Senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella y exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
ATON Chile.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió este viernes al dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, infringió el deber de abstención al solicitar información a la PDI sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso.
Si bien reconoció que aún no revisaba el documento en detalle, el también senador sostuvo que el pronunciamiento del organismo fiscalizador refuerza la necesidad de que las autoridades respeten estrictamente el marco de sus atribuciones.
Según varias voces cercanas al oficialismo, el senador Squella fue uno de los impulsores de la designación de Steinert.
"No he tenido la oportunidad de leerlo, pero efectivamente es muy importante que cada uno de los funcionarios públicos tenga lo suficientemente claro cuál es el contorno, cuál es el delineamiento de sus atribuciones", afirmó.
En esa línea, agregó que "creo que esto vale para todos, para todos los órganos constitucionales. Tener súper claro cuáles son las atribuciones de cada uno. Hay algunos que de repente se extralimitan, sobrepasando el principio de legalidad".
Asimismo, el timonel republicano sostuvo que "es importante que los órganos constitucionales lo tengan claro".
"No solo en este caso puntual de alguien que ya dejó su cargo, sino que en otros que yo creo que sería bueno que se pregunten internamente si es que ellos también están actuando en el contexto de las atribuciones que les da la ley", señaló.
Cabe recordar que la Contraloría emitió este jueves un dictamen en el que concluyó que Trinidad Steinert excedió sus facultades al requerir información a la Policía de Investigaciones apenas dos días después de asumir como ministra de Seguridad.
La resolución respondió a requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Tatiana Urrutia (FA). Según el organismo fiscalizador, la entonces ministra solicitó "un informe detallado respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada y que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público".
A juicio de la Contraloría, dicha actuación constituyó una infracción al deber de abstención, al involucrarse en antecedentes relacionados con una investigación cuya dirección correspondía exclusivamente al Ministerio Público.
