Un complejo momento judicial atraviesa el senador
Miguel Ángel Calisto (Ind.), luego de que el Ministerio Público abriera una nueva investigación penal en su contra por el presunto delito de soborno al exfiscal regional de Aysén,
Carlos Palma, imputado en el marco del Caso Audio.
Se trata de una nueva arista de la investigación por presunto fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado donde Calisto es imputado junto a otras siete personas, y el Ministerio Público solicitó para el parlamentario una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.
Los antecedentes fueron revelados por la propia Fiscalía Regional de Aysén en una audiencia que se realizó el martes pasado. En concreto, la nueva arista que complica el panorama para el parlamentario se originó por los antecedentes que aportaron los exasesores de Calisto y también imputados en la causa de fraude, Roland Cárcamo y Carla Graf.
Entre la nueva información se encuentra que se le habrían pagado $14 millones al exfiscal Palma para que pusiera fin a dos indagatorias contra Calisto, una de ellas la de fraude al fisco. Cabe recordar que Palma fue formalizado en octubre de 2025 por el delito de revelación de secretos por entregar antecedentes reservados al abogado Luis Hermosilla en 2022, en una arista del Caso Audio.
Ante esto, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, decidió abrir una nueva arista de la causa y dirigir las diligencias, que por ahora se mantienen bajo reserva.
El abogado defensor de Calisto, César Ramos, mencionó a El Mercurio que "teníamos conocimiento de la separación, pero hasta la fecha no hemos podido hacernos parte de esa investigación, pues la fiscalía la tiene bajo reserva".
"Así las cosas, resulta imposible ejercer los derechos de defensa si la fiscalía informa estos antecedentes después de que cierran la investigación y separan investigaciones a las que no podemos acceder", cuestionó.
Y añadió que "el imputado que realiza todas estas aseveraciones falsas obtiene un acuerdo con la fiscalía para salir de prisión preventiva (...) lo mínimo que se puede exigir es que se permita a la defensa pedir diligencias orientada a refutar estos dichos. Y eso es lo que las decisiones de la fiscalía están impidiendo a esta defensa".
La causa por fraude al fisco
Fue el pasado viernes que la Fiscalía Local de Coyhaique presentó una acusación por el delito de fraude al fisco contra Calisto por "asesorías fantasmas" que superarían los $100 millones defraudados.
Al respecto, el fiscal Libedinsky señaló que "el Ministerio Público acusó por delitos que tienen asignadas penas de crimen. Ello, atendido el elevado monto de lo defraudado al Fisco de Chile, que supera los 100 millones de pesos, así como el carácter de reiterado de los delitos por los cuales fueron acusados".
En ese sentido, el persecutor explicó que los antecedentes recabados durante la investigación "dan cuenta de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios, determinándose que Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el Sr. Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales".
"Se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora", concluyó el fiscal Libedinsky.
Inminente desafuero
De forma paralela a la presentación de la acusación, se ingresó una solicitud de desafuero del senador, la cual deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
En el ámbito político, lo anterior se traduce en un escenario de incertidumbre para el oficialismo, puesto que en caso de ser desaforado, se perdería uno de los respaldos que se consiguió para aprobar el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.
Cabe recordar que el año pasado Calisto ya fue desaforado cuando era diputado. En ese entonces, desde la solicitud para inhabilitarlo de sus actividades legislativas y su resolución pasaron tres meses.
Fuentes de la causa señalan que podría extenderse por ese mismo período la decisión final de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
