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Santiago: Lunes 27 de julio del 2026 | Actualizado 14:19
Carlos Peña, rector de la UDP; y Arturo Squella, senador y presidente de Republicanos.
Emol.Peña agrega a su reflexión que no es un problema que exista una capilla en La Moneda, sino que esta se use -en este caso, convocada por una autoridad-, para practicar un culto específico. "No es, pues, la religión el problema, sino la igualdad entre todas que el Estado debe homenajear", acota.
En la columa, el rector profundiza que "toda la dignidad de las religiones (al menos de las que son religiones soteriológicas, es decir, religiones de salvación, como la católica) radica en que ni se atan al Estado, ni solicitan su auxilio, sino que son autónomas frente a él. Y la razón es bastante obvia: para un creyente de veras, el Estado, fuere cual fuere su orientación política, es insignificante frente al futuro que se acerca y en el que el creyente confía".
"Desgraciadamente, hoy suelen confundirse las cosas y hay quienes piensan que ser reverente o suscribir determinadas convicciones acerca de la condición humana, es lo mismo que enarbolar un puñado de principios o consignas o vocerarlas en medio de lo que suele llamarse 'batalla cultural' (incluso el cardenal se ha deslizado, en ocasiones, especialmente con su empleo de las redes, hacia ese malentendido). Olvidan así que una cosa es permear la cultura mediante la fe o reivindicando los vínculos entre fe y razón, y otra muy distinta imponer o divulgar con entusiasmo en los medios con auxilio del Estado, determinadas creencias o formas de vida", sostiene.
Con todo, Peña enfatiza en que la invitación de la ministra de Desarrollo Social a una misa (aunque sea para pedir por las familias de Chile) "no puede justificarse como parte del quehacer del Estado y más bien lo transgrede".
Este lunes, el senador y presidente de Republicanos, Arturo Squella, respondió a la columna de Peña en El Mercurio, donde parte mencionando que existe un error fático en que haya sido la ministra la que organiza y convoca la ceremonia, "si no los funcionarios y ella simplemente acepta la invitación".
De todos modos, sostiene que el tema de fondo es "que el argumento descansa en una confusión conceptual que vale la pena aclarar".
Agrega que "la Constitución Política no se limita únicamente a tolerar la religión, sino que además garantiza a todas las personas 'la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos'. Una autoridad pública no pierde ese derecho fundamental por ejercer un cargo; exigirle silencio religioso como condición del cargo sería, paradójicamente, una forma de discriminación por creencia y en ese caso el problema lo tendríamos frente a otra importante garantía consagrada en el mismo catálogo constitucional".
"Existe una distinción doctrinaria relevante entre la laicidad de neutralidad —adoptada por Chile y por la mayoría de las democracias occidentales, incluidas aquellas con capellanías en hospitales, cárceles, hospitales militares y sedes de gobierno— y el laicismo excluyente de tipo francés, que si busca proscribir toda expresión religiosa del espacio estatal. Nuestro ordenamiento, desde 1925, optó por la primera fórmula: puso fin a la religión oficial, pero no erradicó la presencia religiosa de la vida pública", subraya.
Squella resume que "el Estado laico no es un Estado sin alma ni sin memoria de lo que sus ciudadanos creen y sienten. Es un Estado que no impone una fe, pero que tampoco tiene por qué negarla cuando esta se expresa, libre y respetuosamente, incluso desde sus propias dependencias".
