Con el Plan de Reconstrucción encaminado a convertirse en ley antes de que termine julio, el Gobierno ya prepara la siguiente etapa de su agenda legislativa. Tras la tramitación de esa iniciativa, el Ejecutivo pondrá el foco en una batería de proyectos laborales y de seguridad que buscará impulsar durante el segundo semestre.
Entre las prioridades figuran iniciativas para flexibilizar el mercado laboral, fomentar la contratación formal y avanzar en nuevas herramientas para combatir la delincuencia, varias de ellas comprometidas por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública.
Agenda laboral: Flexibilidad, adaptabilidad y empleo
Uno de los principales focos será la agenda laboral, donde el Gobierno pretende avanzar en iniciativas que promuevan una mayor flexibilidad y adaptabilidad del mercado laboral.
La apuesta responde al diagnóstico compartido por economistas, gremios empresariales y autoridades, quienes sostienen que la recuperación del empleo requiere crecimiento económico, incentivos a la contratación formal y una modernización de las normas laborales.
Dentro de ese paquete ya existen dos proyectos en tramitación. El primero es el Crédito Tributario al Empleo, contenido en el propio Plan de Reconstrucción, que busca facilitar la incorporación formal de más de 800 mil personas desempleadas. El segundo corresponde a las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, que contempla una implementación gradual de cuatro años y un financiamiento basado en una cotización cercana al 0,3%, compensada con una rebaja en el seguro de cesantía para evitar aumentar los costos de contratación.
A estas iniciativas se sumará el Estatuto Laboral para el Turismo, anunciado por el Presidente Kast durante su Cuenta Pública. La propuesta busca otorgar mayor adaptabilidad a una industria marcada por temporadas altas y bajas, permitiendo mecanismos que favorezcan la contratación en los períodos de mayor actividad.
La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, afirmó que "el Presidente ha dado una señal clara de que el turismo debe ser un sector clave para el desarrollo del país". Añadió que el estatuto permitirá avanzar en mejores condiciones para trabajadores y empleadores, "reconociendo la realidad propia de una industria que funciona con temporadas altas y bajas". Asimismo, sostuvo que "esto permitirá aprovechar de mejor manera los períodos de alta demanda turística, con mayor adaptabilidad y siempre con responsabilidad".
Otro de los proyectos que el Ejecutivo pretende reactivar es el que regula los contratos de trabajo por hora, iniciativa ingresada originalmente en 2018 y que recientemente volvió a tomar impulso luego de que el Gobierno le otorgara urgencia simple. El proyecto permite celebrar contratos por una cantidad determinada de horas, con un máximo de 30 horas semanales o 120 mensuales, estableciendo reglas para el aviso previo, las modalidades de contratación y las remuneraciones.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la iniciativa señalando que "la idea es reconocer que existen actividades en las que a veces la demanda fluctúa". Según explicó, el proyecto "va a permitir formalizar y dar más oportunidades a quienes más lo necesitan". Asimismo, frente a las críticas sobre una eventual precarización, sostuvo que "lo importante es que eso no ocurra, por eso hay que regularlo bien".
En paralelo, el Gobierno mantiene en estudio otras dos reformas de alto impacto: una flexibilización del cálculo de la jornada de 40 horas, ampliando el período sobre el cual puede promediarse la jornada laboral, y un nuevo sistema de indemnización a todo evento, financiado mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía.
Ambas iniciativas ingresarían al Congreso una vez sea despachado el Plan de Reconstrucción-
Seguridad: Expulsiones, flagrancia y reforma a las policías
Una vez despejado el debate por el Plan de Reconstrucción, el Gobierno también buscará acelerar la agenda de seguridad, estructurada sobre siete ejes que incluyen el control de calles y barrios, el combate al crimen organizado, la protección de fronteras, el fortalecimiento del sistema penitenciario y la consolidación de la institucionalidad en la materia.
Entre las principales iniciativas se encuentran la extensión del período de flagrancia, nuevas facultades para las policías en las primeras diligencias, un proyecto para modificar el sistema de expulsión de extranjeros que cometen delitos y el juicio oral en ausencia, además de medidas para sancionar la fuga de imputados.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo hace un tiempo en la Sala del Senado que extender la flagrancia permitirá fortalecer la primera respuesta policial, especialmente en zonas rurales.
"Va a marcar un antes y un después en esa primera respuesta ante la acción policial", afirmó. Asimismo, defendió modificar el régimen de expulsiones de extranjeros señalando que "tenemos que dejar de hacernos ciegos de un problema que otros países ya han resuelto".
A ello se suman las reformas estructurales a Carabineros, Gendarmería y la PDI, además de proyectos como la tipificación del ingreso clandestino, el robo por tumulto, la seguridad en recintos penales, las reglas sobre uso de la fuerza y el fortalecimiento de los estados de excepción. Por otro lado, también se seguirá con la tramitación del Registro de Vándalos.
"Son múltiples iniciativas, iremos ingresando más y les pido la máxima colaboración (...) para que efectivamente el clima cambie", concluyó Arrau.
