Una oleada de reacciones de parlamentarios generó la decisión de Estados Unidos de aplicar una sobretasa de 12,5% a una parte importante de las exportaciones de Chile, medida que reemplaza el arancel del 10%.
Se trata de gravámenes que surgieron tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial (USTR) de ese país, liderada por Jamieson Greer, sobre el presunto incumplimiento a la hora de prevenir importaciones de productos elaborados supuestamente bajo trabajo forzoso.
Y si bien una comitiva chilena liderada por Cancillería e integrada por diversos sectores exportadores chilenos participaron de las audiencias en Washington y ante la USTR, justamente para intentar evitar que EE.UU. aumentara los aranceles, hubo
dos ONG chilenas que también participaron y justamente aquellas acusaron la existencia de trabajo forzoso en Chile, especialmente, según aseguraron, en la salmonicultura y en el sector agrícola.
Se trata de la Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas, liderada por Carolina Rudnick Vizcarra, y de Ecoceanos, liderada por Juan Carlos Cárdenas Núñez.
Sobre este tema, el Gobierno salió a defender, a través de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, que "Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco robusto y un firme compromiso con la prevención del trabajo forzoso y su erradicación", según dijo a Tele13 Radio.
Consultados por Emol, parlamentarios de la comisión de Pesca también abordaron el tema; algunos dijeron desconocer la existencia de las ONG que hicieron las acusaciones, pero todos coincidieron en que no existen antecedentes de trabajo forzoso y que se trata de dichos sin fudamento.
"Que digan quiénes los financian"
Desde el oficialismo, el diputado Diego Vergara (Republicanos), dijo no conocer a las ONG que hicieron las denuncias, pero efantizó que "conozco muy bien el mundo agrícola y acuícola, por lo tanto tengo antecedentes claros de que esta denuncia no tiene mucho fundamento".
"El mundo agrícola está cada día más normado, no puede haber nada relacionado con el trabajo forzoso, debido a que el mundo de la exportación de fruta requiere de toda la formalidad para poder hacer el trabajo, contratos, imposiciones, respeto a los horarios, pagos de las horas extra; y en el mundo acúicola, más restringido aún en el sentido de que no cualquier empresa puede generar el desarrollo de la salmonicutltura, etc., deja claridad que todo es muy normado", remarcó.
Asimismo, el diputado Mauro González (RN) indicó que "la imposición de este arancel del 12,5% es una noticia muy preocupante que pone en riesgo miles de empleos en las regiones del sur, especialmente en en un sector tan vital como la salmonicultura".
"Creemos que la vía correcta no es debilitar nuestra imagen en el exterior, sino fortalecer la fiscalización interna y perfeccionar nuestra legislación laboral donde sea necesario. El diálogo internacional debe fundarse en datos técnicos y objetivos. Le pedimos al Gobierno liderar una mesa de trabajo urgente con los gremios y las organizaciones para aclarar la solidez de nuestras instituciones, proteger los puestos de trabajo de nuestra gente y destrabar cuanto antes este conflicto comercial con Estados Unidos", agregó.
"Creo que ambas ONGs tienen que aclarar esta situación y, sobre todo, decir y transparentar cómo obtienen los recursos y para qué son utilizados".
Diputado Alejandro Bernales (Liberal)
Por su parte, los parlamentarios UDI,
Natalia Romero, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu cuestionaron a las dos organizaciones en cuestión, y anunciaron que
oficiarán a las distintas reparticiones del Estado para conocer si, eventualmente, ambas ONG reciben financiamiento público, asegurando que "resultaría incomprensible que estas dos organizaciones estén utilizando recursos que pertenecen a todos los chilenos para desacreditar la imagen internacional de nuestro país, atentar contra sus intereses y poner en entredicho dos importantes actividades productivas".
Además, los parlamentarios emplazaron a las dos ONG a entregar toda la información ante la Fiscalía, manifestando que "si realmente cuentan con antecedentes sobre la existencia de trabajo forzoso en nuestro país, su obligación es acudir a las autoridades competentes y no hacerlo en el extranjero", advirtiendo que "si no tienen las pruebas que respalden estas graves acusaciones, entonces estaríamos frente a una operación absolutamente irresponsable, motivada sólo por razones ideológicas y cuyo único objetivo ha sido dañar la imagen internacional de Chile".
Desde la oposición, el diputado Alejandro Bernales (P. Liberal), presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, comentó que nunca ha recibido denuncias relacionadas con el presunto "trabajo forzoso" y emplazó a las ONG a dar explicaciones sobre sus afirmaciones y a transparentar quiénes los financian.
"Llevo años trabajando, fiscalizando, reuniéndome con gremios de trabajadores de la industria acuícola, incluso he presentado algunos proyectos de ley. Sin embargo, nunca he visto lo que aquí se está relatando respecto a trabajo forzoso en la industria salmonicultora. Creo que ambas ONGs tienen que aclarar esta situación y, sobre todo, decir y transparentar cómo obtienen los recursos y para qué son utilizados", sostuvo.
En ese sentido, cuestionó "el daño" que se está provocando a una industria "que entrega crecimiento a nuestra región, entrega más de 70.000 empleos directos e indirectos a través de las pymes". Esto, dijo, "está siendo afectado por un grupo de personas, por un puñado de personas que tiene intereses que están completamente desajustados con lo que buscamos como región. Exigimos las explicaciones y que digan quiénes los financian".
Desde la DC, el senador Iván Flores, integrante de la comisión de Pesca del Senado, planteó que "no conozco ni tengo antecedentes de estas dos fundaciones, pero me parece importante que, si tienen algo que decir o acusar respecto de la condición laboral en Chile, lo hagan con antecedentes muy fundados y, de paso, hagan las denuncias a las instituciones que corresponde, que es la inspección del trabajo, el ministerio del Trabajo o los tribunales".
"El trabajo forzado no es una cuestión que hoy día esté permitida en Chile; al revés, hemos disminuido la cantidad de horas obligatorias, se han regulado las horas extras y una serie de otras materias dentro de lo que significa el trato que el Estado de Chile debe tener con sus trabajadores. Hay cuestiones que todavía siguen siendo parte del debate, pero el trabajo forzoso o forzado no está hoy día permitido, ni mucho menos en Chile", subrayó.
Con todo, el parlamentario subrayó que "me llama la atención de que estas dos organizaciones hayan hecho (esas acusaciones) en espacios que escapan al territorio nacional. ¿Por qué no lo hicieron en Chile?, ¿Por qué no elevaron la voz aquí, en nuestro país, antes de enredar a la economía nacional exportadora en tribunales o en instancias que son ajenas a nuestro interés nacional? Cualquier abuso laboral por supuesto que hay que denunciarlo, pero partamos con la denuncia y de frente, no a escondidas, o en otros tribunales que no correspondan".
En esa línea, la diputada Nathalie Castillo (PC) señaló en conversación con Emol que "es legítimo preguntarse por la responsabilidad que tienen organizaciones chilenas cuando recurren a instancias de un gobierno extranjero con denuncias que pueden terminar siendo utilizadas como fundamento para imponer sanciones comerciales a nuestro país".
"Defender los derechos laborales es una obligación y jamás puede relativizarse, pero tampoco podemos validar el intervencionismo ni el tutelaje de una potencia extranjera. Las diferencias entre Estados deben resolverse mediante el derecho internacional, los canales diplomáticos y los acuerdos comerciales vigentes, no mediante decisiones unilaterales que finalmente terminan pagando nuestros sectores productivos y sus trabajadores", zanjó.
Desde el Partido de la Gente (PDG), el diputado Fabián Ossandón -que también integra la comisión de Pesca-, expuso que "el arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos es una mala noticia para la economía chilena, para nuestras regiones y para miles de trabajadores".
Pero también, consideró que "es necesario esclarecer todos los antecedentes que rodearon esta decisión. Si organizaciones de la sociedad civil, fundaciones o cualquier otra entidad chilena entregaron información o expusieron antecedentes ante autoridades de Estados Unidos, sería importante que esa misma información sea puesta a disposición del Congreso (...). No se trata de prejuzgar a nadie, sino de que toda la información esté sobre la mesa para que el país pueda formarse una opinión con todos los antecedentes".
Por último, desde el Partido Nacional Libertario (PNL), la congresista Paulina Muñoz comentó que le parece "realmente vergonzoso e impresentable que estas dos ONG hayan ido a mentir descaradamente a Estados Unidos acerca de nuestro país. Primero diciendo una mentira gigante, que aquí hay trabajo forzoso, que hay explotación. De las dos actividades más importantes que tiene nuestro país, que es la agricultura y la salmonicultura, nuestra legislación laboral es bastante sólida y robusta para que vayan a mentir descaradamente a Estados Unidos, y hoy el pato y el precio lo pagamos como país".
"Hace un tiempo presenté un proyecto de ley que le pedí al Ejecutivo que le diera urgencia, que está justamente relacionado con obligar a estas ONG a que transparenten los recursos que reciben del extranjero. Sabemos y tenemos antecedentes de que se utilizan mediante grandes pagos desde el extranjero para obstaculizar proyectos importantes para el desarrollo de nuestro país. Esto ya es suficiente, no puede seguir ocurriendo, y espero que el Ejecutivo escuche la importancia que tiene este proyecto, porque ya esto no da para más", cerró.
