En la previa de la votación en particular esta tarde del proyecto de reconstrucción, los partidos de la oposición fijaron ayer su estrategia frente al debate en el Senado, a la vez que ratificaron su ofensiva en el Tribunal Constitucional (TC).
La decisión fue tomada la semana pasada, luego de una serie de descoordinaciones y tensiones en el PS y el PPD. Intentando dar una señal de unidad, las colectividades anunciaron que recurrirán al TC por temas tributarios y medioambientales, con requerimientos de diputados y senadores.
Ese día se informó en un comunicado y por la timonel del PS, Paulina Vodanovic, que la "coordinación jurídica" de la ofensiva, quedaría a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán (DC), quien minutos antes había realizado una vocería para hablar de los reparos a la megarreforma.
Esto acompañado de otros abogados constitucionalistas, como son el diputado del FA, Jaime Bassa, el exminsitro Jaime Gajardo (PC), la abogada del PPD Leslie Sánchez y el abogado del PS Gabriel Osorio. Todos habían estado asesorando a los partidos y ahora han estado trabajando en los argumentos jurídicos de la ofensiva.
¿Qué pasó con la coordinación?
Según consignó hoy El Mercurio, Jordán habría dejado la coordinación del recurso en el TC por "razones laborales". Aunque seguiría en contacto con los otros abogados.
Consultado al respecto, el timonel de la DC, Álvaro Ortiz, explicó a Emol que "no es que haya asumido una coordinación y la haya abandonado", sino que el abogado simplemente realizó una vocería el día en que se decidió anunciar que llevarán la megarreforma al TC.
"Sigue participando en el grupo y lo que hizo ese día fue ser el vocero al salir de la reunión", acotó Ortiz.
Abogados que estuvieron en la cita con los partidos, comentaron a este medio que algunos entendieron que Jordán haría la vocería ese día, pero también sería el encargado de coordinarlos. Algo que no pudo seguir por temas personales.
Pero más allá del rol puntal, los abogados aseguran que todos siguen trabajando "colaborativamente" con reuniones, lecturas y compartiéndose informes para armar los argumentos de los requerimientos.
Lo clave, agregan, es que el proyecto termine la tramitación en el Congreso, pues la estrategia jurídica está supeditada también a la redacción final de las normas.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto volverá a la Cámara para su ratificación. En caso de rechazarse las modificaciones del primero, pasará a una comisión mixta que resuelva las diferencias entre senadores y diputados.
Como sea, una vez sea despachada la iniciativa del Congreso, la oposición cuenta con un plazo acotado de 5 días para recurrir al TC. Esto antes de que el proyecto de ley sea promulgado por el Gobierno.
