La semana pasada, la
contralora general de la República, Dorothy Pérez, emitió este un dictamen respecto al actuar de la
exministra de Seguridad Trinidad Steinert, concluyendo que excedió sus facultades al pedir información a la Policía de Investigaciones (PDI), a pocos días de asumir su cargo.
El dictamen fue en respuesta a los requerimientos de los diputados Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Tatiana Urrutia (FA).
En el dictamen, la Contraloría General de la República estableció que "
en el precitado oficio no sólo se pide informar en general sobre estas materias sino que, además, la exautoridad requiere que se adjunte la nómina detallada (nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita), así como la denominación y la materia a que dicha causa se refiere, y se hace y se hace afirmando expresamente que ese personal participaba en tales investigaciones".
Así las cosas, la CGR determinó que la actuación de Steinert "no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones" de acuerdo al ordenamiento jurídico, y no se aviene a su deber de abstención.
El hecho provocó la defensa de las autoridades de gobierno, como el biministro Claudio Alvarado, quien salió a señalar que "todos los ministros podemos cometer algún error". No obstante, en la oposición comenzó a resonar rápidamente la idea de impulsar una acusación constitucional en contra de Steinert.
Por su parte, Steinert pidió a la Contraloría "revertir" el dictamen, argumentando errores de derecho, vulneración de su derecho a defensa y señalando que el pronunciamiento de Contraloría debilita las facultades que la ley otorgó al nuevo ministerio.
El tema, ha abierto la discusión e incluso "alertas" en torno a las atribuciones de la Contraloría en este caso, los fundamentos del fallo, e incluso algunas voces apuntan a que se debe fiscalizar a la CGR, y que "se ha sobrevalorado" el rol de la CGR en el debate público, valiéndole críticas directas hacia la propia contralora Dorothy Pérez.
"Rol sobrevalorado" y "enaltecimiento"
En la arista política, el senador y presidente del partido Republicano, Arturo Squella, acusó -en conversación con radio Agricultura- de falta de profundidad en el dictamen de Pérez contra Steinert, y planteó que "hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría (...). A mí me gustaría revisar si es que es correcto que el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona o debiéramos hablar de un órgano colegiado".
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), dijo a Radio Duna que "habría que mirar con detención lo que Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política", y transparentó que "algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones. Que lo que hizo la ministra no constituiría conflicto de interés".
Al debate también se sumaron expertos y comentaristas. El domingo, en una columna en Reportajes de El Mercurio, el rector de la UDP, Carlos Peña, planteó una serie de cuestionamientos al contenido del fallo que reprochó el actuar de Steinert, como que no se "acreditó" un conflicto de interés por parte de la exministra, que el dictamen carece de fundamentación suficiente, y que la CGR estaría invadiendo atribuciones que corresponden más bien al Congreso, al afirmar implícitamente que la exminsitra infringió la ley.
Pero Peña fue un paso más allá y apunta a poner atención a otra materia. "Desde un tiempo a esta parte, se ha ido erigiendo a la contralora en una suerte de custodia del bien público. Incluso la apelación a ella se ha transformado en una suerte de protesta, al extremo que incluso se escriben cartas al diario solicitando el auxilio de Dorothy, como esos corresponsales (y también algunos comentaristas radiales) que se atreven a llamarla coloquialmente en un elogio que es también una ironía. Pero es obvio que esa actitud que se ha ido generalizando es un error", sostiene.
Agrega que "es cosa de recordar la sátira de Juvenal, '¿quién cuida a los cuidadores?', para caer en la cuenta de que también la Contraloría (el senador Squella lo dijo entre líneas al comentar el dictamen) debe sujetarse a las normas y a los equilibrios institucionales que la obligan a respetar las competencias de los otros órganos y ser deferente, en casos limítrofes o ambiguos, con la autoridad política en vez de, como desgraciadamente ha ocurrido en este caso, hacer reproches fundándose en problemas potenciales".
Por su parte, el martes en Tele13 Radio, el columnista Ascanio Cavallo también apuntó a un "enaltecimiento" de la figura de Dorothy Pérez, recordando como gatillante de ese estatus la idea que tuvo la contralora de cruzar la información de los funcionarios públicos que habían pedido licencia médica con los registros de la PDI, para determinar quiénes habían salido del país.
Cavallo contó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le preguntó a Pérez por qué ella podía cruzar datos y a él no le había resultado posible hacerlo. "Y la respuesta de ella fue: porque yo soy la contralora y usted no", dijo el analista.
"Esto motivó risas del público, del ministro Quiroz, todo el mundo se rió, pero a mí me pareció escalofriante. O sea, que la respuesta sea esta, obligaría a ponerle un ojo muy particular a ese cargo, una especie de supervigilancia, porque no es posible que alguien tenga ese poder único en el país y no sea fiscalizable", planteó.
Quien tuvo una opinión distinta fue la presidenta del Senado, senadora Paulina Núñez, quien en Radio Inifita defendió la labor de la contralora. "Si hay algo donde nosotros debemos separar funciones, por decirlo de alguna manera, es precisamente respecto a la Contraloría (...) Una cuestión muy distinta (a la política) es que dejemos que la Contraloría haga su pega", planteó.
Agregó que "yo tengo una buena opinión de la labor que está haciendo la contralora, y claro, uno tiene que tener, más que una buena o mala opinión, silencio cuando el órgano contralor, por esencia, es nuestro país, porque si hay algo que le faltaba a Chile, es mayor control".
"Facultades incuestionables"
Según conoció Emol, la contralora ya está preparando la respuesta a la solicitud de Steinert de "reconsiderar" el dictamen, la que vería la luz durante este mes de julio.
Se trataría de una respuesta que expondrá jurídicamente los argumentos que contiene el dictamen inicial, y que despejará "cualquier duda" respecto de materias que han sido cuestionadas en las últimas semanas, como la independencia y facultades de la propia Contraloría.
Sobre esto último, las fuentes enfatizan que la postura es clara: "las facultades de la Contraloría son incuestionables", y que existe jurisprudencia previa aplicada en otros casos, es decir, no se ha "innovado" en nada.
Por eso, también desestiman los cuestionamientos del mundo político respecto a presuntos apoyos hacia un sector u otro, y comentan que solicitudes respecto a más vigilancia a la labor de la Contraloría o incluso que se hable de un órgano colegiado, no son nuevos.
Otros dictámenes controversiales
El caso del dictamen contra Steinert no es el único que ha causado controversia durante la administración Pérez en la Contraloría.
El pasado 1 de julio, Codelco presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo económico contra el organismo que encabeza Dorothy Pérez, al que acusa de imponerle una exigencia "completamente inédita" que, afirmaron, obstruye el desarrollo normal de sus actividades empresariales.
El conflicto se desató por el negocio del litio, luego que Codelco se asociara con Quiborax para formar "Minera Ascotán SpA" y desarrollar un proyecto de litio en el Salar de Ascotán, en Antofagasta. El 22 de abril de este año, la contralora cuestionó que Codelco no hubiera sometido a control previo la constitución de la sociedad.
También hubo controversia a raíz de la solicitud que hizo la Contraloría al Ministerio de Salud (Minsal), cuando en noviembre de 2025 el ente fiscalizador pidió a la Subsecretaría de Redes Asistenciales -liderada en ese entonces por Bernardo Martorell-, un listado de niños, niñas y adolescentes (NNA) que eran usuarios del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y el programa trans. Esto generó que varios usuarios recurrieran a tribunales, alegando vulneración de privacidad.
En Antofagasta, la justicia falló a favor de la Contraloría, y los requirientes apelaron. No obstante, el pasado 2 de julio la Corte Suprema ratificó el fallo y respaldó las facultades de la Contraloría para requerir información. Distinto fue el caso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que le ordenó al ente liderado por Dorothy Pérez abstenerse de requerir al Minsal los datos relativos a los mencionados programas.
Otra molestia por una resolución de la contralora tuvo relación con la Ley Uber. Esto, luego que el pasado 11 de junio el ente fiscalizador rechazara las modificaciones realizadas por el Ministerio de Transporte a dicha ley, afirmando que "elimina, modifica y disminuye las exigencias técnicas aplicables" a los vehículos que prestan este servicio.
El dictamen también planteaba que "se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción".
De acuerdo a Ex-Ante, este hecho generó malestar en el Gobierno, que abordó el asunto un una minuta interna.
En abril, la Contraloría ordenó a la Segegob realizar un sumario y tomar medidas para evitar "comunicaciones imprecisas", a raíz del presunto "Estado en quiebra", frase contenida en un post de redes sociales de ese ministerio. Esto, en medio del debate por el Mepco, para justificar el alza de precios a los combustibles.
Sobre esto también se pronunció en mayo el rector Carlos Peña, quien en una carta a El Mercurio, titulada "El peligro de controlar el discurso", criticó que "todo esto es producto —no vale la pena ocultarlo— de haber transformado a la Contraloría en depositaria de la virtud del trabajo bien hecho, de haber abandonado, esta última, el ascetismo del comportamiento que debe ser propio de los órganos imparciales del Estado".
