Contralora Dorothy Pérez.
Aton
La
Contraloría General de la República (CGR), envió al
Consejo de Defensa del Estado (CDE) una solicitud para que se investigue y se querelle ante la
filtración del documento que el ente fiscalizador envió a determinadas instituciones del Estado respecto al llamado "caso niños haitianos".
Fue el 15 de junio cuando se conoció del preinforme de la CGR donde apuntaba a desórdes administrativos e irregularidades en instituciones como la Policía de Investigaciones (PDI), subecretaría de la Niñez y Migraciones.
Ante esto, el Ejecutivo reaccionó y se convocó a una reunión urgente en La Moneda, puesto que había trascendido que 64 menores haitianos estarían inubicables.
De hecho, desde Migracioones presentaron una
denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte una denuncia penal por eventual tráfico de menores haitianos en vuelos chárter desde el país caribeño que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025.
Sin embargo, y pese al revuelo y alertas que levantó La Moneda, la PDI confirmó que
todos los niños fueron hallados y estaban en buenas condiciones. Posteriormente, el 24 de junio, la Contraloría emitió un informe final donde
confirmó que existieron irregularidades en instituciones a cargo de permisos migratorios.
La solicitud de la CGR al CDE se da en medio de las críticas al dictamen de la contralora Dorothy Pérez donde estableció que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, había excedido sus funciones al pedir un informe a la PDI que terminó con la salida de una alta funcionaria de la policía civil.
Según consignó La Segunda, hasta ahora se conoce que la Contraloría derivó el preinforme los primeros días de abril a los servicios involucrados (Policía de Investigaciones (PDI), subecretaría de la Niñez y Migraciones). De acuerdo a Reportajes de Canal 13, para poder abrilr el documento, la CGR lo despachó con un anexo cifrado que se podía habilitar con una clave que iba en un sobre sellado.
Fue el viernes pasado cuando la Contraloría pidió al CDE querellarse invocando la "defensa fiscal" para que se determine quién ejecutó la filtración.
Al solicitarlo, la propia contralora podrá ser parte de la causa y solicitar diligencias al Ministerio Público en caso de que el CDE efectivamente presente el libelo y este sea admitido por los tribunales de justicia. De esta manera, se busca perseguir el delito de revelación de secreto.
