El informe de Contraloría por el actuar de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, activó una nueva ofensiva de la oposición. Sector desde donde incluso ha surgido la idea de acusar constitucionalmente a la exsecretaria de Estado. Idea frente a la cual han surgido dudas.
Según determinó Contraloría, la exministra excedió sus atribuciones y faltó a su "deber de abstención" al pedir información a la PDI sobre detectives que trabajaron en la investigación del "Clan Chen".
Ante la gravedad del dictamen, los integrantes de la oposición de la comisión de de Seguridad de la Cámara, sostuvieron esta mañana una reunión telemática para analizar el contenido de la resolución y definir los pasos a seguir.
"La primera decisión es trabajar unidos para fortalecer la institucionalidad que el Gobierno ha dañado severamente, reunirnos con los jefes de bancadas y presidentes de partidos la semana próxima, y decidir en conjunto las herramientas de fiscalización que nos entrega la Constitución y la ley orgánica del Congreso Nacional, entre las que se cuentan la acusación constitucional y la comisión especial investigadora, las que en todo caso no son excluyentes", comentó a Emol el diputado Jaime Araya (IND-PPD).
Dicha cita con los partidos podría concretarse el próximo lunes o martes. Hoy, en tanto, se conectaron al encuentro telemático los diputados Araya, Bernardo Salinas (PC-IND), Raúl Leiva (PS), Tatiana Urrutia (FA) y Patricio Pinilla (DC). Éstos últimos presentaron los requerimientos contra Steinert en Contraloría.
Sobre la posibilidad de una AC contra la exministra, el diputado Leiva sostuvo esta mañana en Tele13 Radio que " una acusación constitucional, que desde el punto de vista jurídico, como te señalaba, ya está determinada y acreditada con el informe de la Contraloría, pero es un tema que hay que evaluar, ponderar. ¿Eso sirve al clima político?, ¿permite sancionar de alguna manera? Yo en eso soy bien ponderado".
Voces en contra de la AC
La posibilidad de un libelo fue planteada ayer también por el diputado Pinilla, quien este viernes expresó que "nada puede ser descartado, porque aquí, a diferencia de otras acusaciones, es la Contraloría la que ha dicho que se faltó con un deber de cumplir la ley."
"Por tanto, solamente nos queda tomar la decisión cuál es el camino a seguir. Si el gobierno hubiese reconocido su error, si el Gobierno hubiese dicho que esto era impresentable, dando así una señal a que ningún ministro puede incumplir la ley, quizás habríamos bajado la intensidad", precisó.
La idea inquietó al oficialismo, desde donde recordaron las críticas que hizo la oposición a la contra el exministro Nicolás Grau, respecto a la utilización del instrumento.
Ante ello, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), indicó que "yo espero que las mismas voces, sobre todo de la oposición, que dijeron que no era tiempo de acusaciones, hoy día no se cambien rápidamente la chaqueta, a horas de haberse producido el resultado de la acusación del exministro Grau".
El tema también ha sido analizado por algunos parlamentarios de la oposición. Por ejemplo, el senador del PS Fidel Espinoza, escribió en su cuenta de X que "no cuenten con mi voto para seguir 'la pelotera' de las acusaciones constitucionales que nos desgastan meses, perdiendo el tiempo, cuando tenemos a nuestros compatriotas sufriendo para llegar a fin de mes y con la delincuencia desbordada. Seamos responsables y concentrémonos en los temas que aquejan a los chilenos (as)".
En entrevista con EmolTV, el senador Juan Luis Castro (PS), advirtió que "hay que ser cuidadoso y cauteloso en cuanto a que el uso de la acusación constitucional como última ratio, última fórmula de hacer valer responsabilidades, tiene que estar siempre bien ponderada y bien utilizada".
Y agregó que "la única prioridad que tendría sería para inhabilitarla de cargos públicos. No tendría otro efecto práctico".
Por ello, Castro precisó que "yo mantendría el criterio de que las acusaciones constitucionales tengan un sentido, un propósito y tengan una constatación jurídica fuerte antes de emprenderla (...) Sería ridículo que nosotros, lo mismo que criticamos en el caso Grau, lo pudiéramos repetir ahora en un caso de signo político distinto".
"Uno tiene que tener una misma doctrina para todos los casos. No puede cambiarse de caballo según si el adversario conviene o no, que me dé una facilidad para atacarlo", recalcó castro, añadiendo que "aquí tiene que haber una mezcla de racionalidad jurídica y política".
"Hay que evaluar bien las cosas como se van a seguir para adelante, porque aquí le puede tocar a la izquierda o a la derecha, le puede tocar a ex autoridades o a nuevas autoridades", apuntó Castro.
Ante la defensa del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, a Steinert, la exministra Carolina Tohá, planteó hoy que si bien "los seres humanos podemos cometer errores, pero los gobiernos no pueden bajarle la importancia a un error de este tipo y no hacerse cargo de las consecuencias que tuvo, y de la forma en que otras autoridades respaldaron estos errores. Y en lugar de enmendarlos, lo que hicieron es prestarle, digamos, todo el poder que hay detrás de un gobierno recién elegido para que esa agenda no retrocediera".
Sobre si esto amerita un libelo, Tohá dijo "se requiere una aclaración mayor. Lo que yo esperaría del Gobierno, en lugar de restarle importancia a esto, es una aclaración, Es una aclaración, que se que se, ante el país, se haga luz de este episodio tan oscuro".
Pero indicó que "son decisiones de los parlamentarios qué herramientas de fiscalización utilizan. Yo no no quisiera en eso pautearlo, pero sí decir que que hay una herramienta que claramente hoy día ha perdido su fuerza por la forma en que se ha usado de de manera descriteriada, que es la acusación constitucional. Ojalá se encuentren otras herramientas y las hay".
"Hay distintas herramientas, y y creo que es importante probar esas distintas herramientas y no seguir siempre ocupando solo esta que está muy desgastada", sentenció Tohá.
El diputado Alejandro Bernales (PL) dijo en que cuenta de X que "no estoy disponible para respaldar una nueva Acusación Constitucional. No todo cabe en una AC, y el caso del exministro Grau lo dejó en evidencia. Basta de manosear esta herramienta y convertirla en parte del show político. La ciudadanía merece seriedad, no espectáculo".
