Las distintas opiniones al interior del Gobierno comenzaron a evidenciarse luego de que Estados Unidos resolviera aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas, en el marco de una investigación por presunto uso de trabajo forzoso en las cadenas de suministro.
Mientras el ministro de Defensa, Fernando Barros, calificó la decisión como "injusta", "decepcionante" y llegó a poner en duda la cercanía de la relación bilateral con Washington, el canciller Francisco Pérez Mackenna optó por una postura más institucional, insistiendo en que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países "está plenamente vigente" y que las conversaciones diplomáticas continúan para intentar excluir a Chile de la medida.
Las opiniones también contrastan con las expresadas hace algunos días por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien cuestionó la decisión estadounidense, aunque evitó profundizar el conflicto y recalcó que las gestiones para revertir la sobretasa corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.
En entrevista con Radio Infinita, Barros sostuvo que hoy existen "dos mundos" en la relación con Estados Unidos. Por una parte, destacó el vínculo que mantienen ambos países en materia de defensa, valorando el reconocimiento que, a su juicio, existe hacia Chile y sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, contrapuso esa relación con la decisión comercial adoptada por Washington.
"Hay dos mundos que uno ve en estos días con Estados Unidos, un mundo político que hemos tenido noticias bastante lamentables, y otro que es el mundo militar. (...) Es algo injusto y es algo que nos deja bastante confuso, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos", afirmó.
El ministro sostuvo que resulta difícil comprender que Chile haya sido incluido en una investigación vinculada al trabajo forzoso, considerando los estándares laborales del país. "Aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso (...) parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación", señaló.
Asimismo, aseguró que Chile "tiene uno de los estándares en materia laboral más altos del mundo", cumple con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e, incluso, afirmó que esos estándares estarían "por sobre el estándar americano". Por ello, calificó como "muy duro" que se cuestione la legislación chilena en materia de derechos laborales.
Incluso, al ser consultado sobre si el argumento del trabajo forzoso constituye una excusa para elevar los aranceles, respondió afirmativamente. "Sí", sostuvo, agregando que "está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada". A su juicio, "no se entiende, es desconcertante para la relación que tenemos con Estados Unidos esta medida" y reconoció que este tipo de decisiones "empieza a dudar uno de cuál es la verdadera cercanía que existe en esta relación".
Desde Cancillería, en cambio, el ministro Francisco Pérez Mackenna puso el acento en la estrategia diplomática y comercial del Gobierno. Tras reunirse con representantes del sector exportador, sostuvo que "nosotros pensamos que el Tratado de Libre Comercio está plenamente vigente" y afirmó que Chile defenderá esa posición "con toda la fuerza que sea necesaria".
El canciller explicó que la investigación estadounidense "tiene que ver con una cosa que está al margen del Tratado de Libre Comercio" y aseguró que el principal objetivo del Ejecutivo es lograr que Chile quede excluido de la medida.
"Las conversaciones prosiguen y esperamos que lleguen a buen término", afirmó, insistiendo además en que la política exterior chilena debe entenderse dentro de una estrategia comercial global.
"Estados Unidos es una parte" de esa política, sostuvo, recordando que Chile mantiene tratados de libre comercio con el 90% del PIB mundial. En ese contexto, agregó que el país también debe continuar ampliando mercados para sus exportaciones y concluyó que "las cosas no son negras o blancas, las cosas son como son y estamos trabajando para que sean aún mejores".
En esa línea, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, señaló que "esa es una medida que Estados Unidos ha aplicado prácticamente a más del 90% de sus importaciones, que en este caso nos afecta como país, pero también el Canciller ha sido claro a que sigue conversando, sigue negociando para colocar más argumentos sobre la mesa y ojalá esta decisión se pueda revertir".
Las declaraciones se suman a las realizadas hace algunos días por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también manifestó su desacuerdo con la decisión estadounidense, aunque con un tono más moderado.
"Obviamente esto no es positivo", señaló el secretario de Estado, agregando que "Chile favorece el libre comercio, el multilateralismo, tener comercio con todos los países. Estados Unidos hace tiempo que va en un rumbo un poco distinto y esperamos que esta situación se vaya resolviendo".
Finalmente, Quiroz evitó profundizar la controversia y subrayó que las gestiones para intentar revertir la aplicación de la sobretasa estaban siendo encabezadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mirada de los expertos
Esto, en los ojos de Mauricio Morales, analista político de la Universidad de Talca, indica que "el gobierno debe explicar muy bien la situación, especialmente al mundo empresarial que se vería afectado por esta medida. La megarreforma, precisamente, va en línea de beneficiar a ese sector de la economía, pero este objetivo colisiona con una política exterior que no ha podido, al menos hasta ahora, negociar existosamente con el gobierno de Trump los asuntos arancelarios".
"Si bien, como dice el canciller, hay un TLC vigente, el ministro Barros expresó un genuino reclamo que refleja el malestar de los empresarios. En consecuencia, el gobierno deberá poner en marcha toda su artillería diplomática para mejorar las condiciones arancelarias, y en eso el canciller, un hombre que proviene del sector empresarial, deberá demostrar resultados", agregó.
Por otro lado, Marco Moreno, decano de economía, gobierno y comunicaciones de la Universidad Central, asegura que "más que una contradicción de fondo, lo que vemos son dos lógicas de comunicación política. El ministro Barros habla para la audiencia interna cuando califica la medida como ‘injusta’, interpretando la preocupación de quienes se verán afectados por los aranceles".
"El canciller, en cambio, habla para la audiencia externa y procura no escalar un conflicto diplomático, reafirmando que el Tratado de Libre Comercio sigue plenamente vigente. El desafío es que esas dos narrativas aparezcan coordinadas, porque en política exterior la coherencia comunicacional también es una señal de fortaleza del Estado", zanjó.
También, Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, señaló que "Los hechos (dichos) reflejan la existencia todavía de grados de descoordinación al interior del gabinete y los roles que desempeñan cada ministro o ministra en sus áreas de trabajo En materia internacional quien guía la política exterior es el Presidente y el ministerio de Relaciones Exteriores".
