Esta semana, en el inicio de la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) ingresaron un paquete de 22 indicaciones con las que buscan modificar parte importante del articulado ambiental de la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Las propuestas apuntan a endurecer las exigencias para proyectos de acuicultura, limitar algunas de las normas de simplificación ambiental contenidas en la reforma, reforzar las facultades de fiscalización y ampliar los mecanismos de participación y reclamación ciudadana dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Detalle de las indicaciones
Uno de los principales cambios propuestos busca extender de seis a dieciocho meses el plazo para que la Administración pueda invalidar actos administrativos, modificando el artículo 53 de la Ley N° 19.880. Asimismo, los parlamentarios plantean que toda relocalización de concesiones acuícolas deba ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando corresponda y presentar un plan de abandono y cierre.
En esa misma materia, las indicaciones establecen que no podrán considerarse como un simple "ajuste cartográfico" aquellas modificaciones que aumenten la superficie o capacidad productiva de una concesión, incorporen nuevas especies o acerquen las instalaciones a áreas protegidas. Además, proponen impedir que una misma concesión pueda acogerse más de una vez a este mecanismo excepcional.
El paquete también incorpora obligaciones permanentes para la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Entre ellas, informar anualmente al Congreso sobre las solicitudes de relocalización y ajustes cartográficos, detallando su ubicación, especies involucradas, cercanía con áreas protegidas y fundamentos técnicos de las decisiones adoptadas. Paralelamente, se plantea que el organismo impulse un plan para trasladar fuera de áreas protegidas las concesiones de acuicultura actualmente emplazadas en esos lugares, reportando periódicamente sus avances.
Otra de las modificaciones relevantes propone declarar la caducidad de las concesiones acuícolas que permanezcan sin uso efectivo por más de seis años, mediante un procedimiento iniciado de oficio por la Subsecretaría de Pesca.
En materia ambiental, los senadores buscan acotar varios de los cambios introducidos por el Ejecutivo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre otras materias, proponen precisar que las modificaciones a proyectos ya aprobados solo puedan quedar exentas de una nueva evaluación cuando correspondan efectivamente a mejoras tecnológicas que no generen impactos ambientales adicionales ni aumenten la magnitud de los ya autorizados.
Las indicaciones también fortalecen las posibilidades de reclamación administrativa. En concreto, permiten que no solo los titulares de proyectos, sino también los participantes del proceso de participación ciudadana y cualquier persona con interés legítimo puedan recurrir contra resoluciones de calificación ambiental favorables. Asimismo, restringen algunas de las limitaciones que el proyecto establecía respecto de los recursos administrativos e invalidaciones.
En paralelo, los parlamentarios proponen suprimir íntegramente varios artículos del proyecto, entre ellos los artículos 12, 13, 14, 15 y 16, además de eliminar normas transitorias incorporadas por el Ejecutivo y modificar las reglas sobre medidas cautelares ante los Tribunales Ambientales, estableciendo plazos, criterios para su renovación y mecanismos de apelación.
Finalmente, el documento incorpora una indicación adicional destinada a modificar las normas sobre fiscalización ambiental de los centros de cultivo, estableciendo que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura sea el encargado de elaborar la información ambiental requerida para verificar el cumplimiento de la normativa, con cargo a los titulares de las concesiones.
