El debate sobre el fuero parlamentario del senador Miguel Ángel Calisto es amplio. Ello, porque ya el año pasado tanto la Corte de Apelaciones de Coyhaique como la Corte Suprema dieron luz verde a la solicitud de antejuicio del Ministerio Público; sin embargo, ello se realizó mientras Calisto era diputado. El problema: antes de la sentencia del máximo tribunal el legislador había sido reelecto, pero para ocupar un escaño en el Senado. Así, desde el Ministerio Público han planteado que al aprobarse el desafuero, el senador debió haber sido inhabilitado, pero la misma Cámara Alta ha tenido otra interpretación y el legislador continúa en su cargo. Ahora, en medio de la confusión, los persecutores buscan desaforarlo nuevamente para avanzar con la acusación, con la que intentan que Calisto cumpla 12 años de prisión por un eventual fraude al fisco. Los hechos que contempla esta solicitud son los mismos ya expuestos durante el año pasado a ambas cortes; por dicha razón, los cuatro magistrados de la Corte de Apelaciones de Coyhaique decidieron inhabilitarse. “Atendido el mérito de autos, afectándome la causal de implicancia del artículo 195 N° 8 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, ‘haber manifestado dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia’, lo que consta de la sentencia dictada por esta Corte en autos Rol N° 226-2025 (Penal), me declaro inhabilitado para entrar en el conocimiento de estos antecedentes”, dicen los cuatro escritos individuales de los ministros Pedro Castro, Natalia Rencoret, Luis Aedo y José Mora en el marco de la causa.
