La labor de inteligencia policial que permitió abordar y desactivar puntos delictuales y los contactos previos con dirigentes de los campamentos Fuerza Guerrera y Agua Salada fueron claves, según las autoridades, para que el Gobierno lograra anticipadamente la restitución del primer polígono de 5,4 hectáreas contemplado en la reanudación del desalojo parcial de la megatoma de San Antonio. El miércoles en la noche, Carabineros pudo entregar a sus dueños esa superficie tras concluir el lanzamiento de un centenar de usurpadores —que finalmente optaron por dejar el terreno por su propia voluntad— y la demolición de 155 construcciones emplazadas allí en forma ilegal. Las autoridades se disponen ahora a enfrentar una fase que vislumbran más compleja en las próximas semanas, lapso en el que pretenden sumar al desalojo otras 17 hectáreas, en las que hay 333 techos y 464 personas.
