La investigación penal que enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto quedó momentáneamente detenida luego de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera suspender el procedimiento mientras analiza un requerimiento presentado por la defensa del parlamentario.
La decisión fue adoptada por la Primera Sala del TC el jueves 23 de julio, luego de acoger la solicitud de suspensión formulada por los abogados del legislador, quienes recurrieron al organismo alegando que una norma del Código Procesal Penal resulta inconstitucional al ser aplicada en esta causa.
Con ello, el proceso penal permanecerá paralizado hasta que el Tribunal Constitucional determine si declara admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, paso previo para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
La acción presentada por la defensa busca impedir la aplicación de una disposición legal que restringe la reapertura de diligencias investigativas únicamente a aquellas que fueron solicitadas dentro del plazo de investigación fijado por la ley. Según el equipo jurídico del senador, esa limitación afecta su derecho a una defensa efectiva.
Tras conocerse la resolución, el abogado César Ramos valoró la decisión del tribunal, señalando que "estamos muy conformes con la resolución dictada el día de hoy, que suspendió el procedimiento penal seguido en contra del senador Calisto".
El defensor explicó que la medida era especialmente relevante debido a que para el próximo lunes 27 de julio estaba fijada una audiencia en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, instancia en la que precisamente debía discutirse la reapertura de la investigación.
"Si no se suspendía el procedimiento, nuestro requerimiento perdía total eficacia porque ya habría sido aplicada la disposición legal que estamos pidiendo que no se aplique por tener efectos inconstitucionales", sostuvo.
En esa línea, agregó que "lo que ha hecho es darle primero una resolución a la contienda constitucional, resolver si nuestro requerimiento es admisible o no y, para que este no pierda eficacia, suspender el procedimiento penal hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si el requerimiento es o no admisible".
Por su parte, desde la Fiscalía Regional de Aysén confirmaron que, a raíz de la resolución del TC, quedó sin efecto la audiencia que estaba programada para el lunes 27 de julio en el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
En esa diligencia debía revisarse la procedencia de dos actuaciones solicitadas por la defensa del senador, las que habían sido autorizadas por el Ministerio Público pese a que, según sostiene la propia Fiscalía, fueron requeridas una vez vencido el plazo legal de la investigación.
