En su cuarta sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal impulsado por el Gobierno detectó más de $1,4 billones de transferencias sin acreditar a fundaciones entre 2022 y 2026, a la vez que resolvió instruir cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan de Inspección Total al Estado.
Según informaron desde La Moneda, se instruyeron investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, al detectarse antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades.
En el Ministerio del Deporte, la investigación está centrada en el Instituto Nacional de Deportes, en materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos.
En el Ministerio de Energía, la revisión será a la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos.
En el Ministerio de Agricultura, se instruyó investigar las transferencias de recursos a organismos ejecutores, revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, y el cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichos organismos.
En tanto, en el Minsal se solicitó investigar compras y contrataciones, incluyendo subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.
"Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren una revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado", dijo la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.
Transferencias a fundaciones
Por otra parte, se informó que durante el período 2022-2026 se identificaron más de $5,4 billones transferidos a fundaciones, los que debieron haber sido objeto de rendición.
De ese total, más de $1,4 billones no acreditan su rendición. Los servicios con mayor proporción no rendida son el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.
En el mismo período se crearon 177 fundaciones, las que recibieron más de $11 mil millones sujetos a rendición.
De ese total, más de $6.500 millones, es decir, cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada. Además, de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos, 79 no registran rendición alguna.
"Este dato es especialmente relevante y obliga a actuar. El Estado debe verificar caso a caso qué pasó", precisó la subsecretaria.
Además, Castillo confirmó que en los hallazgos "sí hay fundaciones que tienen relación con el caso Convenios y vamos a investigar cada una de las transferencias con los énfasis que les digo: las fundaciones creadas entre 2022 y 2026 y las fundaciones que no tienen rendición".
Hallazgos en compras públicas
Una nueva alerta detectada corresponde al uso intensivo del trato directo en distintos organismos del Estado. Se identificaron servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública, siendo los principales el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
De acuerdo con el Gobierno, se evidenció además un aumento en la utilización de distintas causales para justificar las compras por trato directo, especialmente las de "proveedor único" (el doble respecto del período anterior), "confianza y seguridad" (también el doble) y "emergencia".
Esta última causal merece especial atención, porque su uso supera en un 17% lo registrado durante el período de la pandemia del covid-19. Que el uso de esta causal sea superior al del período en que el país enfrentó una pandemia obliga a revisar los antecedentes y verificar el buen uso de los recursos, aseguraron desde el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.
Avances hasta ahora
Respecto del estado de avance de las investigaciones instruidas en sesiones anteriores, se indicó que, en el caso de la Junaeb, los antecedentes por más de $14.000 millones pagados en raciones de alimentos no entregadas ya fueron denunciados al Ministerio Público.
En el Ministerio de Transportes se ha regularizado más del 80% de los $30.000 millones heredados sin respaldo administrativo suficiente, pagando a proveedores y normalizando la cobertura de servicios de transporte tanto a nivel regional como nacional.
En el Ministerio de Ciencia, asociado a los más de $100.000 millones por incumplimientos en el programa Becas Chile y otras transferencias, se solicitó a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría y, además, se instruyó al ministerio iniciar una auditoría interna.
En el Ministerio de la Mujer, durante las últimas semanas surgieron nuevas alertas que hicieron necesario ampliar el alcance de la investigación.
