a la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana, Britrap, el allanamiento de las oficinas de la empresa que coordinaba viajes desde Haití a Chile,
Ciarana Servicios Integrales SpA.La entrada y registro fue autorizada por el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, gracias a los antecedentes que la fiscalía detectó en la indagatoria de la red de tráfico de migrantes que formalizó ayer. Según un informe policial y otros escritos a los que accedió este medio,
existe un nexo entre ambas investigaciones, lo que sustentó la solicitud de allanamiento.Esas pesquisas que se relacionan con el hallazgo de transferencias de dinero a las cuentas de la empresa Ciarana, desde otra firma indagada por tráfico de migrantes:
Cananeen SpA.
Aquellos hechos se vinculan con la arista de lavado de activos que describió Jacir en la audiencia por la red de tráfico formalizada este jueves, ala que se le atribuyen estos delitos respecto de, principalmente, menores de edad. "Adquirió, poseyó, tuvo y usó dichos bienes, con ánimo de lucro, habiendo conocido su origen ilícito al momento de recibirlos", dijo el jefe regional, tras las imputaciones.
"Conexión financiera concreta"
En la comuna de Quilicura,
la Britrap metropolitana de la PDI realizó diligencias para concretar la orden de entrada y registro del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. En específico, en dependencias de las oficinas de la
empresa que supuestamente coordinaba viajes desde Haití a Chile: Ciarana Servicios Integrales.
El foco en la firma lo puso primero la Contraloría en su informe, pero las pesquisas se intensificaron luego que se detectaron transferencias bancarias desde la empresa Cananeen, indagada en la causa de tráfico de migrantes, en la que se identificaron cobros por los viajes. Así, l
a red obtuvo cerca de $800 millones, según la formalización de ayer.
"Ambas investigaciones se vinculan a partir de los antecedentes contenidos en el referido informe de Contraloría y del análisis bancario efectuado en el RUC N° (…). En efecto, se detectó que el 7 de mayo de 2025, desde una cuenta bancaria de Cananeen SpA, se realizaron dos transferencias", consigna la PDI, y se detalla que "estas operaciones permiten establecer una conexión financiera concreta entre una sociedad vinculada a los imputados (de la red de tráfico de migrantes) y la empresa Ciarana (informada por Contraloría)".
La misma
Contraloría describió los hechos en torno a Cianara: "Se hace necesario dejar constancia que, durante la presente investigación, se presentó ante este organismo contralor una persona de nacionalidad haitiana, manifestando que obtuvo el permiso de reunificación familiar para su cónyuge y su hijo menor de edad, por lo cual adquirió pasajes para que ambos viajaran a Chile a través de la empresa Agencia de Viajes 'Ciarana Servicios Integrales SpA', mostrando documentos que dan cuenta que pagó a la misma la suma de $3.500.000. No obstante, cuando sus familiares fueron a abordar el vuelo, en el aeropuerto de Haití, se detuvo a su cónyuge, ya que en la nómina de pasajeros ella aparecía a cargo de 5 NNA (niños, niñas y adolescentes), siendo acusada de tráfico de menores. Cabe hacer presente que lo planteado en este punto corresponde a una constatación de un hecho, el cual fue informado por esta entidad de control al Ministerio Público".
"Urgencia" por riesgo de ocultamiento
Las diligencias para el allanamiento de Ciarana, en dos domicilios en Quilicura tenían carácter de urgente. Y así lo comunicó el fiscal Jacir ante tribunales, en medio de las formalizaciones.
El juez Álvarez tuvo en consideración los argumentos expuestos por el persecutor para agilizar las pesquisas y autorizar la entrada y registro.
La "urgencia" se fundó en el "riesgo de ocultamiento" y hasta posible "eliminación" de antecedentes, "atendida la conexión entre ambas investigaciones".
Es así que finalmente el juez de garantía dio luz verde al allanamiento con una vigencia de 24 horas desde el mediodía de ayer sobre evidencias físicas y digitales. También, documentación contable y dinero que pudiera haber en el lugar.
