Las denuncias por convivencia escolar ingresadas a la Superintendencia de Educación
aumentaron un 122% entre 2015 y 2025, pasando de 7.705 a 17.076 casos, según la "Radiografía de la Convivencia Escolar" elaborada por Acción Educar.
Según el estudio, elaborado por la investigadora Elisa Vergara, "la convivencia y violencia escolar se han instalado como una de las principales preocupaciones del sistema educativo chileno. En los últimos 10 años, las denuncias ingresadas a la Superintendencia de Educación en el ámbito de convivencia han aumentado en un 122%, alcanzando un total de 17.076 casos en 2025 (un 22,3% más que el 2024)".
"Ese mismo año, tres de cada cuatro denuncias presentadas ante la Superintendencia estuvieron vinculadas a esta dimensión, lo que refleja el deterioro del clima escolar y las mayores tensiones que enfrentan las comunidades educativas", sostuvo.
En desglose, la mayoría se concentra en la educación básica alcanzando las 8.947 denuncias en 2025 y una tasa de 4,6 denuncias por cada 1.000 estudiantes. Sigue la enseñanza media con 4.123 denuncias (tasa de 4,1) y educación parvularia con 1.254 (tasa de 4,2).
El estudio incluyó que a nivel regional las denuncias por convivencia escolar aumentan en todas las regiones del país entre 2015 y 2025: "Si bien la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de denuncias, pasando de 3.338 a 6.431 casos en el período, los mayores aumentos en la tasa de denuncias se observan en regiones como Los Lagos (+295%), Coquimbo (+273%) y Biobío y Ñuble (+204%)".
Respecto del tipo de denuncia, "la principal categoría corresponde a maltrato entre estudiantes (58%), seguido por situaciones de maltrato de adultos hacia párvulos y/o estudiantes (39%). Esto da cuenta de que una parte importante de los conflictos reportados ocurre directamente entre alumnos dentro de los establecimientos educacionales".
El informe también analizó los casos policiales registrados en establecimientos educacionales. Entre 2017 y 2025 estos aumentaron 74%, pasando de 7.189 a 12.501 casos. Los mayores incrementos relativos se observaron en delitos relacionados con armas (388%) y en infracciones a la Ley de Drogas (160%), además de aumentos en agresiones (74%) y amenazas (64%).
Problemas en las aulas
El documento reveló que el deterioro no solo se refleja en episodios graves de violencia, sino también en las condiciones cotidianas para enseñar y aprender dentro de las salas de clases.
Según datos del SIMCE 2024, "en términos generales, estudiantes y apoderados mantienen una percepción positiva respecto del trato y de las relaciones al interior de los establecimientos educacionales", consignó el estudio.
17.076denuncias por convivencia escolar se ingresaron a la Superintendencia de Educación en 2025.
Bajo ese contexto, se mencionó que "entre los apoderados, más del 90% declara sentirse respetado por los profesores y que sus hijos son tratados y escuchados de manera respetuosa por los docentes. Asimismo, un 86% de los apoderados de II medio considera que el colegio es un lugar agradable para sus hijos (...) Los estudiantes también reportan una valoración positiva del vínculo con sus profesores. En todos los niveles evaluados, cerca de un 90% declara sentirse respetado por sus docentes y percibe preocupación por su bienestar y aprendizaje".
Sin embargo, la situación cambia en el caso de los docentes, ya que su percepción es "crítica, especialmente en la educación básica".
"Solo el 48% de los profesores de básica (4° y 6° básico) considera que existe una cultura general de respeto hacia la autoridad docente o que los estudiantes respetan las normas y decisiones pedagógicas. Aunque estas percepciones mejoran en enseñanza media (84%), persiste una brecha relevante entre la visión de docentes y la de estudiantes y apoderados respecto del clima relacional dentro del establecimiento", mencionó la investigadora.
La percepción de los estudiantes también confirma un debilitamiento de la convivencia entre pares: Alrededor de la mitad declara que sus compañeros se tratan con respeto (51%) y respetan las normas de convivencia (50%).
A ello se suma que "en promedio, un 37% de los estudiantes señala que existe un ambiente tranquilo para trabajar, un 38% que sus compañeros llegan puntualmente a clases y apenas un 29% que se mantiene el silencio necesario para aprender. Estas cifras son más bajas en enseñanza media, reflejando mayores niveles de disrupción y dificultades para sostener condiciones adecuadas de aprendizaje".
"En conjunto, estos resultados sugieren que las dificultades para sostener un clima de aula adecuado constituyen un problema transversal, aunque particularmente agudo en educación básica", concluyó la autora.
Gestión de conflictos
La gestión concreta de los conflictos aparece como un ámbito con importantes desafíos. Entre los apoderados, solo un 16% considera que el establecimiento incentiva la expresión respetuosa de opiniones; un 27% señala que se promueve la búsqueda conjunta de soluciones y apenas un 22% que se favorece llegar a acuerdos entre las partes.
La percepción de los docentes respecto de la gestión institucional de la convivencia escolar también es crítica, especialmente en educación básica, ya que "menos de la mitad de los docentes de 4° y 6° básico considera que las normas de convivencia son conocidas y aplicadas de manera justa dentro del establecimiento. Del mismo modo, solo un 43% declara recibir apoyo institucional para resolver conflictos de manera pacífica y constructiva o trabajar colaborativamente para enfrentar este tipo de situaciones". En la educación media, la cifra alcanza casi el 70%.
A modo de conclusión, la autora señaló que "frente a este escenario, resulta prioritario avanzar en la implementación de Escuelas Protegidas, ya que entrega mayores herramientas a los establecimientos para enfrentar situaciones graves de violencia y resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y equipos educativos. Sin condiciones mínimas de orden, respeto y seguridad, es difícil sostener procesos educativos efectivos".
"Asimismo, la implementación de la Ley N°21.809 (sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas) debe enfocarse en asegurar que sus medidas se traduzcan en apoyos efectivos para las comunidades educativas, siendo clave monitorear su implementación y evaluar sus efectos en el bienestar de estudiantes, docentes y equipos directivos", sostuvo.
