La publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto Escuelas Protegidas, reactivó el debate político luego de que se conociera el detalle de cómo votó cada uno de sus ministros.
El fallo dejó en evidencia el rol clave que tuvo la actual presidenta del organismo, Daniela Marzi, cercana al Frente Amplio, cuyo voto dirimente fue decisivo para declarar inconstitucionales tres de las normas impugnadas.
A partir del próximo viernes, sin embargo, la presidencia del TC será asumida por la ministra María Pía Silva, identificada como cercana a la Democracia Cristiana, quien pasará a ejercer el voto dirimente en caso de empate.
En las tres materias que terminaron definiéndose por esa vía -entre ellas la revisión de mochilas de estudiantes sin autorización de un fiscal y el nuevo criterio de admisión escolar vinculado a sanciones por convivencia- se produjo un empate entre los ministros. Marzi, junto a Nancy Yáñez, Catalina Lagos, Alejandra Precht y María Gómez, votó por acoger los requerimientos de inconstitucionalidad, mientras que Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery, Marcela Peredo, María Pía Silva y Raúl Mera respaldaron la constitucionalidad de las normas. El voto dirimente de Marzi terminó inclinando la balanza.
La difusión del detalle de las votaciones generó inmediatas reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo.
Reacciones desde la oposición
Desde el Frente Amplio, la jefa de bancada e integrante de la Comisión de Educación, la diputada Emilia Schneider, sostuvo que "el razonamiento detrás del fallo del Tribunal Constitucional ratifica algo que hemos señalado en diversas oportunidades. Esto es un estrepitoso fracaso del Ministerio de Educación y del gobierno del Presidente Kast en su conjunto por tratarse del primer proyecto de su autoría que se presenta al Congreso Nacional".
Asimismo, afirmó que "la mayoría de los argumentos que expusimos como diputados y diputadas fueron acogidos. Dichas normas fueron declaradas inconstitucionales con una amplia mayoría". Sin embargo, agregó que "esto no es un motivo para alegrarse, porque quienes salen perdiendo son las comunidades educativas que no tienen una respuesta seria de parte de este gobierno para enfrentar la inseguridad en sus establecimientos".
En la misma línea, la diputada Daniela Serrano (PC) sostuvo que "lamentablemente, es este gobierno quien no ha respetado la institucionalidad y los tiempos de la cámara. En muchos momentos le dijimos al gobierno, específicamente al Ministerio de Educación, que el proyecto de escuelas protegidas era un proyecto inconstitucional. Lamentablemente, no hicieron caso. Cuando hacemos reservas de constitucionalidad, cuando nosotros traemos este debate, es para hacernos responsables. Y acá, como ustedes bien lo ven, estamos tomando decisiones en conjunto".
El diputado Juan Santana (PS), en tanto, afirmó que el fallo también marca un precedente respecto de otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. "Se genera un precedente en el proyecto Escuelas Protegidas respecto a la posibilidad de que personas puedan acceder a derechos sociales", sostuvo, agregando que ello podría proyectarse a debates como el Registro de Incivilidades, la reforma de responsabilidad penal adolescente y la invariabilidad tributaria.
Reacciones desde el oficialismo
Desde el oficialismo, en cambio, las críticas apuntaron al Tribunal Constitucional y al peso que tuvo el voto dirimente de su actual presidenta.
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), aseguró que "la UDI es respetuosa de los fallos judiciales, aun cuando no compartimos la decisión que se haya tomado". A su juicio, "este fallo, en definitiva, está dando carta blanca para que los overoles blancos sigan operando en la más absoluta impunidad". Añadió que "es una pésima señal, porque los overoles blancos se han caracterizado por ser violentistas que están destruyendo los establecimientos educacionales en nuestro país".
Por su parte, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que "con el fallo conocido hoy, se confirma sesgo ideológico y necesidad de reforma constitucional para viabilizar voluntad soberana de millones de chilenos que permita nuevo trato en seguridad".
En la misma línea, el senador Rojo Edwards (Ind.-RN) afirmó que "el Tribunal Constitucional no puede pretender sustituir al Congreso Nacional. Su función es ejercer justicia constitucional, no actuar como legislador ni transformarse en una tercera Cámara. La ideologización de algunos de sus integrantes queda en evidencia en cómo la oposición la usa permanentemente en cada debate, en cada proyecto de ley para incidir en el debate legislativo”:
“Por ello, creo que se requiere estudiar una eventual reforma constitucional al sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional, de manera que quienes integren este órgano ejerzan efectivamente como jueces constitucionales y no como activistas políticos. No descartamos iniciar estudios en esa dirección”, agregó.
El diputado Pier Karlezi (PNL) también apuntó contra la composición del organismo. "Está pasando lo que era lógico que pasara. El TC está haciendo un brazo armado del Frente Amplio. La presidenta está pagando favores políticos al Presidente por dejarla en ese puesto", sostuvo. Asimismo, cuestionó los efectos prácticos de la resolución. "¿Es ilegal revisar las mochilas? ¿Es ilegal hacer todo ese tipo de cosas? (...) Paremos con las ridiculeces en Chile", concluyó.
