La votación del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado no solo estuvo marcada por las discusiones en la Sala.
Detrás de la principal reforma económica del Gobierno hubo semanas de conversaciones reservadas, mesas políticas, negociaciones cruzadas y un intenso despliegue legislativo que involucró al Ministerio de Hacienda, de Interior, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), parlamentarios oficialistas y de oposición.
Desde un comienzo, en La Moneda existía la convicción de que el Senado sería el tramo más complejo de la tramitación.
A diferencia de la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo consiguió una amplia mayoría para aprobar la idea de legislar, en la Cámara Alta cualquier desmarque podía comprometer el avance del proyecto.
Fue así como el Gobierno comenzó a construir una estrategia que, con el correr de las semanas, terminó cambiando de protagonistas.
La mesa política y el giro hacia el PPD
La primera etapa de la negociación estuvo encabezada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Mientras el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, permanecía fuera por problemas médicos durante la aprobación en general del proyecto, Hacienda asumió el liderazgo de las conversaciones y, con la colaboración de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), impulsó una mesa política integrada por parlamentarios de distintos sectores para construir un acuerdo amplio en torno a la reforma.
La intención inicial era acercar posiciones entre el Gobierno y la oposición respecto de las principales normas tributarias del proyecto, especialmente el régimen de invariabilidad para grandes inversiones. Sin embargo, ese diseño duró poco.
Tras las dos primeras reuniones comenzaron a surgir diferencias al interior de algunos sectores de la oposición, particularmente en el Partido Socialista, lo que terminó debilitando la posibilidad de alcanzar un entendimiento transversal.
Ante ese escenario, Quiroz y Núñez optaron por modificar la estrategia. En lugar de insistir en una negociación amplia, concentraron los esfuerzos en los senadores del PPD Ricardo Celis, Pedro Araya y Loreto Carvajal, quienes pasaron a transformarse en los principales interlocutores del Ejecutivo para destrabar algunos aspectos de la megarreforma y construir una mayoría más amplia en la Cámara Alta.
Las conversaciones terminaron enfocándose en la invariabilidad tributaria. Los parlamentarios propusieron reemplazar la fórmula original impulsada por Hacienda por un sistema con plazos diferenciados de 10, 15 y 20 años, según el monto de la inversión, además de incorporar una sobretasa de 1,5% para las empresas que optaran por acogerse a ese beneficio.
La propuesta fue acogida por el Ejecutivo y terminó convirtiéndose en la base del principal acuerdo político alcanzado durante la tramitación del proyecto en el Senado.
De hecho, el propio Quiroz aseguró públicamente que ese entendimiento permitiría aprobar la reforma "con más votos que los del oficialismo", convencido de que el proyecto había logrado ampliar su base de apoyo y destrabar uno de los capítulos más sensibles de la iniciativa.
El acuerdo que terminó rompiéndose
Pero ese escenario cambió abruptamente cuando el Ejecutivo ingresó las indicaciones para la discusión en particular en la Comisión de Hacienda. Junto con la fórmula negociada apareció una rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde 23% a 22% para las empresas que no ingresaran al régimen de invariabilidad tributaria, disposición que, según los senadores del PPD, nunca había sido parte de las conversaciones sostenidas durante las semanas previas.
La reacción fue inmediata. Pedro Araya sostuvo que todas las reuniones se habían desarrollado considerando una tasa corporativa de 23%, mientras Ricardo Celis y Loreto Carvajal acusaron al Ejecutivo de modificar unilateralmente las bases del acuerdo alcanzado.
Lo que hasta ese momento era presentado por La Moneda como uno de los principales logros políticos de la tramitación terminó convirtiéndose en el mayor flanco de la reforma y puso en riesgo los votos que el Gobierno había trabajado durante días para conseguir.
Para entonces, José García Ruminot ya se había reincorporado a sus funciones en la Segpres. Sin embargo, quien asumió personalmente la tarea de recomponer el acuerdo con el PPD fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que intervino directamente tras la controversia generada por la rebaja del impuesto corporativo.
Tras un receso de la Comisión de Hacienda, Alvarado solicitó a Quiroz retirar la indicación. Horas más tarde, Hacienda repuso el texto originalmente acordado con el PPD y mantuvo la tasa de Primera Categoría en 23%.
Fue el propio ministro del Interior quien salió posteriormente a explicar el episodio. "Quiroz jamás actuó de mala fe. Él entendió que esa indicación era parte de la conversación y no había sido así. Como no fue así, se reconoce y se retira la indicación", sostuvo.
Pese al gesto, el conflicto dejó heridas. Ricardo Celis afirmó que el Gobierno debía pedir disculpas antes de retomar las conversaciones; Loreto Carvajal confirmó que mantendría su rechazo a la norma de invariabilidad tributaria; mientras Pedro Araya comenzó a plantear nuevas condiciones para respaldar la iniciativa, entre ellas abrir una discusión sobre el impuesto específico a los combustibles, alternativa que posteriormente fue descartada por el Ejecutivo.
Las gestiones continuaron durante los días siguientes y el Gobierno terminó acogiendo íntegramente la propuesta, sin embargo no contó con la amplia mayoría que buscaba el Ejecutivo. La Sala del Senado ratificó esa fórmula con 26 votos a favor, 23 en contra y la abstención de Pedro Araya.
El tercer trámite y la comisión mixta
Mientras Claudio Alvarado concentraba sus esfuerzos en recomponer el acuerdo con el PPD en el Senado, en La Moneda comenzó a instalarse otra preocupación: el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde el Partido de la Gente volvería a transformarse en un actor clave para evitar que el proyecto terminara en una comisión mixta.
La tarea quedó principalmente en manos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien buscó asegurar el respaldo del PDG para enmendar el costo político que había significado el quiebre con el PPD. En el Ejecutivo reconocían que el escenario en la Cámara sería mucho más estrecho y que la relación que el secretario de Estado mantenía con el fundador del partido, Franco Parisi, podía transformarse en un activo para destrabar las conversaciones.
En ese contexto se produjo también una reunión entre el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, y la diputada Zandra Parisi, quien llegó al Senado por instrucción del fundador del partido.
Allí, la conversación estuvo centrada en el proyecto comprometido por el Ejecutivo para establecer la devolución del IVA en pañales y medicamentos, una de las principales demandas del PDG. Sin embargo, la cita fue vista más como un gesto institucional en medio de las conversaciones que ya encabezaba Hacienda.
El trabajo político desarrollado durante semanas parecía encaminado a cerrar definitivamente la tramitación en el Senado. Sin embargo, el mayor revés llegó cuando el Ejecutivo buscaba despachar el único artículo que había integrado la mixta: la compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.
La instancia aprobó rápidamente la propuesta y la Cámara de Diputados la ratificó durante la misma jornada. Pero al llegar al Senado el escenario cambió. Las críticas formuladas por el senador Gustavo Sanhueza (UDI) y la ausencia de algunos parlamentarios dejaron al Gobierno sin los 26 votos necesarios para aprobar el informe.
Para evitar una derrota que hubiera impedido volver a presentar la misma fórmula durante un año, el Ejecutivo retiró la urgencia del proyecto y respaldó la solicitud del senador Javier Macaya (UDI) de abrir una segunda discusión. La votación quedó postergada para después de la semana regional, dando al Gobierno nuevos días para intentar recomponer las mayorías.
Ahora, el Ejecutivo deberá enfrentar el último trámite de la megareforma en medio de las críticas por la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que se diera a conocer que un segundo examen de drogas arrojó un resultado positivo.
La subsecretaria que articula el trabajo legislativo
Aunque las principales negociaciones fueron encabezadas por Quiroz y, en el momento más crítico, por Claudio Alvarado, en el Congreso hubo otra figura que mantuvo un trabajo permanente durante toda la tramitación: la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
La cientista política de Renovación Nacional conoce la Secretaría General de la Presidencia desde hace más de una década. Ingresó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera como practicante de la División de Relaciones Políticas e Institucionales (Direpol), luego fue asesora legislativa de la bancada de RN, coordinadora de esa división, jefa de gabinete del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, y se convirtió en la primera mujer en dirigir la Direpol.
Tras el triunfo de José Antonio Kast fue incorporada por Claudio Alvarado al equipo de transición y posteriormente asumió como subsecretaria de la Segpres, con el objetivo de complementar el trabajo político de José García Ruminot y fortalecer el despliegue legislativo del Ejecutivo.
Fuentes parlamentarias sostienen que Castillo ha ejercido un rol ordenador de la agenda legislativa desde el inicio de la administración y asumió la cartera de la Segpres la semana en la que García Ruminot se encontraba fuera.
Además, todos los lunes coordina reuniones con los jefes de bancada del oficialismo y, en paralelo, mantiene un intenso trabajo con parlamentarios mediante reuniones bilaterales, almuerzos, conversaciones reservadas y gestiones en los pasillos del Congreso.
Durante la tramitación del proyecto fue una de las principales articuladoras del acuerdo alcanzado con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados -junto al exsubsecretario Rodríguez- y, posteriormente, concentró parte de sus esfuerzos en contener las diferencias surgidas al interior de Renovación Nacional.
En la Segpres la describen como el puente permanente entre el Ejecutivo y el Congreso, manteniendo la coordinación cotidiana con diputados y senadores y el seguimiento diario de la agenda legislativa.
Por otro lado, en abril, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, junto a los ministros del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y de Educación, María Paz Arzola (Ind.), le encomendaron asegurar los 10 votos de la bancada DC para la tramitación del proyecto Escuelas Protegidas. Castillo logró alinear el respaldo falangista luego de que el Ejecutivo se comprometiera a ingresar en el Senado una indicación que acotara el alcance de la iniciativa, limitando los delitos a aquellos cometidos al interior de los establecimientos educacionales o en sus inmediaciones.
Cuando el proyecto regresó a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, la subsecretaria consiguió mantener el apoyo de la bancada democratacristiana. Durante toda la negociación sostuvo un contacto permanente con el presidente de la DC, Álvaro Ortiz; el jefe de bancada, Jorge Díaz; y el vicepresidente de la Cámara, Felipe Camaño. A ello se sumaron conversaciones con los diputados Jaime Mulet y René Alinco, integrantes del mismo comité.
En paralelo, también se le atribuye haber contenido la molestia de parlamentarios del Partido Republicano por las modificaciones incorporadas durante la tramitación, las que, a juicio de ese sector, terminaron moderando el contenido original del proyecto.
