"Desde la segunda formalización se aplicó un protocolo de resguardo de identidad e imagen del juez", dicen entre intervinientes del caso Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en 2024 por "Los Piratas", una célula del Tren de Aragua en Chile. La indagatoria penal ha permitido conectar el funcionamiento de esta facción no solo con múltiples plagios y homicidios, sino que también con una eventual conexión con el régimen venezolano tras un crimen por encargo de Ojeda, quien justamente es un exteniente disidente que se encontraba en calidad de refugiado en Chile. Así, las audiencias en este caso se han llevado con extrema reserva, extendiéndose dichas medidas hacia los jueces. Pero no es el único caso, según publicó este medio durante el pasado jueves. En la causa de otra de las facciones de la organización internacional, el "Tren del Mar", los magistrados han contado con medidas de protección especiales en el resguardo de su identidad. Para la exdirectora ejecutiva del Ministerio Público, Francisca Werth, "los motivos se justifican en torno a las posibles represalias que puedan tomar los grupos organizados contra los jueces, cuando los que son juzgados pertenecen a grupos criminales organizados". Y asegura que este tipo de situaciones "se ha dado en terrorismo y drogas". En tanto, el exfiscal José Villalobos evalúa que la medida se basa en "el poder que ha adquirido el crimen organizado y cómo la información de las personas en general es de fácil acceso".
Lee la nota completa en
El Mercurio.
