La exministra de Seguridad Trinidad Steinert.
Aton Chile/ Archivo.
La Contraloría General de la República emitió este jueves un dictamen respecto al actuar de la exministra de Seguridad
Trinidad Steinert, concluyendo que excedió sus facultades al pedir información a la Policía de Investigaciones (PDI), a pocos días de asumir su cargo.
El dictamen responde a requerimientos de los diputados
Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Tatiana Urrutia (FA).
En el fallo del organismo, se señala que la ministra pidió a la PDI -a dos días del cambio de Gobierno-, "un informe detallado respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada y que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público".
Asimismo, sostiene que el requerimiento para que la PDI informe las razones de la reasignación de funcionarios que realizaban labores investigativas se ajustaría, en principio, a las facultades de fiscalización y solicitud de información que la ley entrega al Ministerio de Seguridad Pública.
Sin embargo, se precisa que "es necesario puntualizar que en el precitado oficio no sólo se pide informar en general sobre estas materias sino que, además, la exautoridad requiere que se adjunte la nómina detallada (nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita), así como la denominación y la materia a que dicha causa se refiere, y se hace y se hace afirmando expresamente que ese personal participaba en tales investigaciones".
Además, según el dictamen, el oficio requería el fundamento de esos traslados y que se informara la región, unidad de destino y cargo actual que desempeña cada uno de los funcionarios. "(También pedía) que se remitan los antecedentes disciplinarios o penales y la copia íntegra de cualquier denuncia administrativa, sumario interno o denuncia penal que hubiere sustentado lo que califica como 'remoción' de los mismos".
Por ello, Contraloría determinó que "la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención".
Salida de subdirectora de la PDI
El organismo además se refirió a la consulta del diputado Pinilla sobre la desvinculación de la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, quien dejó la institución tras 36 años de servicio.
Ante ello, expresó que el "acto que fue cursado por esta Contraloría General el 10 de abril de la anualidad en curso, por ajustarse a derecho".
Sobre la legalidad de la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del MSP, la Contraloría explicó que ésta "depende directamente de la máxima autoridad ministerial del ramo (...) Así, la eventual supresión de tal unidad estratégica o el cambio de su dependencia directa, requiere de una norma de rango legal".
Al respecto, dijo que en una primera oportunidad, el ministerio informó en un oficio de 30 de abril, que "no se dictó acto administrativo alguno que dispusiera la disolución de la mencionada unidad".
Luego, en un oficio de 22 de junio de 2026, el ministerio indicó que "la Unidad Estratégica se mantiene bajo la dependencia directa del titular de dicha cartera y (...) se fijó su denominación como Unidad Ministerial Estratégica , estableciendo sus funciones en el marco de la referida ley".
"Cabe concluir que tal unidad se mantiene en la estructura orgánica y sigue dependiendo directamente del Ministro de Seguridad Pública, de modo que, sobre dicha materia, no se ha producido una vulneración a la citada ley N° 21.730", sentenció,.
